A 18 días para las elecciones primarias e internas, del próximo 9 de marzo, 4,548 aspirantes a cargos de elección popular no han abierto sus cuentas bancarias
La Unidad de Política Limpia informó que los aspirantes presidenciales: Luis Zelaya del Partido Liberal, Rasel Tomé del Partido Libre, Ana García y Roberto Martínez Lozano, ambos del Partido Nacional, no han abierto sus cuentas bancarias diferenciadas.
Tegucigalpa, Honduras. -De 5,871 precandidatos a cargos de elección popular, que participarán en las elecciones primarias e internas del próximo 9 de marzo, solo 1,233 han abierto sus cuentas bancarias diferenciadas, un requisito legal para garantizar la transparencia en el financiamiento de campañas electorales.
Los artículos 11 y 12 de la Ley de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos, establece la apertura de cuentas bancarias diferenciadas como un requisito para determinar que los fondos y contribuciones a campañas electorales son de origen lícito.
El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), Emilio Hércules, dijo que son números muy bajos, ya que solo el 21% de los candidatos han solicitado la apertura de sus cuentas.
Asimismo, detalló que de los 1,233 aspirantes a cargos de elección popular 568 son del Partido Nacional; 349 precandidatos son del Partido Nacional y 316 son del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“La bancarización, para que tengamos claridad, es un paso vital en la transparencia del financiamiento electoral en vista que en ella se lleva el registro de ingresos y egresos para las campañas”, precisó el comisionado en una entrevista brindada a una radio capitalina.
En ese sentido, lo que se busca con la apertura de cuentas bancarias es identificar el origen, el uso y el fin de los fondos que van a ser utilizados en la campaña y poder determinar quién o quiénes están financiando a las y los aspirantes a cargos de elección popular, para evitar la filtración de dinero del narcotráfico y el crimen organizado en las campañas electorales.
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SEIS DE LOS 10 ASPIRANTES PRESIDENCIALES HAN ABIERTO SU CUENTA BANCARIA DIFERENCIADA
Emilio Hércules, comisionado de la Unidad de Política Limpia, detalló que, de los 10 aspirantes a la Presidencia de la República, cuatro no han abiertos sus cuentas bancarias.
Los precandidatos que no han cumplido con ese requisito son: Ana García Carías –del movimiento Avanza— y Roberto Aníbal Martínez Lozano –del movimiento Rescate y Transformación— ambos del Partido Nacional; Luis Zelaya del Partido Liberal y Rasel Tomé, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
El funcionario les recordó a las y los precandidatos de todos los niveles electivos que semanalmente se estará actualizando quienes están cumpliendo y quienes incumplen con lo estipulado en la normativa, para que la población conozca el nivel de transparencia de sus políticos.
Asimismo, señaló que quienes incumpla con la ley serán sancionados con multas pecuniarias que rondan entre los cinco y 15 salarios mínimos. “Hay una segunda multa también que está en los 100 salarios mínimos, estamos hablando de más de un millón de lempiras”, explicó.
Además, informó que la Unidad de Política Limpia ha desplegado personal de esa institución para que realicen las auditorias in situ para poder verificar y certificar el gasto en campañas políticas de las y los precandidatos de todos los niveles electivos.
Organizaciones de la sociedad civil han instado a los partidos políticos y a sus precandidatos a cumplir con la normativa y a garantizar la total transparencia en el manejo de los recursos de campaña, y así evitar futuros señalamientos de ingreso de dinero ilícito en sus campañas.
En anteriores procesos electorales, se han reportado financiamiento proveniente del narcotráfico y del crimen organizado en las campañas electorales del tripartidismo, integrado por los partidos Nacional, Liberal y Libre.
Con la cercanía de las elecciones primarias, el bajo cumplimiento de este requisito plantea serios desafíos para la transparencia del proceso electoral, poniendo en evidencia la necesidad de un mayor compromiso por parte de los actores políticos para garantizar la integridad del financiamiento de sus campañas.
