¿Politización de la justicia o judicialización de la política?

Por: Leticia Salomón

Aunque parezca un juego de palabras, los dos conceptos indicados se han vuelto una realidad en muchos países de América Latina y ambos están relacionados entre sí, actuando el primero como condicionante del segundo. Como conceptos hacen referencia a dos fenómenos que se desarrollan como producto de alteraciones sustanciales de la cultura política democrática, el irrespeto político a las leyes y procedimientos, la impunidad institucionalizada, el traslape de instancias entre lo político y lo jurídico, y las graves deficiencias en las reglas del juego que rigen a los sistemas político, de partidos y electoral. Ambos fenómenos ponen en evidencia la profunda debilidad y deformación del Estado de derecho, indicador preciso de la baja calidad de la democracia, y la fuerza incontenible de los intereses personales, gremiales y partidarios que no tienen límites y están dispuestos a arrasar, incontenibles, con la estabilidad política y social del país.

La reflexión anterior se basa en la conflictividad política, que aún no llega a crisis pero que pudiera desarrollarse como tal en los próximos días, si los involucrados se resisten a resolver el conflicto en el ámbito de lo político, que es donde pertenece, e insisten en trasladar el mismo al ámbito jurídico que es lo que potenciaría la crispación social y seguramente terminaría convirtiéndose en crisis política y social.

En un país de fuerte POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA con el control político de los dos partidos tradicionales -Nacional y Liberal- y todavía del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), sobre el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la ciudadanía hondureña no puede ni debe esperar una sana impartición de justicia en los casos políticos que estos abordan, porque en esas instancias los fiscales -general y adjunto- y los magistrados de la Corte son subordinados incondicionales del partido Nacional y del partido Liberal. Y da la casualidad de que, ante la escisión legislativa del partido LIBRE, el partido Nacional (44 diputados), en estrecha alianza con el partido Liberal (17 diputados del grupo de Yani Rosenthal) y el Partido Anticorrupción, PAC (1 diputado), tiene en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, el dictamen favorable antes de que el Ministerio Público presente el caso ante la CSJ.

Y esto sucede porque EN HONDURAS NO FUNCIONA EL ESTADO DE DERECHO, y porque la Justicia está maniatada por el control directo que sobre ella ejercen los dos partidos tradicionales que representan el pasado y que tienen una inmensa deuda con la sociedad hondureña por todo el daño que le han hecho a Honduras con el llamado “pacto de gobernabilidad” sostenido entre ellos desde la transición a la democracia y que se traduce en una red de complicidad y reparto, y de mutuo acuerdo para no investigar ni someter a juicios a ningún presidente saliente.

En este conflicto se presenta una confusión de visiones: a) el PARTIDO NACIONAL, que se resiste a ser desplazado del control del poder Legislativo después de ser expulsado del Ejecutivo en la forma apabullante en que se produjo, mantiene todavía el control del MP y de la CSJ y desea seguir controlando el poder Judicial en el próximo relevo de sus altos conductores (este es el interés central de su invitación al diálogo); b) el PARTIDO LIBERAL, dividido entre los diputados seguidores de Yani Rosenthal, que se encuentran firmes al lado de la coalición de los disidentes de LIBRE con el pasado político, y los diputados de Luis Zelaya que quieren poner distancia de esa coalición vergonzosa; sumados ambos llegan a ser la tercera fuerza del Congreso Nacional aunque es un partido que nunca pudo superar el quiebre que arrastra desde el golpe de Estado de 2009, y tampoco parece que va a superarlo en el futuro cercano, porque continúa atrapado entre los intereses personales, familiares y de grupos; c) Los disidentes del PARTIDO LIBRE, que parecen haber roto todos los límites del pudor, del honor, de la integridad y de la visión de su futuro político, que parecen no enterarse del mensaje fuerte y contundente de la ciudadanía hondureña, no sólo para favorecer a la presidenta Xiomara sino para EXPULSAR AL MANDATARIO Y A SU PARTIDO por corrupción al más alto nivel, vínculos políticos con el narcotráfico, venta de la soberanía con las ZEDES, explotación irracional y desnacionalización de los recursos naturales, destrucción del Estado de derecho, criminalización de la protesta, escasa inversión en el desarrollo, máxima inversión en militares y policías, mínima inversión en la satisfacción de necesidades básicas, irrespeto a la ley y a los procedimientos, entre otros.

Pasar de la politización de la justicia a la JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA es una decisión sugerida, impulsada, y seguramente impuesta por el partido Nacional, en este caso por sus diputados en el Congreso, en alianza con sus socios de la línea Yanista del partido Liberal, que presionan de esta manera para obligar al partido LIBRE a negociar (“dialogar” según ellos) con base en sus intereses personales, familiares y políticos, y no con base en los intereses nacionales y en la necesidad de revertir todo el andamiaje jurídico e institucional de la impunidad decidida por esos partidos del pasado, que son, a la vez, aliados y cómplices.

El Congreso Nacional representa a todas las fuerzas políticas del país y es, por naturaleza, el centro del debate político y de las negociaciones intra e inter partidarias. La forma en que quedó conformado el Congreso va a obligar al partido LIBRE como tal, a negociar apoyos en alianza con unos, con otros o con todos, en torno a los temas centrales del país, mismos que aparecen destacados en el programa de gobierno con el cual LIBRE ganó las elecciones en el poder Ejecutivo.

Eso está bien y forma parte del libre juego de las ideas y de las propuestas que se encuentran a la base del debate parlamentario. Lo que está mal es el arrastre de una práctica peligrosa y funesta legada por el estilo de JOH en la relación entre poder Ejecutivo y Legislativo: la compra directa de votos de apoyo, que le puso un precio vergonzoso a la conciencia de los opositores ante las iniciativas e intereses del Ejecutivo, a la que todos ellos se acostumbraron.

En este contexto, negociar con el partido Nacional la Junta Directiva del Congreso es imprudente, nefasta, temeraria y sumamente peligrosa desde el punto de vista político y social. Es importante recordar que, EN SITUACIONES DE CONFLICTOS, Y NO DIGAMOS DE CRISIS, EL DIÁLOGO ES FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE ESTE NO SE VEA COMO NEGOCIACIÓN Y MENOS COMO NEGOCIACIÓN AL ESTILO DEL PARTIDO NACIONAL, CON EL SELLO INDISCUTIBLE DE JOH.