La presentación de un Amicus Curiae ante la Corte Suprema busca visibilizar la lucha de las mujeres campesinas en Honduras y cuestionar la criminalización de quienes defienden sus derechos, en un contexto de creciente violencia y desalojo
Tegucigalpa, Honduras. – La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto con el Bufete Justicia para los Pueblos, la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos y el Equipo Jurídico de Derechos Humanos, ha presentado un Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este documento incluye estándares internacionales que abogan por el acceso a la tierra para las mujeres campesinas y la protección de las defensoras de derechos humanos, en un contexto donde la criminalización de estas luchadoras es cada vez más común.
El amicus curiae se enmarca en el proceso judicial contra Nolvia Obando, una defensora y campesina acusada de usurpación en Honduras. La defensa de Obando presentó un amparo en julio de 2023, recurso que hasta la fecha no ha sido resuelto y que, de acuerdo con las abogadas, podría detener la criminalización a que se ha sometido a Obando.
En ese sentido, Kenia Oliva, abogada defensora de Nolvia Obando, dijo a Criterio.hn que el objetivo de la Amicus Curiae, es que este poder del Estado suspenda el acto reclamado de un recurso de amparo que fue presentado a favor de Obando debido a la existencia de violaciones al debido proceso, violaciones a la defensa, entre otras cosas.
El juicio oral y público contra Nolvia Obando está programado para el 12 de agosto de 2024. La lideresa campesina ha enfrentado un proceso marcado por retrasos en el proceso judicial y estigmatización mediática que la presenta como cabecilla de una banda criminal, tras su detención en marzo de 2023 durante un violento desalojo en la comunidad de La Bomba, donde se encontraban más de 60 familias campesinas.
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LA IMPORTANCIA DEL AMICUS CURIAE
El Amicus Curiae presentado hoy busca ofrecer a la Corte un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional, resaltando la necesidad de un enfoque que garantice el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres rurales y campesinas.
Este documento no solo es un llamado a la justicia en el caso de Nolvia Obando, sino también un esfuerzo por visibilizar la lucha de las mujeres en el campo y su derecho a la tierra, que es fundamental para su sustento y autonomía.
Bajo este panorama de criminalización y estigmatización, Katherin Cruz Cerrato, de la Red Nacional de Defensoras explicó que el documento presentado busca proporcionar a la CSJ un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional, destacando la necesidad de un enfoque que garantice el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres rurales y campesinas, el derecho a la alimentación y acceso a la tierra.
Las organizaciones que respaldan este amicus curiae instan al tribunal a considerar el impacto más amplio de este caso sobre los derechos de las mujeres y las comunidades rurales en Honduras. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha por la justicia social y la equidad de género en un país donde estas luchas son vitales para contrarrestar las desigualdades sociales.
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CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA
En Honduras, las defensoras de derechos humanos enfrentan un entorno hostil, donde la violencia de género y la impunidad son comunes. Según informes, el país ha sido uno de los más peligrosos para las defensoras de derechos humanos, con un alarmante número de asesinatos en los últimos años.
La Red Nacional de Defensoras en Honduras de Derechos Humanos en su informe «Rebeldes y Persistentes», relata la realidad de las defensoras en Honduras, con incremento del 125% en las agresiones contra mujeres defensoras en el año 2023, registrándose un total de 2,687 ataques.
Las defensoras que protegen el territorio y los bienes comunes –como Nolvia Obando— son particularmente vulnerables, enfrentando constantes amenazas y agresiones.
A criterio de Katerin Cruz, la criminalización de las defensoras de derechos humanos en Honduras tiene un impacto devastador en la lucha por la justicia y la equidad en el país. Este fenómeno no sólo afecta a las mujeres que se dedican a defender sus derechos y los de sus comunidades, sino que también tiene repercusiones más amplias en la sociedad hondureña, exacerbando la violencia, la impunidad y la desigualdad social.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que Nolvia Obando es inocente y que su acusación es parte de un patrón más amplio de criminalización de las defensoras en Honduras.
En 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró al menos 38 desalojos forzosos en Honduras, aunque las organizaciones campesinas indican que la cifra real es aún mayor.
De estos desalojos, 24 se llevaron a cabo tras la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, un organismo que ha sido criticado por su papel en facilitar estos procesos en favor de empresas agroindustriales, generando un clima de preocupación y vulneración entre las comunidades campesinas, que enfrentan no sólo la pérdida de sus tierras y viviendas, sino también la criminalización.
