En la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría haber nuevamente repartición de cuotas de poder
Tegucigalpa.- Comienza a florecer la sospecha de una nueva repartición de cuotas de poder en la víspera de la elección de las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ejercerá sus funciones entre 2023 y 2030. Así parece presagiarlo los recientes acercamientos del caudillo del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, ante el Congreso de la República.
Aunque la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte apenas comenzó a recibir las primeras autopostulaciones el 21 de octubre de 2022, una serie de movimientos a lo interno del Legislativo comienzan a dar forma a las inminentes negociaciones del oficialismo con las distintas bancadas, sobre todo con los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal, que históricamente se han repartido los cargos dentro del Supremo hondureño.
El 18 de octubre de 2022, el diputado de Libre, Christian Hernández, confirmó a medios locales que le solicitaron al coordinador general de ese partido, Manuel Zelaya Rosales, que los asesore dentro del Congreso, con la misión de llegar a acuerdos y consensos con miras a la elección de los 15 profesionales del derecho que se sentarán en las curules del más alto nivel de administración e impartición judicial.
«Le hemos pedido desde la bancada, con toda la categoría, que pueda acercarse reuniéndose con todas las bancadas para construir una agenda, como la de la Corte Suprema de Justicia, porque todas las bancadas necesitamos sentarnos a dialogar y a crear consensos para el beneficio del pueblo», expresó el diputado Hernández.
Aunque la Junta Nominadora es quien evalúa a los postulantes, a través de matrices técnicas y entrevistas públicas, es a las diputadas y a los diputados a quien le corresponde elegir a las magistradas y los magistrados de la Corte. A más tardar el 23 de enero de 2023, la junta de nominadores enviará al Legislativo una nómina con al menos 45 candidatas y candidatos, entre los cuales se elegirán a los 15 finales dos días después, el 25 de enero.
Cuando en enero de 2016 se eligió el actual pleno de magistradas y magistrados, que vacará en sus funciones el 25 de enero de 2023, la falta de consensos se evidenció ampliamente. Por ejemplo, para elegir al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el nacionalista Rolando Argueta, se efectuaron cinco intentos. Diputadas y diputados de oposición denunciaron, en ese momento, que por algunos votos se llegaron a pagar sumas cercanas a un millón de dólares.
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A pesar de que costó introducir a Argueta, amigo personal del expresidente Juan Orlando Hernández, en el pleno de magistradas y magistrados, éstos lo eligieron unánimemente como su presidente. Un día después, el Congreso presidido por Mauricio Oliva lo ratificó en su cargo.
El 19 de julio de 2022, las diputadas y los diputados aprobaron la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, una normativa que, si bien mejora los procesos de selección de candidatas y candidatos, es impotente ante el proceso de elección final de magistrados. Y, aunque se ha ahondado en la necesidad de enviar los mejores perfiles al Congreso, la repartición de cuotas de poder parece continuar perpetuándose.
Ese día, después de que se aprobó en su totalidad dicha normativa, el secretario del Legislativo, Carlos Zelaya Rosales -hermano de Manuel Zelaya Rosales- dijo que desde el Legislativo se respaldaría a todo correligionario de Libre que aspire a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Semanas atrás, el también secretario de ese poder del Estado, Fabricio Sandoval, dejó entrever que Libre negociaría como mínimo ocho magistradas y magistrados.
«La CSJ será integrada en su mayoría (8/15) por magistrados(as) con conciencia de clase, es decir del pueblo y no de grupos de poder oligárquicos, cualquier otro alegato es una banal leguleyada de los mandaderos de la clase pudiente, ya que sólo buscan protección a toda costa», expresó el diputado de Libre vía Twitter, el 6 de julio de 2022.
Aunque el clamor de la sociedad ha sido evitar la repartición de cuotas de poder entre los partidos políticos, hay quienes aseguran que aspirar a esto es una utopía. La presencia en el Congreso de Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre y considerado por algunos analistas como el amo del poder político en este momento, incluso puede dar pie al comienzo de las negociaciones.
LA REPARTICIÓN ES UNA REALIDAD POLÍTICA
El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, considera que sí está abierta la posibilidad de una nueva repartición de cuotas de poder, pero asegura que eso es parte de la realidad política de Libre y de los demás partidos.
«Yo creo que el tema de interés va a ser el Partido Liberal, ver cómo Manuel Zelaya se acerca a Yani Rosenthal, a Carlos Flores Facussé y a otros diputados, porque en ese partido no existe un control total. También estoy seguro de que dialogará con el Partido Nacional, porque, para llegar a esos votos, tiene que negociar con ese partido», explicó Ramírez a Criterio.hn.
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Durante los últimos tres períodos de la Corte Suprema de Justicia, el Partido Nacional y el Partido Liberal se han repartido la cantidad de magistradas y magistrados con una proporcionalidad de ocho versus siete, correspondiéndole la mitad más a uno a quien ostenta el poder dentro del Ejecutivo y el Legislativo. En esta ocasión, sin embargo, la relación podría ser de la siguiente forma: Libre, ocho; Partido Nacional, cuatro; y Partido Liberal, tres.
Históricamente, quien controla el Ejecutivo busca que el Poder Judicial sea presidido por una persona de su altísima confianza. Así ocurrió con Vilma Morales, cuando Ricardo Maduro fue presidente entre 2006-2009. De hecho, la Corte que presidió Morales entre 2002 y 2006 se eligió el mismo día de la investidura de Maduro, el 27 de enero de 2002. La relación, en ese entonces, fue de ocho magistrados nacionalistas contra siete liberales.
Para el siguiente período, el 2009-2016, con los liberales al frente del Ejecutivo y el Legislativo, la proporcionalidad fue de ocho liberales versus siete nacionalistas. El presidente, en ese período, fue el liberal Jorge Rivera Avilés. Durante la elección que definió a los cargos de 2016-2023, en medio de un control del Partido Nacional en la Presidencia y el Congreso, los nacionalistas volvieron a ser mayoría en la Corte Suprema, que actualmente preside Rolando Argueta, amigo personal del expresidente Juan Orlando Hernández.
En el caso de Manuel Zelaya Rosales, la historia fue distinta, porque a quien él pretendía colocar como presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el período 2009-2016 era Sonia Marlina Dubón, esposa de quien fue su ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y asesor presidencial de Xiomara Castro en el actual Gobierno. El intento falló y a Dubón, quien buscaba reelegirse como magistrada de la Corte, no se le respaldó dentro del Congreso de la República.
Al final la presidencia del Judicial recayó en Jorge Rivera Avilés, un achichincle de las facciones más conservadoras del Partido Liberal, encabezadas entonces por Roberto Micheletti y Carlos Flores Facussé, dos actores que, en contubernio con el sector empresarial, contribuyeron a perpetuar el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio 2009.
Jorge Rivera Avilés, uno de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia más corruptos en la historia, hizo caso omiso a la falta de reconocimiento hacia las autoridades golpistas por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y mintió en sus versiones de los hechos que dieron vida al golpe.
La detención de Manuel Zelaya Rosales se hizo legalmente, según sus primeras declaraciones. Sin embargo, después mencionó que la orden de captura contra Zelaya Rosales nunca la tramitó la Corte Suprema de Justicia que él presidía, y que lo único que había emanado del Poder Judicial había sido una orden de decomisar material electoral de la Cuarta Urna.
Estas contradicciones en las aseveraciones de Jorge Rivera Avilés fueron filtradas por cables de WikiLeaks, los cuales revelaron cómo se fraguó la ilegal destitución del expresidente hondureño y qué papel desempeñó la Corte Suprema de Justicia en ello.
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Años más tarde, en 2015, la Corte Suprema de Justicia dirigida por Rivera Avilés le permitió a Juan Orlando Hernández, a través de un fallo de la Sala Constitucional, reelegirse como presidente de la República al margen de la Constitución.
NO ES EL MOMENTO
Con la victoria electoral de su esposa Xiomara Castro en las elecciones del 28 de noviembre de 2021, el expresidente Manuel Zelaya Rosales recuperó el poder que se le quitó hace más de una década y sus recientes acercamientos en el Congreso, aseguran analistas, podrían significar el prefacio de su objetivo de posicionar a personas de su más alta confianza en la Corte Suprema de Justicia, en el período 2023-2030.
Sin embargo, incluso dentro del Legislativo, hay quienes aseguran que todavía no es el momento para cabildear los cargos de ese poder del Estado. La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, asegura que, de ser esa la intención, le genera temor.
«Me genera miedo que haya acuerdos para elegir a personas, cuando todavía no sabemos quiénes se están postulando, creo que el expresidente (Manuel) Zelaya no puede estar en dos cosas. Él es una persona clave, como presidente de Libre, una representación importante, pero tampoco puede venir a asumir esas tareas a este poder del Estado y en este momento», dijo la vicepresidenta del Congreso en conversación con Criterio.hn.
