Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- En el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, realizó una visita de trabajo a Nicaragua del 25 al 27 de octubre de 2018. La Comisionada Macaulay es asimismo Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. El objeto de la visita fue analizar la situación de los derechos humanos en el país, en especial de las mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres privadas de libertad y personas afrodescendientes.
En el marco de la visita, la CIDH reiteró al Estado de Nicaragua las solicitudes realizadas para facilitar reuniones entre la Presidenta y la Cancillería, la Fiscalía General, la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, Policía Nacional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como con autoridades encargadas de las políticas públicas relativas a los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes. La CIDH lamenta la falta de respuesta del Estado a dichas solicitudes.
Durante su visita, la Presidenta se reunió con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, representantes del cuerpo diplomático acreditados en Nicaragua, y representantes de la Iglesia Católica. Asimismo, la Presidenta se reunió con familiares de personas fallecidas y personas privadas de libertad en el contexto de los hechos relacionados con las protestas iniciadas el pasado 18 de abril.
La Presidenta Macaulay recibió información sobre el clima de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que reciben las personas defensoras de derechos humanos, en especial las mujeres, debido a su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las personas afrodescendientes. Entre las denuncias recibidas, las defensoras de derechos humanos alegaron ser víctimas de seguimiento y vigilancia constante en sus domicilios particulares. Además, manifestaron que los actos de hostigamiento alcanzan a su núcleo familiar ya que muchas veces habrían sido fotografiadas y seguidas por personas desconocidas cuando están en compañía de sus hijos e hijas. En su carácter de Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, la Comisionada recuerda que, en el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos, al riesgo inherente de su labor, se suma el contexto de discriminación en razón de su género. En este sentido, el Estado debe adoptar medidas de protección especializadas y adecuadas a los factores de riesgo específicos que enfrentan como defensoras.
Por otra parte, la Presidenta expresa su especial preocupación por las condiciones de detención de las mujeres privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas en Nicaragua, que caracterizarían tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y consistirían principalmente en condiciones de insalubridad, negligente atención médica, obstaculización para la realización de visitas, la aplicación de regímenes de máxima seguridad sin criterios objetivos, y violaciones a su privacidad e intimidad. Según información recibida por la Relatoría y el MESENI, las mujeres con condiciones de salud crítica no estarían recibiendo atención médica adecuada y oportuna, entre ellas, Brenda Muñoz Martínez. En el caso de las mujeres trans, estas estarían siendo privadas de libertad en el centro de detención para hombres. La Presidenta reitera la obligación del Estado de garantizar el trato digno a las personas bajo custodia de las autoridades del Estado, y a iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por todos los medios legales disponibles.
En el mismo sentido, después de concluida la visita, la CIDH tomó conocimiento de severas agresiones cometidas el 26 de octubre contra varias mujeres detenidas en la cárcel “La Esperanza” perpetradas presuntamente por agentes del Estado. Según la información recibida, la agresión habría ocurrido la noche del viernes 26 de octubre cuando, tras cortar la energía eléctrica de las instalaciones, un grupo de custodios presuntamente encapuchados ingresaron a las celdas y golpearon a un grupo de mujeres que se manifestó en rechazo al traslado de una de sus compañeras. Al menos 16 mujeres habrían resultado heridas como consecuencia de la agresión. Al respecto, la CIDH insta a las autoridades de Nicaragua a investigar estos hechos de violencia, así como a aplicar las sanciones judiciales y administrativas que correspondan. Por su parte, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua recordó al Estado que “su obligación es velar por la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad” y lamentó “que las autoridades estatales no permitieran al MESENI ingresar al penal para conocer el estado de salud de las mujeres detenidas”. En consecuencia, la CIDH reitera a Nicaragua la solicitud de permitir el acceso del MESENI a los centros de detención.
En su encuentro con integrantes de organizaciones de la Costa Atlántica de Nicaragua, la Presidenta tomó conocimiento de situaciones que afectan a grupos de personas afrodescendientes, quienes han experimentado los patrones de represión de manera específica por la protesta social de abril de 2018. Según fuera informado, en esta región del país persistirían los actos de persecución política, hostigamientos y amenazas como represalia por las manifestaciones antigubernamentales. La CIDH recuerda que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para respetar y garantizar los derechos de las personas y comunidades afrodescendientes, en especial, el derecho a vivir libre de todo tipo de violencia y discriminación. Asimismo, la CIDH observa que además de la represión a la protesta, las autoridades estatales habrían impedido ejercer el derecho de reunión cuando imposibilitaron la realización de un acto público en conmemoración por la muerte del periodista Ángel Gahona que se iba a realizar en las inmediaciones de la alcaldía de Bluefields.
La Presidenta expresó su consternación ante los testimonios recibidos de las madres de las personas fallecidas en este contexto, quienes le manifestaron que son ellas quienes impulsan las investigaciones y aportan evidencia en los procesos. Además, agregaron que el acompañamiento hecho por el MESENI ha sido fundamental. La CIDH recuerda la obligación del Estado de Nicaragua de adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.
“Como Presidenta de la Comisión, reitero que estamos abiertos a dialogar con el Gobierno de Nicaragua. Estamos dispuestos a hacerlo en cualquier momento, cuando las autoridades lo deseen”, sostuvo la Presidenta Margarette May Macaulay en la conferencia de prensa al final de su visita.
Por otra parte, preocupa a la CIDH la negativa de autorizar el ingreso al país a integrantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes iba a participar en una reunión con el MESENI, el 26 de octubre, en el marco de la visita de la Presidenta de la CIDH. La apertura al escrutinio internacional es una condición favorable para la garantía de la democracia y el Estado de derecho en la sociedad. La CIDH recuerda la recomendación en su informe sobre la visita de trabajo realizada a Nicaragua sobre mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, exhorta al Estado a facilitar la visita al país de los actores de la comunidad internacional dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente aquellos que cumplen con la importante función de asistir a las víctimas de violaciones a sus derechos.
