Tegucigalpa, Honduras.- El Parlamento Centroamericano propuso este martes 14 de mayo, a la clase política hondureña, integrantes del engranaje judicial y algunas organizaciones de sociedad civil, la Ley para la Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia.
En pocas palabras, el objetivo de esta normativa es crear un andamiaje legal en el país para que las organizaciones criminales que cometen fechorías a través de plataformas digitales, sustraen ilegalmente datos de instituciones públicas o cometen otro tipo de ilegalidades relacionadas, puedan ser procesadas judicialmente y condenadas con penas adecuadas a sus delitos, en lugar de ser tipificados como infracciones comunes.
Además, esta normativa plantea la creación de un marco técnico-legal para que las autoridades puedan capturar a cualquier individuo que, con el objetivo de enriquecerse de manera ilícita, divulgue fotografías, videos o información personal íntima de un tercero, o datos sustraídos de instituciones que vulneran la seguridad del país.
“Para que esto se materialice en el contexto hondureño, se debe tener, en primer lugar, voluntad política. Además, se deben reformar la Ley de Telecomunicaciones y el Código Penal para transformar el marco jurídico y asegurar que la persecución del delito sea eficiente y no quede en la impunidad”, explicó a Criterio.hn Rafael Donis, de la Dirección de Seguridad Democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Donis, quien representó al SICA en la presentación de esta ley junto con el Parlamento Centroamericano, detalló que esta normativa no solo está encaminada a perseguir a personas que usurpan identidades para cometer fechorías, sino que también establecerá un sistema de prevención y protección de los sistemas de seguridad y privacidad estatales, incluso para evitar el desvío de fondos públicos.
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BUSCAR PROTEGER A LA MUJER Y SANCIONES MÁS SEVERAS
La abogada Jenny Gabriela Almendares enfatiza la urgencia de reconocer la vulnerabilidad de la niñez, juventud e incluso mujeres adultas en las redes sociales. Argumenta que las sanciones penales actuales establecidos en el Código Penal son insuficientes, con penas de uno a tres años en algunos casos. Asegura que está es una propuesta que busca una reforma legal que responda a las necesidades de la sociedad actual.
Aunque se reconoce la importancia de no sobrepoblar las cárceles sin posibilidades de rehabilitación, Almendares destaca que el sistema penal es un reflejo de la política general del Estado y, por lo tanto, deben adaptarse para sancionar la violencia, especialmente contra niñas y mujeres. Aboga por romper paradigmas y cambiar la visión preconcebida sobre la violencia que se desata hasta por redes sociales.
Almendares, abogada mejor calificada por la extinta Junta Proponente e su aspiración a ser fiscal general del Ministerio Público, señala una creciente incidencia de delitos contra la propiedad a través de las redes sociales. La propuesta de ley no solo busca proteger la propiedad de las personas, sino también su identidad, que frecuentemente es suplantada. Almendares insta a denunciar y modificar los paradigmas legales existentes para adaptarse a los desafíos del mundo digital.
En resumen, para Almendares la propuesta de ley se presenta como una respuesta necesaria para abordar la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en un entorno digital en constante evolución. Su enfoque en la protección de la propiedad y la identidad destaca la importancia de adaptar las leyes a los cambios sociales y tecnológicos.
BUENO, PERO ¿SERÁ VALORADA POR EL CONGRESO NACIONAL?
El diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quien estuvo presente en la presentación de la propuesta en un concurrido hotel de la capital, aseguró que esta normativa será conocida y evaluada por la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo. En el futuro, la normativa podrá ser presentada, con o sin modificaciones, al pleno de congresistas para su respectiva aprobación.
“Reconocemos la importancia de comenzar a implementar normativas enfocadas en la prevención y protección contra la ciberdelincuencia, ya que es una práctica ilegal que ha cobrado mucho poder en la actualidad. Precisamente, no se está abordando de la manera adecuada, y gran parte de la población desconoce qué puede hacer o cómo debe actuar en caso de ser víctima. Eso también aplica a varias instituciones”, precisó el congresista en pláticas con este medio de comunicación.
Sarmiento, diputado por el departamento de Olancho, precisó que esta propuesta debe ser analizada, valorada y conocida primero por la Comisión de Seguridad, ya que podría chocar con otras reformas legales que también se pretenden llevar a cabo en temas de seguridad. “Abrazamos esta propuesta, la cual será conocida y estudiada por la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional para evitar interferencias con otras reformas”, dijo.
Aunque Sarmiento prometa darle agilidad a esta propuesta para que llegue hasta el pleno, los hechos dicen lo contrario. El Congreso Nacional mantiene estancadas reformas y aprobaciones legales en temas de seguridad solo porque, por el momento, no son de interés político. Un ejemplo de ello es que cinco de las 12 prórrogas al estado de excepción no fueron ratificadas por el Poder Legislativo dirigido por Luis Redondo.
De hecho, el Congreso Nacional también tiene pendiente la reforma del Código Penal para endurecer las penas en los delitos relacionados con la violencia y la criminalidad. Por ejemplo, la extorsión, la asociación para delinquir, el asesinato, entre otras fechorías. Esto se debe a la promesa de establecer un marco legal que esté sujeto al estado de excepción.
