Aumentan las denuncias por abusos policiales y organismos exigen suspender el estado de excepción para garantizar libertades en el proceso electoral
Tegucigalpa, Honduras. – El estado de excepción parcial en Honduras ha sido extendido por 45 días más, entrando en vigor a partir de las 6:00 p.m. del sábado 16 de agosto de 2025 y finalizando a las 6:00 p.m. del lunes 29 de septiembre de 2025. Con esta, suman ya 23 ampliaciones desde su creación, una práctica que continúa generando cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia, ya que la medida fue publicada en el diario oficial La Gaceta sin la aprobación del Congreso Nacional.
Uno de los principales puntos críticos radica en las lagunas legales que han acompañado la implementación de esta medida. Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) con relación a la decisión del gobierno, apunta que “Venimos con algunas lagunas legales debido a que no estaban siendo ratificados en el Congreso Nacional”.
Esta falta de ratificación plantea dudas sobre la legalidad y legitimidad del proceso, cuestionando el respeto a los procedimientos democráticos.
Diversos sectores y organizaciones como Cristosal han señalado que la extensión del estado de excepción no ha resultado en una solución efectiva a los problemas de inseguridad, sino que ha sido una coyuntura institucional que contribuye a la erosión de garantías fundamentales. La ambigüedad jurídica puede abrir la puerta a abusos y vulneraciones de derechos humanos.
La prolongación de medidas extraordinarias, sin control parlamentario, pone en riesgo la protección de derechos ciudadanos y evidencia debilidades en el sistema de pesos y contrapesos. “No estaban siendo ratificados en el Congreso Nacional”, recuerda Castañeda, haciendo eco de la preocupación por el debilitamiento institucional.
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MEDIDA INÚTIL Y EFECTOS DAÑINOS
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), cuestiona la prolongación del estado de excepción en Honduras, señalando que la medida ha perdido su carácter excepcional y se ha convertido en una solución permanente. “Desde las organizaciones de derechos humanos hemos tenido una postura de señalar que el estado de excepción es una medida inútil en el sentido de que debería adoptarse justamente para atender una situación excepcional y no una situación permanente”, advierte.
Acevedo señala que la medida ha generado efectos dañinos en la seguridad pública al acostumbrar a las fuerzas policiales a depender de la suspensión de garantías en vez de fortalecer procesos de investigación profesional.
De cara al proceso electoral, Acevedo reconoce los peligros que supone la vigencia continua del estado de excepción y advierte sobre su posible uso como herramienta de abuso o represión: “Siempre hay riesgos, de hecho, el mismo estado de excepción en tiempos regulares implica la posibilidad de abuso, la posibilidad de cometer violaciones sistemáticas a derechos humanos. … en un proceso electoral pudiera ser utilizada como instrumento para reprimir a la sociedad, para reprimir el ejercicio libre del derecho al voto.”
Aunque matiza que este riesgo todavía es especulativo, destaca que el modelo hondureño tiende a criminalizar sectores sociales desfavorecidos y comunidades empobrecidas e históricamente vulnerabilizadas como los barrios y colonias.
En ese sentido, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y organismos internacionales han reiterado su llamado al Estado hondureño para que suspenda el estado de excepción y adopte políticas de seguridad basadas en el respeto de los derechos humanos. “No ha sido la herramienta que asegure derechos fundamentales ni la que logre contrarrestar la inseguridad que enfrenta el país”, advierten, señalando además la preocupación de que esta medida restrictiva limite libertades clave —como la expresión, asociación, reunión pacífica y circulación— en un contexto electoral en el que deberían estar plenamente garantizadas.
MÁS DE MIL DENUNCIAS POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
En los últimos 32 meses, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recibió 1,006 quejas de ciudadanos contra miembros de cuerpos de seguridad estatal, evidenciando que el estado de excepción ha sido empleado por agentes policiales para infringir la ley y violentar derechos fundamentales.
Las denuncias, que involucran principalmente a la Policía Nacional, DIPAMPCO y DPI, apuntan al uso desproporcionado de la fuerza en allanamientos de vivienda, daños a la propiedad, torturas, malos tratos, pérdida de pertenencias, incriminación con pruebas presumiblemente falsas, vigilancia e intimidación, según detalló Luis Martínez, Oficial Jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH.
Entre tanto, la sociedad hondureña y la comunidad internacional observan con atención la evolución de este estado de excepción. La pregunta central permanece: ¿puede Honduras garantizar seguridad ciudadana sin sacrificar derechos y mecanismos democráticos? Mientras tanto, la ampliación genera más dudas que certezas respecto al futuro inmediato del país.
