Por: Redacción CRITERIO
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Teniendo como objetivo prioritario la reforma policial, la Secretaría de Seguridad, hizo público el marco estratégico de esa dependencia ministerial, ante los representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
La presentación de este instrumento de planeación institucional estuvo a cargo del Sub Comisionado de Policía Gerson Velásquez, director de planeación estratégica, relaciones internacionales y cooperación externa, de la Secretaría de Seguridad, quien apuntó que, “partimos de un contexto social donde la violencia es muy alta y tenemos grandes desafíos”.
Además de la reforma policial efectiva, la plataforma estratégica de la Secretaría de Seguridad, incluye como objetivos fundamentales la prevención social y la acción policial comunitaria, la coordinación interinstitucional e supranacional, la transparencia y rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y la reducción de los altos niveles de impunidad en el país.
El plan estratégico, que tiene vigencia en el período 2015-2022, establece como indicadores de gestión: 1) Mejorar la confianza ciudadana en la Policía Nacional, 2) Reducir los homicidios a la mitad en el lapso 2013-2017, 3) Disminuir la Impunidad, mejorando la capacidad de investigación efectiva de los delitos, y 4) Cumplir los acuerdos con Transparencia Internacional y rendir cuentas anualmente.
«Estamos intentando crear una estrategia que nos permita transparentar todos nuestros procesos y poner a disposición del usuario la información que manejamos, siempre y cuando no vulnere derechos y garantías de los procesados, porque la seguridad pública no debe ser un secreto», manifestó el oficial de policía.
Luego de la presentación, los representantes de las organizaciones ciudadanas e instituciones académicas pertenecientes a la APJ, manifestaron sentirse satisfechos con el paso importante que estaba dando la Secretaría de Seguridad, al formular e implementar un plan estratégico de mediano plazo, demanda que –desde hace varios años- habían realizado diferentes organizaciones no gubernamentales y movimiento sociales en el país; del mismo modo, indicaron que es impostergable definir indicadores de resultados e impacto, así como dejar en claro una apuesta irreversible de desmilitarización de la institución policial.
Omar Rivera, coordinador general de la APJ, destacó que la iniciativa gubernamental tiene un componente importante en materia de combate a la corrupción, la prevención de la violencia y mayor articulación de los distintos operadores de justicia, que se constituye en “una oportunidad para ganarle la guarra al crimen organizado y la delincuencia común”.
Advirtió también que “hay elementos que pueden demostrar buena voluntad para la implementación de ese plan, en primer lugar no arroparse en la Ley de Secretos para ocultar las transacciones que tienen que ver con el sector seguridad, garantizar que el proceso de depuración no solo implique sacar a los malos policías sino que existe un proceso de juzgamiento y castigo”.
Finalmente, Rivera hizo un llamado al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, principalmente al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para que en paralelo a la aprobación de este plan, se asignen los recursos financieros, logísticos y técnicos para el desarrollo exitoso de este proyecto.
Por su parte la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos dijo al salir que “ha sido una presentación donde se ha hablado de los objetivos y de cómo piensan ellos fortalecer la institución policial, implementado mucha capacitación y formación”.
Apuntó que lo planteado es una planificación por resultados, “es muy importante que sea una planificación por metas y no por objetivos y sobre todo ver el planteamiento de cómo se pretende manejar el conflicto social que hay en el país”.
Desatacó que la meta que se ha propuesto la policía para el 2017 es reducir las muertes a 40 decesos por cada cien mil habitantes y si lo lograr será bueno para el país.
Asimismo, se hicieron presentes en la reunión, representantes de la cooperación internacional, entre los que destacan la Embajada de los Estados Unidos de América, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituto Nacional Demócrata (NDI).
