Congresistas estadounidenses presentan resolución ante la Cámara de Representantes para brindar asistencia técnica en la investigación del asesinato de Juan López. Organizaciones internacionales y agencia de la ONU piden justicia, protección de defensores ambientales y cumplimiento del Decreto 18-2024
Tegucigalpa, Honduras. – A un año de su asesinato, las denuncias que realizó Juan Antonio López no han perdido fuerza, siguen vigentes, y con ellas se incrementa la exigencia de proceder contra los autores intelectuales del crimen, quienes continúan gozando de la impunidad.
En el marco del primer aniversario del asesinato del líder socioambiental, organizaciones nacionales, internacionales, congresistas estadounidenses y agencias de la ONU se pronunciaron pidiendo identificar y enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.
PIDEN PROCESO CONTRA AUTORES INTELECTUALES Y CUMPLIMIENTO DE DECRETO 18-2024
Desde la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, señalaron que constataron que pese a las constantes amenazas contra Juan López, el Estado no implementó medidas eficaces para salvaguardarlo. Lo que evidencia la persistente inacción frente a personas defensoras y la urgencia de enfrentar causas estructurales como la corrupción e impunidad.
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“La defensa de los derechos humanos es una actividad legitima y como tal debe ser garantizada y protegida por los Estados. Al Estado hondureño le corresponde no solamente esta obligación, sino también la de implementar el Decreto 18-2024 y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó en un video el representante de la OACNUDH en Honduras, Juan Carlos Monge.
Amnistía Internacional, en un editorial bajo la autoría de Graciela Martínez y Adeline Neau, remarcaron que “[e]l asesinato de Juan no es un incidente aislado. Es un indicativo de un patrón sistemático de violencia y negligencia institucional que debe cesar. Ante una emergencia climática global, proteger el planeta no puede costar vidas humanas”.
Juan López, junto a integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes Públicos de Tocoa y el Bufete Justicia para los Pueblos, son beneficiarios de medidas cautelares colectivas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras los asesinatos de Jairo Bonilla, y los hermanos Oquelí y Alí Domínguez, quienes formaron parte de la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro.
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Además de la solicitud de procesar judicialmente a los autores intelectuales del asesinato del defensor socioambiental, las organizaciones señalan la ausencia de implementación plena del decreto 18-2024 que restableció los límites originales del parque y prohíbe la concesión minera dentro de áreas protegidas y zonas designadas como productoras de agua.
CONGRESISTAS DE EE UU URGEN ASISTENCIA TÉCNICA EN CASO JUAN LÓPEZ
En Estados Unidos, la congresista Delia C. Ramírez, Illinois, presentó la resolución de la Cámara de Representantes 717, que propone, entre otros temas, reafirmar el establecimiento de una comisión internacional que brinde asistencia técnica en la investigación de los autores intelectuales del asesinato de Juan López.
El documento fue copatrocinado por otros cinco representantes: James P. McGovern de Massachusetts, Janice D. Schakowsky de Illinois, Jesús G. García de Illinois, Greg Casar de Texas, e Ilhan Omar de Minnesota.
La representante Ramírez también ofreció un discurso desde el Congreso de Estados Unidos en el que honró el legado de Juan López y rindió homenaje a quienes continúan el legado de López, enfrentando a poderosas empresas y funcionarios corruptos por la defensa del ambiente.
El representante por Massachusetts James P. Govern, en su condición como copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos y miembro del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, junto a las congresistas por Illinois, Janice Schakowsky y Delia C. Ramírez, dirigieron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio.
En la misiva piden alentar a las autoridades hondureñas a priorizar la investigación y juicio de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Juan López; garantizar la protección de todos los defensores, especialmente quienes gocen de medidas de protección; y la aplicación plena del Decreto 18-2024, restableciendo los limites originales del Parque Nacional Carlos Escaleras y detener la extracción minera dentro de los límites originales del área protegida.
