La designación de maras y pandillas como terroristas y el discurso de seguridad promovido desde Washington despiertan temores de que Honduras vuelva a ser escenario de una intervención silenciosa, justificada bajo el argumento de combatir la violencia, pero con profundas implicaciones para la soberanía nacional
Tegucigalpa, Honduras. –La reciente publicación de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, en la que reafirma que en el país operan maras y pandillas como la MS-13 y el Barrio 18, ahora designadas como organizaciones terroristas, ha reavivado el debate sobre los verdaderos alcances de la política de seguridad estadounidense y sus implicaciones para la soberanía hondureña.
Sin embargo, juristas y representantes de movimientos sociales advierten que esta narrativa podría convertirse en una justificación para una mayor intervención política y de seguridad de EE.UU. en Honduras, bajo el argumento de combatir el terrorismo.
En ese sentido, señalan que la estrategia de etiquetar organizaciones criminales y de narcotráfico como terroristas no es nueva y ha sido utilizada históricamente por Washington para ampliar su influencia en países que son considerados estratégicos.
La sede diplomática sostuvo que estas designaciones brindan a las fuerzas del orden “herramientas clave para desmantelar redes criminales” y permiten acciones como el bloqueo de activos, la imposición de sanciones penales y la aplicación de restricciones de visado a quienes apoyen a estos grupos.
Según el mensaje difundido en redes sociales oficiales, las categorías de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) fortalecen el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Honduras para enfrentar la violencia y el crimen transnacional que afecta a ambos países.
La Embajada subrayó que la inclusión de la MS-13 y el Barrio 18, al igual que el Tren de Aragua y otros cárteles mexicanos, en estas listas refuerza los esfuerzos bilaterales contra estructuras criminales que, a su juicio, operan más allá de las fronteras y representan una amenaza para Honduras y la región.
Estos mensajes resultan contradictorios al recordar que el el presidente estadounidense Donald Trump, manifestó desde en la red social Truth su respaldo a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, pese a que este instituto político ha sido vinculado con maras y pandillas por investigaciones periodísticas y por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Esta aparente contradicción fue abordada por el medio estadounidense The Intercept, que publicó una investigación en la que detalla cómo Trump y la Mara Salvatrucha (MS-13), organización que él mismo designó como terrorista, coincidieron en su apoyo al mismo candidato durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras.
El reportaje recoge testimonios de residentes en barrios controlados por las maras y pandillas, quienes afirmaron que miembros de estas estructuras amenazaron a simpatizantes del gobernante Partido Libertad y Refundación, advirtiéndoles que matarían a familias completas si votaban por los candidatos de Libre.
De acuerdo con la investigación, los pandilleros no sólo impusieron el voto en determinadas zonas, sino que también utilizaron mototaxis bajo su control para trasladar electores, revisaron papeletas dentro de centros de votación e impidieron que simpatizantes del Parito Libre movilizaran a sus propios votantes.
Ese mismo día, el Sistema Nacional de Emergencias 911 registró 892 denuncias de irregularidades electorales, varias de ellas acompañadas de grabaciones en las que ciudadanos aseguraban que mareros se presentaron como supuestos observadores para intimidar a quienes pretendían votar por Rixi Moncada, la candidata del oficialista Partido Libre.
Cerpas explicó a Criterio.hn que, aunque se entregó ese número de denuncias formales, entre el sábado y el domingo electoral el sistema recibió más de cinco mil llamadas relacionadas con irregularidades y hechos de violencia.
El contexto histórico refuerza las sospechas de un uso político del discurso de seguridad. En mayo de 2023, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una moción preliminar en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández y el exjefe policial Juan Carlos Bonilla Valladares, acusados de narcotráfico.
En ese documento, fiscales estadounidenses señalaron que Hernández habría pagado a pandilleros para incitar actos de violencia durante las protestas contra el fraude electoral de 2017, con el fin de justificar el uso de la fuerza estatal contra los manifestantes.
Lea: Estructuras criminales habrían operado para influir en el voto, según 911
DESIGNAR MARAS COMO TERRORISTAS: ¿COOPERACIÓN EN SEGURIDAD O PRESIÓN GEOPOLÍTICA?
Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), explicó a este medio digital que el giro hacia la narrativa del terrorismo responde al desgaste del discurso antidrogas utilizado por Estados Unidos durante años en la región.
A juicio del también exfiscal ante el fracaso de la estrategia centrada exclusivamente en el narcotráfico, Washington recurre ahora al concepto de “narcoterrorismo”, vinculando maras, pandillas y crimen organizado para dotar de apariencia legal a una política de intervención en Latinoamérica.
Desde su perspectiva, esta estrategia no se limita a Honduras, sino que se extiende por la región centroamericana, México y países de Sudamérica, como parte de una visión geopolítica más amplia.
“El propósito final sigue siendo el mismo: controlar territorios, recursos, autodeterminación y soberanía, bajo el argumento de la seguridad”, sostiene Fernández, quien también señala la creciente presencia económica de potencias como China y Rusia en la región.
Vea: Narcotráfico financió fraudes electorales de JOH en 2013 y 2017: Fiscalía EUA
Martín Fernández, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), considera que Estados Unidos históricamente ha buscado excusas para mantener presencia e injerencia en otros países, especialmente en Latinoamérica.
Para el defensor del ambiente, el terrorismo, las drogas, la corrupción o ahora las maras y pandillas han sido argumentos recurrentes para justificar vigilancia y control sobre procesos políticos que no se alinean con los intereses estadounidenses.
Fernández recuerda que el Partido Nacional utilizó en el pasado la bandera de la “mano dura” contra las maras, especialmente durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), periodo marcado por masacres en centros penitenciarios como San Pedro Sula, La Ceiba y El Porvenir.
“Con el paso del tiempo diversas investigaciones han evidenciado los nexos entre estructuras del Partido Nacional y organizaciones criminales, lo que vuelve desvergonzado presentar ahora a ese partido como un actor legítimo en la lucha contra un flagelo del cual habría sido parte”, remarcó el defensor.
En ese escenario, la designación de maras y pandillas como organizaciones terroristas no solo abre un nuevo capítulo en la política de seguridad regional, sino que también plantea interrogantes profundos sobre soberanía, coherencia diplomática y el uso del miedo como herramienta de control.
