Organizaciones de derechos humanos denuncian la prohibición de ingreso al juzgado, resaltando la necesidad de un juicio justo y la protección de los derechos de las defensoras en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – – En un acto que ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos, la Policía Nacional y el personal de seguridad del Juzgado de Letras de La Ceiba han negado el ingreso a defensoras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas al juicio oral y público de la defensora Nolvia Obando, que fue reprogramado para este día, 28 de agosto. Obando enfrenta acusaciones por parte del Ministerio Público de usurpación, un cargo catalogado como injusto y motivado por su labor en defensa de la tierra.
De acuerdo con la denuncia que fue presentada por la Red Nacional de Defensoras en Honduras, la policía argumentó que no podían permanecer en la entrada debido a la cantidad de personas y que su presencia en las gradas podría obstaculizar el paso.
En solidaridad con Obando, el movimiento Las Galileas se movilizó desde sus comunidades para acompañar a Obando en este proceso. Sin embargo, cuando cinco compañeras intentaron ingresar al juzgado como observadoras, se les prohibió estar en las afueras del recinto, argumentando que hacía dos semanas había habido disturbios.
Vilma Martínez, del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, cuestionó el accionar de los agentes policiales, tomando en cuenta que el recinto judicial es público. “Nosotras las mujeres no venimos armadas, no traemos nada en las manos, sólo venimos con la verdad”, expresó.
Martínez, señaló que en Honduras la justicia se administra de manera que favorece a quienes tienen intereses económicos, lo que evidencia un sistema judicial profundamente desigual. “Nos duele mirar que hay preferencia para los que tienen dinero, nosotras somo pobres y estamos personalmente demostrando quienes somos, no venimos a agredirlos”, recalcó.
Este no es un incidente aislado. El pasado 12 de agosto, durante un plantón en apoyo a Nolvia, la Policía Nacional también impidió el acceso y tomó fotografías de las defensoras, además de solicitar información sobre ellas y sus comunidades. Estos actos reflejan un patrón de hostigamiento y represión por parte de las autoridades, que han sido denunciados ampliamente por organizaciones defensoras de derechos humanos.
PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN CONTRA NOLVIA ES INJUSTO
Desde su detención en marzo de 2023, Nolvia Obando, campesina acusada de usurpación, ha enfrentado graves violaciones a sus derechos durante el proceso judicial en su contra. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha denunciado el uso indebido del sistema penal para hostigar y criminalizar a Nolvia, quien defiende el derecho a la tierra y la alimentación y que fue capturada y exhibida ante los medios de comunicación como delincuente.
“Este es un proceso injusto, ha habido múltiples violaciones a sus derechos durante todo el proceso, aun en el proceso de judicialización” recriminó Katherin Cruz Cerrato, de la Red de Defensoras.
Organizaciones nacionales presentaron un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado siete de agosto para visibilizar la lucha de las mujeres campesinas por sus derechos y cuestionar la criminalización de defensoras como Nolvia. Ante este panorama, la Red Nacional de Defensoras exige la libertad total de Nolvia Obando, señalando que es inocente y ha sido víctima de un proceso judicial injusto y plagado de violaciones a sus derechos humanos.
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RESPALDO A NOLVIA OBANDO
El caso de Nolvia Obando ha puesto de relieve las múltiples violaciones que enfrenta el sistema de justicia en Honduras, donde la criminalización de defensores de derechos humanos es una práctica alarmantemente común.
Según informes de la Red Nacional de Defensoras, en 2023 se registró un incremento del 125% en las agresiones contra mujeres defensoras en Honduras, con un total de 2,687 ataques. Las defensoras que protegen el territorio y los bienes comunes son especialmente vulnerables.
organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su apoyo a la lideresa campesina. Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, quienes enfrentan procesos judiciales injustos y con irregularidades. La organización ha exigido al Estado hondureño que garantice juicios justos y se abstenga de utilizar el sistema penal para hostigar a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos, los bienes comunes y los territorios.
De igual manera, Peace Brigades International (PBI) en Honduras ha enfatizado la importancia de respetar el carácter público del juicio que se desarrolla en contra de Nolvia Obando, subrayando que la transparencia es fundamental para garantizar un proceso justo.
El acceso público a los juicios no sólo permite la observación de las irregularidades que puedan surgir, sino que también fortalece la rendición de cuentas y la confianza en el sistema judicial, aspectos esenciales en un contexto donde la criminalización de defensoras es una práctica común.
Este contexto de criminalización, no sólo perpetúa la impunidad, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia, generando un ambiente de desprotección para quienes defienden los derechos sociales y ambientales en el país.
