Presentan requerimiento fiscal contra Toño Rivera y Sara Medina por caso “Pacto de Impunidad”

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Los diputados del Partido Nacional, Antonio “Toño” Rivera Callejas y Sara Medina, han sido adheridos a la lista de imputados por el caso “pacto de impunidad”, a quienes se les atribuye los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.

Este lunes el equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal Público, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) presentaron el respectivo requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.

El requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomás Zambrano, y Román Villeda Aguilar; y busca probar que los requeridos hoy, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.

Cabe señalar que la justicia hondureño dictó recientemente sobreseimiento definitivo contra Tomás Zambrano, pero emitió auto de formal procesamiento contra Román Villeda Aguilar.

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En el requerimiento presentado se destaca lo siguiente:

1. El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
2. La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
3. Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos.
4. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento.
5. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha “fe de erratas” sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno.

Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado. La MACCIH-OEA sigue trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que estamos pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaría General de la OEA.