Tegucigalpa.-Policías y militares agredieron violentamente esta mañana a 300 familias campesinas durante un desalojo de tierras, ordenado por un juez en beneficio del grupo empresarial Corporación Dinat, en la conflictiva zona del Bajo Aguán.
El acto violento, que afectó a 300 familias, se desarrolló a partir de las 6:30 de la mañana en el finca San Isidro, en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, tras una orden de desalojo emitida por el juez de jurisdicción nacional, Carlos Irías de León, denunciado por los afectados por prestarse al tráfico de influencias.
Los agentes de seguridad del Estado lanzaron bombas lacrimógenas a los campesinos para obligarlos a salir de la zona.
Para esta acción fue nombrada como juez ejecutor, Sandra Leiva de la Dirección Policial de Investigación, ante quien las familias aglutinadas en la Cooperativa San Isidro, presentaron títulos de propiedad extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA), que los acredita como legítimos dueños de las tierras.
Jaime Cabrera, coordinador de Plataforma Agraria del Bajo Aguán, lamentó que las autoridades de la Gobernación Departamental de Colón, no hayan evitado el desalojo pese a que los campesinos plantearon la instalación de un diálogo para revisar los títulos de propiedad que poseen los miembros de la Cooperativa San Isidro.
Cabrera apuntó que, de acuerdo a la documentación, los campesinos son dueños de la propiedad en conflicto, mientras la Corporación Dinat está usurpando las tierras.
El dirigente campesino acusó a los propietarios del grupo empresarial de pagar al ejército, la policía y al juez para practicar el desalojo.
“Es triste saber que uno como campesino está aquí luchando por lo propio y esta gente sin ser dueñas vienen a reprimirnos a nosotros aquí. La empresa Dinat—que se dice que es la dueña—a nosotros nos vienen a reprimir y siendo propietarios y teniendo un título de propiedad dado por el Instituto Nacional Agrario (INA), que nos hace constar que nosotros somos dueños y señores de lo que tenemos”: Juan Miguel López, campesino y miembro de la Finca San Isidro.
Durante el desalojo el comunicador social y dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Vitalino Álvarez, fue agredido físicamente por cuatro militares, quienes le decomisaron la cámara de video con la que grababa la acción violenta.
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