Tal como lo establece el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado sábado 18 de enero, inició oficialmente la propaganda electoral, de cara a las elecciones primarias e internas
No obstante, aunque esta es la fecha establecida legalmente, tanto miembros de la oposición como del oficialismo han realizado actividades similares desde hace varios meses, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa electoral y el impacto de los mensajes difundidos, incluyendo algunos que podrían ser considerados polarizantes
El CNE ha delimitado los techos de financiamiento para las campañas políticas previstas en 2025. En el ámbito presidencial, cada partido dispone de un margen de hasta 505 millones de lempiras; para las candidaturas legislativas, el tope se aproxima a 586 millones; mientras en el nivel municipal, se establece una asignación superior a 500,000 lempiras por localidad. En conjunto, el presupuesto autorizado alcanza aproximadamente 1,591 millones de lempiras
Tegucigalpa, Honduras. — Políticos implicados en casos de corrupción de administraciones anteriores y aquellos vinculados directa o indirectamente con el narcotráfico, pertenecientes a los tres partidos más influyentes de Honduras, están preparando sus precandidaturas para las elecciones primarias a desarrollarse el 9 de marzo.
En esta lista figuran políticos que no sólo han sido investigados por el Ministerio Público (MP) y procesados por el Poder Judicial, que, mediante acuerdos, les ha otorgado sobreseimientos definitivos, sino que también incluye a aquellos mencionados por narcotráfico en tribunales de los Estados Unidos y a quienes están en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU.
A pesar de los señalamientos y procesos judiciales, algunos políticos han sido beneficiados en los tribunales de justicia como es el caso de los diputados del Partido Nacional Tomás Zambrano y Antonio Rivera Callejas, quienes fueron sobreseídos por el caso Fe de Erratas. Los señalqamientos también persiguen a los políticos hondureños desde el exterior al ser incluidios en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, y entre los que se encuentran, el alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López Orellana; el diputado liberal por el departamento de Olancho, Samuel Garcia; los diputados de Libre, Edgardo Casaña y Rasel Tomé, este último vicepresidente del Congreso y actual precandidato presidencial del oficialismo.
Otra personalidad política que ahora pretende recuperar su poder es la exprimera dama y esposa del narco expresidente, Juan Orlando Hernández, Ana García, a quien el Ministerio Público habría abierto una investigación por el supuesto delito de lavado de activos y traspaso irregular de bienes. García se postula como precandidata presidencial del Partido Nacional.
A la lista se suma Yani Rosenthal, que aunque no se postula a ningún cargo de elección presidencial, solo el hecho de presidir un partido político como lo es el Partido Liberal, lo pone en el tapete de los señalamientos por ser exconvicto de la justicia estadounidense por el delito de lavado de activos.
Más allá de la parte legal que quizás no los inhabilita en sus aspiraciones, por ética, estas personas no deberían postularse a cargos de elección popular.
Tras una breve recopilación de información, Criterio.hn detalla algunos de los políticos que han sido señalados por corrupción y narcotráfico y que ahora pretenden, aprovechándose de la ingenuidad de gran parte de la población, conquistar un cargo o mantenerse en el poder en las próximas contiendas electorales que definirán cuál de los tres cuarteles políticos más poderosos gobernarán durante el periodo 2026-2030.
UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA: SUPERVISIÓN LIMITADA Y CUESTIONAMIENTOS DE TRANSPARENCIA
Desde su creación en 2017, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad en la supervisión de las campañas políticas y la transparencia en el financiamiento electoral. Aunque su mandato establece la vigilancia del origen, distribución y destino de los recursos utilizados por candidatos y partidos, su desempeño ha sido limitado y responde, según críticos, a los intereses de la clase política dominante.
En 2024, la UFTF solicitó un incremento presupuestario de 124 millones de lempiras, con el objetivo de fortalecer su capacidad para fiscalizar las elecciones primarias de 2025. No obstante, a pesar de este incremento, la unidad no ha presentado investigaciones significativas ni denuncias reveladoras contra aspirantes políticos, lo que cuestiona la rigurosidad de sus acciones frente al financiamiento ilícito en las campañas.
La independencia de la UFTF también se ve comprometida por la composición de sus autoridades. Los comisionados Emilio Hernández Hércules (Partido Nacional), Ivonne Ardón (Partido Liberal) y Vladimir Mendoza (Libertad y Refundación) fueron seleccionados en un proceso legislativo cuestionado por su falta de pluralismo. Sus nombramientos, avalados por los mismos partidos que representan, ponen en evidencia el porqué su imparcialidad y capacidad para garantizar la transparencia electoral es cuestionable.
La peculiaridad es que estas personas tienen antecedentes de haber beneficiado a líderes políticos. Por ejemplo, mientras Ivonne Ardón era comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (2019-2023), elaboró informes financieros de diputados liberales que luego serían presentados a la institución a la que actualmente pertenece, lo que evidencia el juego de intereses desde aquel momento y que probablemente se mantiene en la actualidad.
Por otro lado, la falta de acciones concretas para levantar la reserva de información de la Unidad de Política Limpia, vigente desde hace años, refuerza las críticas hacia la institución. Según expertos en transparencia, esta medida limita el acceso a datos esenciales para analizar el financiamiento de las campañas y perpetúa la opacidad en el manejo de recursos públicos y privados en el ámbito electoral.
El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, enfatizó la necesidad de revocar esta reserva de información, subrayando que la transparencia es clave para evitar que el crimen organizado continúe influyendo en los procesos electorales. «Sin un control efectivo, las instituciones encargadas de la fiscalización solo reproducen las dinámicas de poder que buscan mantener», señaló Orellana en un análisis reciente.
La campaña electoral para las elecciones primarias de 2025 en Honduras comenzará el 18 de enero de 2025, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), y las elecciones se celebrarán el 9 de marzo del mismo año. En este proceso, participarán políticos de las tres principales casas políticas del país, todas históricamente señaladas por vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
A pesar de las múltiples acusaciones, ninguno de estos actores ha enfrentado un proceso judicial justo, ya que, si así fuera el caso, no estarían participando en las próximas contiendas, pues justamente son los encargados de colocar a sus aliados en posiciones de autoridad dentro de la estructura del poder judicial, perpetuando así un sistema de impunidad.
