La carga probatoria presentada hoy viernes, 26 de septiembre, por el Ministerio Público revela cómo operaban empresas de maletín, muchas de ellas con domicilio en Tegucigalpa, pero sin infraestructura ni personal para ejecutar los proyectos adjudicados.
Otro elemento presentado por la fiscalía detalla que algunos de los proyectos de infraestructura fueron fraccionados para evitar licitaciones públicas.
Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público presentó 40 medios de prueba en el proceso judicial que se sigue contra funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares vinculados a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, acusados de integrar una red de corrupción que ocasionó un perjuicio millonario al Estado.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, declaró a medios de comunicación que la carga probatoria fue presentada por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) ante el juez que conoce del caso. Entre los elementos presentados se encuentran evidencias de cómo operaban empresas de maletín, muchas de ellas con domicilio en Tegucigalpa, pero sin infraestructura ni personal para ejecutar los proyectos adjudicados.
Mora explicó que, durante las inspecciones realizadas por el personal de la fiscalía, se constató que estas empresas funcionaban en casas particulares, en barrios y colonias, sin maquinaria, ni registro en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), requisito indispensable para participar en procesos de licitación pública.
El requerimiento fiscal fue presentado el pasado 23 de septiembre de 2025 y abarca hechos ocurridos entre julio de 2023 y abril de 2024. De acuerdo con la acusación, se habrían suscrito 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L. con la Municipalidad de San Pedro Sula, bajo el supuesto propósito de ejecutar obras de mejoramiento vial.
De acuerdo con la fiscalía, el perjuicio económico ocasionado a la municipalidad sampedrana supera los 45.5 millones de lempiras. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que gran parte de las obras nunca se realizaron o quedaron inconclusas.
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La acusación señala directamente a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de HERCOD; así como a Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y a Josué David Fajardo Hernández, tío de este.
Asimismo, se incluye a empresarios señalados de coludirse en el esquema fraudulento: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea.
Del lado institucional, también están siendo procesados funcionarios y exfuncionarios de la municipalidad entre ellos: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Mena Gómez, Xavier Lacayo Delgadillo, Luis Enrique Saa y Walter Cartagena Villagran.
A todos ellos se les imputan los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
El Ministerio Público señaló que HERCOD, la principal beneficiaria de los contratos apenas contaba con un empleado y ninguna maquinaria para ejecutar las obras, pese a recibir la adjudicación de los 33 proyectos.
Pese a eso esta empresa logró varios contratos con la Municipalidad de San Pedro Sula. Este medio digital encontró que HERCOD también obtuvo contratos con instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Mora explicó que la carga probatoria presentada hoy, viernes 26 de septiembre, evidencia cómo los proyectos fueron fraccionados para evitar licitaciones públicas. Un caso emblemático es el de un tramo carretero en la zona del Merendón, inicialmente de 38 kilómetros, pero que fue inflado a más de 100 kilómetros para justificar el fraccionamiento en múltiples contratos.
Otro punto señalado en la carga probatoria es la relación entre los representantes de las empresas contratadas y familiares directos del alcalde Roberto Contreras, quien busca ser reelecto como edil de San Pedro Sula, lo que, a su vez, refuerza las acusaciones de tráfico de influencias.
El Ministerio Público también recalcó que muchas de las obras quedaron inconclusas, lo que confirma que los fondos públicos fueron desviados sin cumplir con los objetivos de desarrollo planteados en los contratos.
De interés:
EXHORTAN A LA POBLACIÓN A DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN
En medio del proceso judicial, el abogado Víctor Fernández, aspirante independiente a la alcaldía sampedrana al que se le negó la inscripción, emitió un comunicado en el que exhortó a la ciudadanía a denunciar los actos de corrupción sin importar el partido político, la empresa o el funcionario involucrado.
Fernández destacó que este caso refleja el nepotismo y la colusión entre actores públicos y privados en la administración municipal. Asimismo, señaló que la corrupción en la municipalidad de San Pedro Sula ha sido una constante durante las últimas décadas, con responsabilidades compartidas por los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre).
Asimismo, advirtió que las instituciones de justicia han sido utilizadas históricamente como herramientas políticas, profundizando la impunidad y debilitando la confianza ciudadana en el sistema.
Fernández reiteró que, aunque el caso podría interpretarse como persecución política, ello no exime de responsabilidad a los actores que participaron en el desfalco e invitó al Ministerio Público a revelar los nombres y organizaciones empresariales restantes que participaron en la “red de empresas mafiosas”
El caso continúa en los tribunales, mientras el Ministerio Público asegura que las pruebas presentadas son contundentes para demostrar la existencia de una red que desvió más de 45 millones de lempiras en perjuicio del municipio.
