Aunque el Poder Judicial todavía no se pronuncia, sectores de sociedad civil denuncian que los magistrados oficialistas estarían fraguando la idea de reformar el reglamento interno para establecer que no se deben hacer las rotaciones y, de esa manera, permitir que la presidencia de la Sala de lo Constitucional continúa en manos de Libertad y Refundación
Tegucigalpa, Honduras.– Aunque no es ilegal no hacerlo, ni tampoco va en contra de lo que manda la Constitución de la República y el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), analistas políticos y juridicos consideran que debería llevarse a cabo la rotación de magistrados en la presidencia y coordinación de las distintas salas que integran el Poder Judicial.
El abogado Constitucionalista Joaquín Mejía planteó que, tanto la rotación en la coordinación y presidencia de las salas que integran el Poder Judicial, está en las intenciones que tengan la mayoría de magistrados, es decir, con 12 votos a favor se hace la rotación y, de igual manera, con 12 de los 15 votos en contra, simplemente no se ejecuta, porque tampoco lo exige el reglamento interno ni Constitución.
“Mientras no se pongan de acuerdo las tres cuartas partes no se puede hacer la rotación y no es ilegal; no es inconstitucional, eso es simplemente parte de la organización interna de la Corte Suprema de Justicia”, explicó Mejía en un foro televisivo la mañana de este lunes.
Agregó que “las rotaciones deben permitirse por dos cosas: costumbre y reglamento. Eso dice el reglamento interno, ni siquiera tiene rango de ley. Ahora bien, una cosa es lo jurídico, es decir, está permitido, si no se ponen de acuerdo continúan como están. La falta de acuerdos la hemos visto en el propio Congreso Nacional”.
El artículo 16 del reglamento interno que rige al Poder Judicial, establece que los 15 magistrados fueron electos bajo igualdad de condiciones, es decir, todos, según la evaluación que realizó la extinta Junta Nominadora, están en condiciones de ser presidentes, en el caso de la Sala de lo Constitucional y coordinadores de la Penal, Laboral y Civil.
El reglamento establece que, en efecto, se deben ejecutar las rotaciones para promover la independencia y la no subordinación permanente de abogados que, por algún motivo, procuran ocupar la presidencia y coordinación por los siete años que manda la Constitución.
Sin embargo, como lo explicó el abogado Mejía, según el reglamento, no hay sanciones para los abogados que ocupen la coordinación y presidencia de la sala durante los siete años, algo que se pudo evidenciar entre 2016 y 2023, años que Rolando Argueta dominó bajo la manipulación del Partido Nacional el Poder Judicial.
Actualmente la presidencia de la Sala de lo Constitucional, la más debatida por los partidos políticos, está bajo la presidencia de la magistrada Sonia Marlina Dubón afín al oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) y, según el arden con el que fue publicado en el diario oficial La Gaceta, un año después de la elección en el Congreso Nacional, la presidencia debería recaer sobre Luis Fernando Padilla, allegado al Partido Nacional.
De igual manera, el analista político José María Díaz planteó que la rotación se debe hacer porque así manda el reglamento interno del Poder Judicial y, debe aplicarse, sin permitir la injerencia de la clase política.
“La rotación es saludable, se debe de hacer sin permitir la injerencia de la clase política. Es importante hacerlas porque vienen, por ejemplo, las elecciones del Colegio de Abogados y se ha utilizado mucho la Sala de lo Constitucional para aspectos políticos”, mencionó Díaz en medios de comunicación.
Añadió que “se utiliza mucho la figura del amparo para terminar alterando la verdadera voluntad de los profesionales (…) hay bastante inherencia porque si tenemos activistas políticos y no abogados, el Poder Judicial va mal”.
La Sala de lo Constitucional es la más apetecible porque generalmente resuelve los temas políticos. Actualmente ha sido cuestionada porque no se ha pronunciado respecto a temas de interés nacional, como declarar inconstitucionales pactos de impunidad que promueven la corrupción e impunidad.
Además, tampoco ha resuelto los recursos de amparo que presentaron los abogados Mario Roberto Urquía y Luis Javier Santos, tras ser inhabilitados de manera arbitraria en su aspiración de ser la máxima autoridad del Ministerio Público (MP).
La presidenta de dicha sala, Sonia Marlina Dubón, es la esposa el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien fue beneficiado con el pacto de impunidad 04-2022, al cual se le presentó un recurso de inconstitucionalidad el 8 de marzo de 2022, por considerar que violenta el artículo 231 de la Constitución, sin embargo, todavía no lo han resuelto.
De igual interés: Xiomara Castro, dos años de promesas cumplidas, incumplidas y a medias
DENUNCIAN REFORMAS AL REGLAMENTO PARA NO HACER ROTACIONES
Precisamente en los últimos días políticos de oposición y organización de sociedad civil han denunciado que los magistrados afines al oficialismo están fraguando una reforma al reglamento interno del Poder Judicial, para no tener que hacer las rotaciones anuales en las coordinaciones y presidencia de la Sala de lo Constitucional.
“El CNA conoció de intenciones oscuras que buscan modificar la normativa vigente para impedir la alternabilidad en dichas salas, irrespetando lo contemplado en el artículo 16 del reglamento interior de la CSJ”, dice parte de la denuncia pública presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) este día.
Sin embargo, para que la supuesta reforma se materialice, se debe tener mayoría de votos, es decir, 12 de 15. El partido oficialista cuenta con seis magistrados, de los cuales, dos poseen los cargos más codiciados que son: presidencia del Poder Judicial (Rebeca Ráquel Obando) y de la Sala Constitucional. Y, la oposición cuenta con la mayoría (9), cinco nacionalistas y cuatro liberales que, en pleno consenso, se podrían unir a las iniciativas de Libre.
La posible rotación de magistrados, de acuerdo con el reglamento, debía de hacerse el pasado 28 de enero, no obstante, se hará hasta el 17 de febrero porque ese día, pero en 2023, fue que los diputados lograron llegar a consensos para elegir a los magistrados y, por consiguiente, esa fecha fue sancionado y publicado en La Gaceta.
