Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El abogado, José Ángel Cáceres Valladares, representante legal de la doctora, Débora Lavinia Carías Carías, ha denunciado criminalmente al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera Alvarado, acusándolo de los delitos de prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los derechos que la constitución reconoce.
La denuncia se deriva del incumpliendo por parte del rector universitario a una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Laboral, que le ordena al titular de la UNAH, integrar como docente permanente, a la doctora Débora Lavinia Carías, quien hasta enero del 2012 laboraba como docente contratada por hora. Ella impartía clases a estudiantes de las carreras de Odontología y Química y Farmacia.
Débora Lavinia Carías
La sentencia dice que la doctora Carias debió ser integrada como empleada permanente, el 13 de febrero del 2012. Y además le ordena a la UNAH pagarle 118 mil 259 lempiras con sesenta centavos, por concepto de reajuste de salario adeudado, más 30 mil 543 lempiras con 87 centavos, correspondientes al pago del décimo tercero y décimo cuarto meses de salario.
“Se requiere al Rector de la Universidad con el objetivo de que le dé cumplimiento a la sentencia, dijo el abogado, José Ángel Cáceres Valladares.
Cáceres dice, que de manera abusiva el rector universitario se niega a asignarle carga académica a su representada, violentándole el derecho al trabajo y a recibir salario, que son derechos reconocidos por la Constitución de la República.
Asimismo, informó, que el Sindicato de Trabajadores de la UNAH ha servido de mediador para que el rector entre en razón, pero que simplemente no quiere y que con esa actitud consolida los delitos.
José Ángel Cáceres Valladares
En términos de penalización, el abogado explicó, que el delito de abuso de autoridad es penado con la inhabilitación especial al cargo y que igual es la pena del prevaricato administrativo, pero el de violación de derechos reconocidos por la constitución, se pena con 1 a 3 años de prisión, inhabilitación del cargo y multa.
Según él, la universidad ya reconoció que la sentencia es firme, porque el dinero correspondiente al reajuste por salarios ya se lo canceló a su representada. “Y si tuviese conocimiento que la sentencia no produce efectos jurídicos no debió haberle pagado ese dinero”, detalló el apoderado legal.
Por su parte, la doctora Débora Lavinia, lamentó que el rector de la universidad le siga negando su derecho al trabajo y que aparte desobedezca el mandato de la Corte. “Nadie puede cambiar la resolución y yo he tratado por todos los medios hablar con él pero el departamento legal de la universidad no me lo ha permitido”, afirmó.
Ella dice que últimamente servía la clase de farmacología para los estudiantes de la carrera de odontología, pero que al inicio impartía clases en química y farmacia. Afirmó, que se para ganarse la plaza ella se sometió a un concurso.
