Por: Anastasia Moloney y Nicky Milne/ Fundación Thomson Reuters
La Paz, Honduras, 21 de junio.- Todas las noches, el activista de derechos a la tierra Felipe Benítez y su esposa cerraron las puertas y ventanas de su casa y rezan para que los guardias armados no maten a su familia.
Honduras ha sido nombrada el lugar más peligroso del mundo para activistas ambientales como Benítez – la gente local que lucha contra los grandes negocios para preservar sus tierras ancestrales de la minería, las maldiciones, la tala, el turismo y otros megaproyectos.
“En Honduras, una de las maneras de sacarte de en medio es el asesinato”, dijo Benítez desde su casa en la aldea hondureña de Santa Elena, en el municipio de La Paz.
El área de montañas exuberantes y valles de barrido se ha convertido en un punto focal en una nación en la línea de frente del activismo de la tierra, con decenas de conflictos activos – y asesinatos – a lo largo del camino.
Benítez teme que pueda ser el próximo – junto con su esposa e hijos – mientras lidera la oposición a la represa hidroeléctrica de Los Encinos en tierra que reclama por el pueblo indígena Lenca.
Cuatro activistas han sido asesinados desde 2013, incluyendo uno cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en un río en 2015, dijo Benítez, y la campaña ha estancado la construcción de la presa.
Norma Allegra Cerrato, viceministra hondureña de derechos humanos y justicia, dijo que el gobierno está trabajando para detener la violencia contra activistas mientras que otros departamentos gubernamentales impulsan los proyectos que sostienen que son necesarios para la economía.
“En la actualidad hemos tenido muchos problemas con grandes intereses, incluso hemos tenido muertes y tenemos que tratar de evitar que esto suceda en el país”, dijo Cerrato. Honduras es el lugar más mortífero en la tierra para el activismo medioambiental, según un informe de enero del guardián británico Global Witness, con cerca de 120 activistas muertos desde 2010, pero la mayoría de los crímenes quedan impunes. Los peligros involucrados fueron los protagonistas cuando la respetada ecologista Berta Cáceres -un galardonado activista de base- fue asesinada en su casa en marzo del año pasado.
Cientos marchan en Tegucigalpa, la capital de Honduras,
contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca. TRF / Nicky Milne
Desde el asesinato de Cáceres, al menos otros siete activistas han sido asesinados, entre ellos otros miembros de la organización co-fundada por Cáceres, el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), según Global Witness. La última víctima, José Santos, un líder indígena y defensor de los derechos de la tierra, fue asesinado en febrero en su casa.
TIEMPO PARA CAMBIAR
Los expertos afirman que los conflictos violentos entre los grupos indígenas, las empresas y la élite empresarial y política del país continuarán a menos que se haga más para proteger los derechos de los pueblos indígenas y consultarlos sobre los proyectos planeados en sus tierras.
En virtud de un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por Honduras en 1989, el gobierno está obligado a garantizar que los proyectos sobre tierras indígenas obtengan el “consentimiento libre, previo e informado” de los lugareños. Pero los líderes indígenas hondureños dicen que esto rara vez ocurre. “Nuestros territorios, nuestros ríos han sido robados y no hemos sido consultados”, dijo Margarita Pineda, cuya lucha se centra en la tierra de San José, otra aldea de La Paz.
Margarita Pineda en San José, La Paz, donde trabaja como coordinadora
de MILPAH, (Movimiento Indígena Lenca de La Paz). TRF / Nicky Milne
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la principal comisión de derechos de las Américas, hay cerca de 840 proyectos mineros, la mayoría de ellos para el oro, en trámite o en estudio, que cubren un tercio del territorio hondureño. Cáceres lideró una campaña de varias décadas contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca de $ 50 millones que amenazaba con arrancar a cientos de lencas y destruir los medios de subsistencia.Tanto el gobierno como Desarrollos Energéticos SA (DESA), la empresa privada que construye la represa de Agua Zarca, han negado cualquier implicación en el asesinato de Cáceres.
Los partidarios internacionales de la represa – el FMO, el banco de desarrollo holandés, y Finnfund – un fondo de inversión estatal finlandés – suspendieron 20 millones de dólares tras el asesinato de Cáceres. En marzo de 2016, Finnfund dijo en una declaración: “FMO y Finnfund no, por ahora, hacer desembolsos para el proyecto.” “FMO está actualmente en discusión con los otros prestamistas, el facilitador independiente, DESA y otras partes interesadas con el fin de realizar una salida responsable”, dijo el FMO en su sitio web. Los compañeros activistas prometen honrar el legado de Cáceres.De pie junto a un lecho de río seco, Pineda lamenta la desaparición de arroyos y cascadas que corrían a través de sus montañas boscosas antes de construir una presa hace dos años. “Pensaron que nos sentaríamos aquí con los brazos cruzados cuando Berta muriera, pero hemos fortalecido nuestra lucha, todos moriremos un día, así que también puede ser para una pelea justa”, dijo Pineda, quien dijo que recibió amenazas de muerte de Hombres armados.
GUARDIAS ARMADOS
Para Miriam Miranda, directora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), el peligro es parte de la vida de los activistas. “Estamos enfrentando una dura lucha contra las empresas que están tomando nuestros territorios”, dijo Miranda, quien se opone a grandes proyectos turísticos en las tierras ancestrales de los garífunas. “He sido arrestada y golpeada por la policía, he sido secuestrada por asesinos contratados que querían matarnos por defender nuestro territorio”, dijo.
La policía no comentó sobre los presuntos ataques. Tal es el peligro de que, en los últimos años, ella y Benítez, junto con Cáceres y docenas de otros activistas hondureños, hayan recibido medidas cautelares de la CIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos. Esto significa que la CIDH considera que sus vidas están en riesgo y ha pedido al gobierno hondureño que tome medidas para protegerlos.
Pero algunos activistas, entre ellos Cáceres, rechazaron la oferta de protección gubernamental, citando la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del Estado.
IMPUNIDAD
Pocas veces son los asesinos capturados. Alrededor del 80 por ciento de los asesinatos en la nación centroamericana quedan impunes, incluyendo asesinatos de activistas, según el último informe de la CIDH. En el caso de Cáceres, ocho personas han sido detenidas en relación con su asesinato, entre ellas el actual y antiguo personal militar hondureño.
Pero su familia acusa a la élite política y las fuerzas de seguridad del Estado de orquestar el asesinato y han exigido una investigación independiente, una petición que el gobierno ha negado. “Los he animado (los hijos de Berta) a continuar con esta lucha”, dijo la madre de Cáceres, Austraberta Flores, de 80 años, a la Fundación Thomson Reuters. “Por supuesto que es arriesgado, pero si no hacemos el sacrificio, será imposible detener la destrucción del país”.
Honduras se ha comprometido a hacer más para proteger a los activistas, llevar a los criminales a la justicia y promover una ley que mejor regular las consultas entre las empresas y las comunidades locales. El año pasado, Honduras introdujo un plan para mantener a los activistas a salvo, proporcionando protección, incluyendo guardaespaldas y teléfonos móviles, a unas 74 personas, en su mayoría defensoras de derechos.
Los fiscales estatales siguen investigando el asesinato de Cáceres y otros activistas, dijo el viceministro Cerrato. “Todo el mundo quiere resultados inmediatos”, dijo. “Pero no creo que sea tan fácil obtener resultados tan rápidos si queremos hacer una investigación efectiva y en profundidad, necesitamos ser un poco pacientes”. Los activistas no se sienten más seguros – y el voto de seguir luchando, ya la muerte si eso es lo que se toma. “Nuestro territorio es la vida misma”, dijo Pineda. “Si no lo protegemos, ¿quién lo hará?”
