La facultad está contemplada en un Decreto Ejecutivo en compras para la construcción y acondicionamiento de centros penitenciarios y continuar el reclutamiento, capacitación y formación especializada de custodios para el sistema carcelario.
Cuestionan que se están utilizando compras directas u otros decretos ejecutivos para abolir los procesos de compras, ya que se está volviendo una práctica común en los gobiernos.
Tegucigalpa, Honduras. -Con la aprobación del PCM 18-2024, con el cual se extendió la intervención militar en los centros penitenciarios del país, el Gobierno de Honduras autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a proceder con la compra y adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento adecuado de los centros penales a través de un proceso de contratación directa.
El 21 de junio de 2024, se renovó el decreto ejecutivo que impuso el control de los centros penitenciarios, medida que sido impulsada por la presidenta Xiomara Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), surgió como respuesta a la tragedia ocurrida el pasado 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS), en el que fueron asesinadas 46 privadas de libertad. Y fue renovada el pasado 21 de junio de 2024.
Esta medida que ha sido cuestionada por organismos internaciones y defensores de derechos humanos, ya que el manejo y control del sistema penitenciario debe ser ejercido por civiles y no por militares.
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PMOP FACULTADA PARA REALIZAR COMPRAS DIRECTAS
Con este decreto la Policía Militar de Orden Público (PMOP), tiene vía libre para la adquisición directa, con la que se eluden los procesos de compras, de los insumos necesarios para la construcción de dos centros penitenciarios y acondicionamiento y ampliación de todos los centros de reclusión en todo el país.
El artículo 2 dice textualmente que se “autoriza a la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP), para que, en su condición de Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, proceda mediante la modalidad de contratación directa, a adquirir los bienes y servicios necesarios para el sistema penitenciario”.
En ese mismo inciso se habla de la compra directa de todo insumo necesario para la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), que estará ubicado en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho; la edificación de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, y la finalización de la construcción del Centro Penal de Naco, en el departamento de Cortés.
Con la entrada en vigor del decreto ejecutivo 18-2024 se le permite a la PMOP adquirir recursos de manera rápida y sin los procedimientos de licitación pública habituales. Según el gobierno, esta flexibilidad es esencial para abordar de manera efectiva los problemas urgentes de los centros penales, incluidos los incidentes de violencia y corrupción.
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CUESTIONAN QUE MILITARES SEAN FACULTADOS PARA REALIZAR COMPRAS DIRECTAS
Esta decisión ha suscitado diversas reacciones en la sociedad hondureña. Mientras algunos ven esta medida como una solución necesaria para los problemas de seguridad en las cárceles, otros expresan preocupación por la posible falta de transparencia y el riesgo de corrupción asociado con los procesos de contratación directa.
Mirna Flores, investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), señaló que con la aprobación de estos decretos ejecutivos que avalan las compras directas, se permite que los presupuestos se manejen con opacidad.
En una entrevista brindada a Criterio.hn la investigadora explicó que con la declaratoria de emergencia se justifican las compras directas y esto a su vez blinda la información sobre la erogación de dinero que se realiza en las contrataciones que realizará la PMOP.
Pie de foto: La investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Mirna Flores, externó que la construcción de estos centros penitenciarios de máxima seguridad se quiere emular lo realizado en El Salvador.
Entre tanto, el exdiputado del Partido Anticorrupción (Pac), Aníbal Cálix, mencionó que la figura de compras directas ha sido utilizada históricamente para eludir la transparencia en la gestión de recursos públicos. En ese sentido, recordó la millonaria compra de hospitales móviles para atender la emergencia por Covid-19.
Añadió que, para evitar suspicacias o cuestionamientos sobre corrupción en las compras directas, lo ideal sería la publicación de la información y solicitar el acompañamiento de veedores para que certifiquen que los procesos son transparentes.
“Hay que recordar que en Honduras se han cometido actos de corrupción por medio de redes en el cual la empresa que brinda los productos y servicios incrementan los precios y bajo ese incremento es como sale la coima para el funcionario o en determinado momento la aportación para la próxima campaña del partido político que le adjudicó el contrato”, dijo el excongresista en una entrevista brindada días atrás a Criterio.hn.
