Tegucigalpa. – El Bufete Estudios para la Dignidad y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), anunció un Hábeas Corpus de la Comunidad de Azacualpa exigiendo a la Secretaría de Salud y a la empresa Minosa, indicar la ubicación de los cuerpos exhumados ilegalmente del Cementerio de Azacualpa.
De igual forma, para exigir la reubicación de los cuerpos en el cementerio comunitario de San Andrés, en Azacualpa, La Unión, Copán.
En una conferencia de prensa, señalaron los motivos para presentar el Hábeas Corpus en defensa y respeto a la dignidad de los fallecidos, así como también, de la comunidad de Azacualpa.
Juan Mejía, coordinador del área de Investigaciones del MADJ y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, señaló que arrebatando el cerro donde se ubica el centenario campo santo de Azacualpa, Minosa se está apropiando de 338 millones de onzas de oro que yacían bajo esos predios, reconocidos en el universo geográfico histórico del pueblo Maya Chortí desde tiempos coloniales.
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A la destrucción material del cementerio se suma la destrucción espiritual, territorial y cultural de las comunidades de esa zona del municipio de la Unión, Copán.
Pedro Mejía, quien dirige las acciones legales con las comunidades de Azacualpa de La Unión, Copán e integra el Bufete y del área legal del MADJ, señaló que presentan un Hábeas Corpus, la cual se enmarca en la protección de la comunidad de Azacualpa.
En el 2012, la empresa minera Aura Minerals Minosa de capital canadiense y brasileño se enteró de la existencia de oro debajo del cementerio comunitario de la comunidad de Azacualpa.
Tras muchos intentos de despojar y destruir el campo santo para extraer el oro, en 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió un amparo a favor de la comunidad maya chortí de Azacualpa.
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Con el amparo, el Poder Judicial determinó que el cementerio y los restos de quienes fueron sepultados no pueden exhumarse ni destruirse bajo ninguna circunstancia.
Pese a ese dictamen, en febrero de 2022, Minosa en contubernio con la alcaldía de la Unión, Copán y la Secretaría de Salud destruyeron el cementerio y extrajeron todos los cadáveres. Desde ese momento en el cual se realizaron esas acciones destructivas en inhumanas, los familiares desconocen dónde fueron trasladados los cuerpos.
Por esa razón, el Hábeas Corpus, siendo una acción constitucional, la cual históricamente se ha entendido que se presenta para ubicar a personas privadas de libertad y objetos de tortura.
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Según el artículo 64 de la Constitución, señala que no solo se deben exigir los derechos enumerados el este documento, sino todos aquellos que propendan a la dignidad y la justicia derivadas de las convenciones de derechos humanos.
La convención de las Naciones Unidas y la convención sobre el manejo de cadáveres declarada por la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresan que los Estados están obligados de reubicar los cadáveres con el debido respeto a sus familiares.
El abogado Víctor Fernández, coordinador de los Asuntos Políticos del MADJ y coordinador de Bufete Estudios para la Dignidad, apuntó que el Hábeas Corpus también se ha utilizado en la jurisprudencia, en la doctrina para la búsqueda de personas fallecidas.
El abuso de la empresa ha sido colosal hacia la comunidad de La Unión. El abogado, también denunció que Minosa es una empresa cuyas prácticas al margen de la ley ha desarrollado una estrategia para impedir que el equipo trabaje en la zona, puesto que durante la última visita realizada solo pudo llevarse a cabo con la compañía de OACNUDH, pero fueron agredidos por un grupo de trabajadores y personas al servicio de la empresa.
“Han desatado una serie de dispositivos de reacción y cada vez que nosotros pretendemos contribuir a denunciar los atropellos a la dignidad de esta comunidad tenemos que enfrentar la adversidad, el ataque violento y directo en el territorio y, además, en redes sociales por personas serviles a la empresa [Minosa]”, expresó Fernández.
