Privados de libertad retenidos por causas injustas podrían quedar en libertad, anuncia jerarca militar

Tegucigalpa, Honduras. – Abogados del Instituto Nacional Penitenciario (INP) comenzarán a revisar los expedientes de los privados de libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara con el objetivo de poner en libertad a aquellos que están tras las rejas por causas injustas, según la información proporcionada por el coronel Ramiro Fernando Muñoz, quien está a cargo de la intervención se todos los centros penales se la mano de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

“Esto servirá para que sólo del Centro Penal de Támara queden libres unos 600 privados de libertad que están detenidos por causas injustas. Esto no es por hacerles un favor, es porque es nuestra obligación. Todos los expedientes de este centro penal serán revisados por los abogados del Instituto Nacional Penitenciario, y aquellos que cumplan con los requisitos saldrán en libertad”, explicó el coronel Muñoz en medios de comunicación.

Muñoz, encargado de la intervención penitenciaria desde mediados de 2023, después de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), explicó que este será un proceso gradual que podría tardar varios meses y que, dependiendo de los resultados, se aplicará en otras penitenciarías y granjas penales. Sin embargo, no se implementará en las cárceles de máxima seguridad, ya que allí se encuentran privados de libertad sentenciados por delitos relacionados con el crimen organizado, la criminalidad y el narcotráfico.

“Este proceso servirá de ejemplo para muchos países. ¿Por qué vamos a retener a reclusos que debieron salir hace mucho tiempo, pero no lo han hecho debido a procesos engorrosos y estancados? Esto comienza ahora en Támara, pero después se implementará en otros centros y granjas penales. La intervención no fue solo para acabar con las reyertas, sino para poner control en todo el sistema penitenciario”, enfatizó el uniformado.

Además, esta medida busca abordar el tema de la sobrepoblación en los centros penales. De hecho, el centro ubicado en Támara, al norte del Distrito Central, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña, es uno de los que alberga a reclusos en condiciones precarias de salud, quienes llevan varios años tras las rejas sin haber recibido una sentencia firme, entre otros casos. Sin embargo, Muñoz dejó claro que la medida será aplicada con rigurosidad para no beneficiar a un recluso que haya cometido una serie de delitos.

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EXPEDIENTES SERÁN CONOCIDOS Y APROBADOS POR EL PODER JUDICIAL

La organización y selección de expedientes serán realizadas por jerarcas militares. Posteriormente, los abogados del INP harán un filtro, y finalmente los expedientes serán entregados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el poder del Estado que tendrá la última palabra en aprobar o no cada caso seleccionado por la institución castrense.

“Primero, debemos estar claros en que esto no se trata de un indulto, porque eso solo puede ser otorgado por el Poder Ejecutivo. Lo que ocurrirá es que el Poder Judicial revisará estos expedientes y determinará qué privados de libertad, de acuerdo con la ley, deberían estar en libertad, para garantizar que se está cumpliendo con la legalidad. Esto debió hacerse hace muchos años, porque hay privados de libertad que no deberían estar tras las rejas”, explicó en pláticas con Criterio.hn el abogado penalista Salomón Amador.

Aunque todo este proceso puede ser beneficioso para mitigar la sobrepoblación penitenciaria, el abogado Amador explicó que podría desencadenarse un conflicto que agudizaría y pondría al descubierto una severa crisis en el sistema penitenciario y en el Poder Judicial de Honduras.

“No es algo nuevo saber que el crimen organizado ya ha penetrado varias instituciones, e incluso podría estar influenciando al Poder Judicial. ¿Qué podría suceder como resultado de esta medida? La criminalidad organizada podría infiltrarse en los juzgados de ejecución y en los jueces de ejecución, afectando todo el sistema judicial para asegurar que sus miembros sean beneficiados”, explicó.

Agregó que para poner en marcha esta medida se debe elaborar un reglamento en el que se especifique detalladamente el mecanismo por el cual ciertos reclusos podrían acceder a su libertad. “No se puede liberar a una persona condenada, ni a aquellos que han cometido delitos relacionados con la criminalidad organizada o la corrupción. Claramente debe haber una evaluación que determine si la persona está lista para su reinserción en la sociedad”.

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PODRÍA SER UN PROCESO CON TARDÍO , PERO ES NECESARIO

Para Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, este proceso podría enfrentar muchos contras, pero es necesario ponerlo en marcha porque hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado, desde hace muchos años, al Estado hondureño garantizar procesos legales justos a los privados de libertad.

“Eso ha sido una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es positivo saber que se iniciará, ya que recordemos que el 49% de la población penitenciaria está ahí sin haber sido condenada. Además, hay personas que enfrentan ciertas condiciones de salud, edad avanzada, y podrían ser beneficiadas con cambios en medidas sustitutivas. Sin embargo, eso es algo que determinará el Poder Judicial”, mencionó Mejía en conversaciones con este medio digital.

Por lo tanto, según la explicación de Mejía, de los más de 20,000 privados de libertad que hay en Honduras, 9,800 no han sido sentenciados por diferentes motivos, siendo el principal la demora en el engranaje judicial. Algo que, para solucionarlo, pretendían aplicar juicios colectivos, similar a lo que pasa en El Salvador, algo que violentaría garantías ciudadanas para un juicios justos.

Según Mejía, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público actualmente tienen sistemas de operación débiles, lo que significa que, por falta de investigación, algunas personas quedan en libertad de manera injustificada mientras que otras son sentenciadas sin suficiente carga probatoria.

“Si en el país no hubiera una impunidad que llega al 90%, los delincuentes no asumirían que pueden delinquir porque se les castigaría. Si aquí existiera investigación y sanción, no tendríamos estos problemas. El sistema de justicia y de investigación no funcionan”, valoró.