Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Eduin Natividad Romero García, se vio obligado a pagar al Estado la multa impuesta por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por negarse a entregar información sobre las finanzas del ente.
Romero García, también presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), procedió a pagar la multa de 7,909.32 lempiras, equivalente a un salario mínimo, a lo que se había negado en una audiencia con un abogado de la Procuraduría General de la República, que le advirtió que sería enjuiciado por su rebeldía ante el Estado.
«En fecha 31 de agosto del 2016 el señor Eduin Romero García, pagó en el Banco de Occidente, en la cuenta No 11-401-015180-6, a nombre de la Procuraduría General de la República, la multa correspondiente a la cantidad de siete mil novecientos nueve lempiras con treinta y dos centavos (7,909.32), cumpliendo con eso con su obligación pecuniaria con el Estado de Honduras», se indicó en una respuesta a una petición de acceso a información pública.
Romero García, en una audiencia con una procuradora judicial el 25 de julio dirigida a proceder al cobro extrajudicial de la multa, se negó a pagarla «por lo que se hizo de su conocimiento que se procedería a entablar las acciones legales pertinentes en los juzgados correspondientes», se agregó en el documento.
El IAIP sancionó al presidente del IPP por violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por negarse a atender unas 12 peticiones de información del periodista Gustavo Palencia, relevantes para conocer la situación y las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones de los periodistas.
Las actividades financieras del IPP, que opera desde 1987 y ha gestionado desde entonces más de300 millones de lempiras, nunca han sido auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ni supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aunque las leyes de estos organismos les mandan fiscalizar las operaciones administrativas y financieras del ente.
Palencia solicitó al IPP los dos últimos Estudios Actuariales del sistema, los informes de las últimas dos auditorías, las actas sobre las inversiones y el detalle de las inversiones de 1987 hasta 2015 y el acta en que la junta directiva decidió desistir de requerir las transferencias del Estado, establecidas en la ley de creación del IPP.
El IPP no suministró ni los estudios actuariales, los informes de auditoría, ni las actas sobre las inversiones, entre otras peticiones de información, como el acta en que la junta directiva aprobó la suscripción de un contrato con una administradora de pensiones, en el que se pretende que la jubilación únicamente sea financiada con las aportaciones personales de los periodistas.
El presidente del CPH al argumentar ante el IAIP sobre las peticiones de información que se ha negado a atender, en el caso de los Estudios Actuariales, aseguró que se han colocado en una página electrónica del CPH, pero no se encuentran en el sitio.
En el caso de las auditorías aseguró que «pusimos en la página del CPH la información de las últimas auditorías”, y señaló que la auditoría se hace cada cinco años, o sea que “en el próximo año, 2016, se colocarán de los últimos cinco años, incluidos 2015».
Pero en el sitio del CPH, apenas están enunciadas las auditorías pero no se ofrece ningún detalle, y es sabido que las auditorías se practican en las instituciones estatales, igual que las de previsión, y empresas todos los años y no cada cinco años como argumenta Romero García.
El IPP entre 1987 y 2013 captó unos 26 millones de lempiras de los afiliados, casi 53 millones de los empleadores, 53. 2 millones de las transferencias del Estado y unos 124.3 millones en utilidades en un sistema solidario, pero los directivos y su gerencia pretenden con la firma de contratos individuales con los periodistas, que sólo se financie con las aportaciones personales de los miembros.
Por decisión de la junta directiva del IPP, la pensión por invalidez establecida en la ley del ente como una renta vitalicia mensual, la han convertido en un seguro, por lo que se pagaría a los periodistas solamente 400.000 lempiras
Los directivos del IPP, también desde el año 2014 desistieron ilegalmente de requerir las transferencias anuales establecidas en la ley de creación del ente, lo que hasta el año 2016 generó pérdidas de 2.8 millones de lempiras a los periodistas afiliados.
Romero García era fiscal de la junta directiva del IPP en 2014, cuando decidieron desistir de requerir los fondos estatales, mientras Juan Ramón Mairena era el presidente. Con esta medida buscan evitar la supervisión y auditoría del TSC y la CNBS.
«Los directivos tratan a toda costa de ocultar la operación de las finanzas del IPP «, dijo Palencia.
Aunque Romero García pagó esta sanción por la opacidad con que se operan las finanzas del IPP, se resiste aún a entregar la información solicitada por Palencia, en el curso del año 2015, y a atender nuevas solicitudes presentadas en el 2016.
El IPP es una de las pocas instituciones cuyos directivos han sido multados por violar la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, desde su creación en el año 2006, según informes del IAIP.
«No sabemos que va pasar con nuestra jubilación, los directivos del IPP manejan los bienes y capital del IPP como si se tratara de un negocio personal y sin dar cuentas a nadie y mucho menos someterse a la auditoría de los organismos del Estado», agregó Palencia.
