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Por: Leticia Salomón CRITERIO
La marcha de las antorchas, oposición indignada, movilización contra la corrupción u oposición social, como se le conoce hasta ahora, se ha convertido en todo un fenómeno social que ha puesto en apuros al sistema político, en particular al Poder Ejecutivo, en torno al fenómeno de la corrupción que salpica a todo el sistema de partidos mediante una demanda ciudadana que no terminan de comprender.
Es una movilización ciudadana porque apela al derecho de todos a reivindicar el correcto manejo de lo público ante el saqueo descarado de una institución del Estado destinada a cubrir necesidades de personas de bajos recursos; es una movilización de indignados porque recoge el hartazgo ciudadano con una práctica creciente, descarada y succionadora de los recursos estatales; es oposición social porque el cuestionamiento va dirigido fundamentalmente desde la sociedad al partido de gobierno, sustentado en que recibió dinero de la corrupción para la campaña electoral de ese entonces, y también al actual presidente de la República, cuya candidatura resultó beneficiada con tales recursos.
La primera reacción del gobierno, de su partido y de los otros, fue preguntarse quién estaba promoviendo esta movilización, con qué propósito, con qué recursos y con qué posibilidades. Al no reconocerse como promotores de la movilización, varios partidos y sus dirigentes intentaron capitalizarla y darle el colorido de sus banderas partidarias, al igual que el partido de gobierno intentó una movilización paralela, con la incorporación de activistas, empleados de gobierno y personas de escasos recursos que acudían con entusiasmo calculado a recibir la correspondiente bonificación por su participación en la protesta.
Este intento de crear una paralela a la movilización indignada se asemeja a algo que ocurrió durante el golpe de Estado cuando, desde la cúpula responsable de esa alteración del orden político, se organizaban las “marchas de las camisetas blancas” como una paralela artificial a la movilización que resistía insistentemente en las calles. La intención, al igual que el método, son similares: la construcción artificial de un respaldo social oficial versus un respaldo social contestatario, estigmatizado ideológicamente entonces, y política y éticamente ahora.
Manejo político eficiente versus manejo deficiente de la oposición
Los partidos políticos hondureños se han vuelto expertos en el montaje de movilizaciones partidarias de apoyo a uno u otro candidato en procesos electorales; inclusive, hay especialistas en organización de estas “movilizaciones multitudinarias” que cobran por la cantidad de movilizados, la distancia por recorrer, los tiempos de comida, el alquiler de autobuses, las consignas a gritar y el estímulo a entregar (gorras, camisetas, viseras, pegatinas, lápices, cuadernos, bolsas de alimentos o pago en efectivo). Aún no se conoce si se está reproduciendo aquí lo que ya es una práctica común en más de algún país vecino, en donde se rentan los autobuses llenos de gente pobre, “con niños o sin niños”, dependiendo del impacto que se quiera producir.
Como nuestros dirigentes políticos ya saben el precio de una movilización política y el costo de organizarla, lo primero que piensan de la movilización de indignados es: ¿De dónde sale el dinero para financiarla?, y la respuesta más inmediata es que viene “de algún país o personaje desestabilizador externo”. Esto les lleva a ser incrédulos ante la idea de una movilización social independiente que no esté vinculada a “intereses oscuros y desestabilizadores” del gobierno de turno.
De ahí la estrategia de este gobierno para enfrentarla, resumida en cinco aspectos centrales: a) desprestigiar a las figuras visibles y generadoras del debate: David Romero/Radio Globo y Salvador Nasrala/Partido Anti Corrupción; b) adjudicarle vínculos políticos o ideológicos con otros movimientos o países; c) organizar movilizaciones paralelas; d) implantar la respuesta oficial en las redes sociales que es de donde procede el núcleo organizador de la oposición indignada y e) montar una paralela política (SIHCIC) a la opción de los indignados para el combate a la corrupción (CICIH), apelando al sentimiento nacionalista, obsoleto en tiempos de globalización y cuestionado por su incapacidad para responder a la ausencia de voluntad política para combatir la corrupción y con ello erradicar la impunidad en el país.
“Todos los intentos de neutralizar y desmantelar la oposición social expresada en la movilización de los indignados, han resultado en fracaso para el presidente pues la movilización parece crecer en cantidad, cobertura geográfica e intensidad de las demandas centrales”. Este fracaso ha sido negativo para el presidente, acostumbrado a manipular de manera eficiente a los disidentes dentro de su partido y a los opositores políticos dentro del sistema de partidos, a quienes ha cooptado de diversas formas que van desde la negociación de los cargos de importancia estratégica (Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Fiscal General Adjunto, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Comisionado Nacional de los Derechos Humados, entre otros) hasta el estímulo monetario del que nunca se conoce el monto exacto pero que asciende a cifras muy elevadas, dependiendo de la importancia estratégica de la votación, evidenciando con ello un procedimiento irregular que lleva el nombre del fenómeno que se quiere combatir: corrupción.
