Tegucigalpa, Honduras.- Durante la primera semana de octubre de 2024, seis personas fueron asesinadas por día. La mayoría de estos hechos se registraron en departamentos hondureños que, supuestamente, se mantienen intervenidos por la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de la fallida estrategia “Plan Solución Contra el Crimen Organizado ”.
De acuerdo con datos cotejados del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante la semana de octubre que coincidió con el Feriado Morazánico, se registraron 41 asesinatos en todo el territorio nacional, incluyendo un homicidio múltiple. Esto equivale, en cálculos simples, a un promedio de 6 muertes violentas diarias, que, en su mayoría, como es habitual, permanecen en plena impunidad.
El 80% (33) de las personas asesinadas durante la primera semana de octubre, según el Sistema Estadístico Policial en Línea, eran hombres, mientras que el resto eran mujeres.
Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aunque las autoridades sostienen que la violencia ha disminuido en Honduras, posicionando a 2024 como uno de los años menos violentos de la última década, la frecuencia con la que se registran homicidios y quedan en la impunidad sigue generando una alta percepción de inseguridad en la población.
“Entendemos que las autoridades exponen que durante este año se han registrado menos homicidios en comparación con tiempo atrás, pero la percepción de violencia y criminalidad en Honduras permanecerá entre la población hasta que, de alguna manera, las estrategias de seguridad funcionen. La reducción de homicidios es una buena señal, sin embargo, hay varios factores que provocan el mal funcionamiento de cualquier plan”, valoró Castañeda en pláticas con este medio de comunicación.
Castañeda mencionó que, mientras las autoridades no erradiquen la influencia del crimen organizado y el narcotráfico en los centros penales y algunos sectores, el ambiente de control criminal se mantendrá en el país. Aunque haya un mínimo grado de efectividad, este factor es el principal desencadenante de la violencia y criminalidad.
Nelson Castañeda opinó que, por los resultados, la estrategia en materia de seguridad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro no tiene dirección; un norte al que puedan dirigirse que indique efectividad.
“No hay, ni ha habido, una estrategia integral. La reducción de homicidios, que es positiva, no puede ser atribuida al estado de excepción como un resultado efectivo, ya que forma parte del trabajo normal de la Policía. Ese resultado se puede lograr sin medidas no institucionales. La falta de estrategia se evidencia en los centros penales y en los sectores afectados por la extorsión”, explicó el abogado.
De hecho, en relación con el tema de la extorsión mencionado por Castañeda, según información proporcionada por el Ministerio Público a Criterio.hn, entre 2022 y 2024, período en el que ha estado vigente el estado de excepción instaurado precisamente para combatir ese delito, disminuyeron los requerimientos fiscales contra perpetradores de extorsión. Este es un buen indicador de la falla en la estrategia investigativa y policial.
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ASESINATOS POR DEPARTAMENTOS
El escenario de la mayoría de estos asesinatos sigue siendo los principales departamentos de Honduras: Cortés y Francisco Morazán, que incluyen las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagüela. Paradójicamente, estas zonas se mantienen, supuestamente, bajo la intervención de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público como parte del Plan Solución Contra el Crimen, implementado en el primer trimestre de 2022 por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Estos homicidios de la primera semana de octubre no son los únicos en estas zonas, sino que, de acuerdo análisis de datos elaborados por Criterio.hn, el 60% de los asesinatos registrados en Honduras en 2024 ocurrieron en departamentos bajo intervención militar y policial, siendo Cortés y Francisco Morazán los más afectados. San Pedro Sula y Tegucigalpa, específicamente, destacan no solo por la cantidad de homicidios, sino también por la incapacidad de las autoridades para detener la violencia, a pesar de las medidas adoptadas.
En una entrevista con Kenneth Madrid, analista en seguridad, se destacó que el fracaso de las estrategias actuales, como el estado de excepción, se debe a la falta de un plan integral. Aunque se atribuyen algunos logros a las intervenciones, Madrid enfatiza que los resultados actuales no responden a la efectividad de las medidas, sino más bien a la operatividad rutinaria de las fuerzas de seguridad.
Además, Madrid cuestionó que las autoridades de los cuerpos de seguridad en sus intervenciones en los diferentes departamentos, pocas veces han rendido cuentas de los hallazgos, lo que, de alguna manera, promueve la percepción de inseguridad, impunidad y opacidad.
“Ocultar información que debería ser pública no es una buena señal. Esa es una manera de cambiar la percepción de inseguridad; la población quiere saber qué hacen las autoridades y, al no hacerlo, solo se fomenta la opacidad y, de alguna manera, se generan cuestionamientos razonables en contra de las autoridades”, opinó Kenneth Madrid.
Las intervenciones militares en Honduras han sido acompañadas por acusaciones de ilegalidades, especialmente en departamentos con altos índices de criminalidad. En algunos casos, se ha reportado uso excesivo de la fuerza por parte de militares durante operativos, vulnerando derechos humanos fundamentales, como la integridad física y el derecho a un proceso justo. Estas intervenciones también han sido criticadas por realizar detenciones arbitrarias, arrestando a personas sin pruebas suficientes o sin órdenes judiciales, lo que contribuye a la percepción de impunidad.
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Otra irregularidad frecuente es la intervención en comunidades rurales, donde los militares son acusados de realizar allanamientos ilegales sin la presencia de las autoridades judiciales correspondientes. Estas acciones, llevadas a cabo bajo el pretexto de combatir el crimen organizado o las redes de narcotráfico, generan tensiones con la población civil que se siente vulnerable ante la falta de control sobre los abusos.
Los militares han perpetrado diversos crímenes durante algunas intervenciones. Algunos ya están siendo procesados judicialmente.
Asimismo, se han señalado casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas han incurrido en violaciones del debido proceso, deteniendo y reteniendo a individuos por períodos más largos de lo permitido por la ley. Esta práctica, que debería estar bajo supervisión estricta, ha generado críticas desde organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que compromete la transparencia de las operaciones militares.
