Por: Julio Cesar Hernández
Economista del Icefi
El trabajo infantil es un problema complejo que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo. Además de ser una violación a los derechos humanos, tiene implicaciones sociales y económicas importantes para las sociedades. Además, puede tener graves consecuencias para el bienestar de los niños y su desarrollo a largo plazo.
El trabajo infantil afecta negativamente el desarrollo físico y psicológico de los niños y las niñas, pues a menudo están expuestos a condiciones peligrosas, como trabajar en lugares insalubres o con herramientas, materiales o maquinarias peligrosas, durante jornadas largas que pueden dañar su salud. También afecta el acceso a la educación, pues los niños y niñas que trabajan pueden tener dificultades para asistir a la escuela y concentrarse en sus estudios, lo que conlleva a un retraso en su aprendizaje y desarrollo. El trabajo infantil también se relaciona a menudo con familias en situación de pobreza y que no tienen recursos adecuados para vivir. Si los niños y las niñas trabajan en lugar de estudiar, es menos probable que adquieran las habilidades para escapar de la pobreza: el trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza.
Para abordar el problema del trabajo infantil, los Estados han asumido compromisos nacionales e internacionales para su erradicación. Dentro de estos compromisos se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la mayoría de los países del mundo y por todos los países de Centroamérica. A través de esta convención, los Estados «reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o interferir en su educación, o que sea perjudicial para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social».[1]
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado normas internacionales del trabajo que prohíben el trabajo infantil y promueven su eliminación, entre estas: el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (núm. 138), que establece una edad mínima para trabajar (14 años) y medidas para proteger a la niñez de las peores formas de trabajo infantil; y, el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (núm. 182), el cual establece medidas para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil. Ambas normas han sido ratificadas por todos los Estados de Centroamérica.
A pesar de estos compromisos internacionales, el trabajo infantil sigue siendo un problema significativo en Centroamérica. Guatemala es uno de los países más afectados por esta problemática, según los últimos datos disponibles, el 16.9% de la niñez y la adolescencia (personas de 7 a 17 años de edad) realiza estas actividades.[2] El segundo país de Centroamérica con mayor porcentaje de trabajo infantil (5 a 17 años) es Honduras (15.3%), seguido por El Salvador (6.9%), Costa Rica (3.8%) y Panamá (2.3%).[3] El trabajo infantil en la región se concentra en sectores como la agricultura, la industria textil, la minería y el servicio doméstico, y los niños y niñas que trabajan a menudo lo hacen en condiciones peligrosas y sin protección laboral.
Los factores que contribuyen a la persistencia del trabajo infantil son multicausales. Uno de los principales para Centroamérica es la pobreza, la cual obliga a muchas familias a recurrir al trabajo infantil como una fuente de ingresos adicionales. Otro es la falta de acceso a educación de calidad y relevante, lo cual conlleva a niños y niñas a abandonar la escuela y buscar trabajo, en muchos casos la niñez no tiene acceso a la educación en absoluto. Otro importante es la debilidad institucional de las inspecciones de trabajo, el incumplimiento de las normas laborales y la impunidad de los empleadores que utilizan trabajo infantil.
La erradicación del trabajo infantil es un problema complejo y multifacético que requiere de una estrategia integral que involucre la cooperación de varios actores, incluyendo a los gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil. En esto, la política fiscal debe jugar un rol fundamental. A través de ella se pueden abordar muchas de las causas subyacentes del trabajo infantil y proporcionar alternativas viables para las familias y la niñez.
A través de la política fiscal se puede desincentivar el trabajo infantil, por ejemplo, al eliminar los subsidios o privilegios fiscales a sectores que emplean a niños y niñas, o con el aumento de los impuestos a las empresas de sectores que suelen utilizar el trabajo infantil. Con el gasto público, al priorizar la inversión en educación y protección social, la política fiscal contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad, y permite a los niños y a las niñas acceder a oportunidades educativas, y a las familias a trabajos más seguros y sostenibles. Además, los presupuestos de gasto se pueden dirigir al fortalecimiento de los sistemas de protección infantil y a los mecanismos de inspección laboral para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y la protección de los derechos de las niñas y los niños trabajadores.
Entonces, erradicar el trabajo infantil requiere el compromiso y la acción de todos los sectores, incluyendo al funcionariado a cargo de los entes rectores de la política fiscal. En vez de permanecer al margen o en la sombra de este esfuerzo, los ministerios o secretarías de finanzas o hacienda deben demostrar liderazgo activo, con resultados verificables a favor de la niñez y la adolescencia, impulsando e implementando medidas fiscales como las mencionadas.
[1] Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 32.
[2] Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Informe sobre trabajo infantil en Guatemala (2014).
[3] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Monitoring the situation of children and women, en: https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/
