Criterio.hn realizó un análisis de los sueldos percibidos por los gobernadores departamentales entre marzo de 2022 y septiembre de 2025, en el que se gastaron más de 28 millones de lempiras
Para el analista político, Lester Ramírez, las gobernaciones son piezas políticas del Ejecutivo y un canal de influencia partidaria en los territorios
Tegucigalpa, Honduras. -La figura del gobernador departamental, nombrada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), se mantiene como una de las estructuras más tradicionales —y menos fiscalizadas— del aparato estatal.
Aunque su papel es representar al Ejecutivo en cada departamento, los registros de los últimos cuatro años sugieren que el sistema opera con disparidades salariales, y vacancias prolongadas en departamentos como Francisco Morazán y Santa Bárbara. Por otro lado, se cuestiona la poca información sobre las actividades o el posible manejo de recursos de estos funcionarios.
Criterio.hn realizó un análisis de los sueldos pagados a los gobernadores departamentales desde marzo de 2022 hasta septiembre de 2025, durante ese periodo se gastaron 28,672,616.37 lempiras.
Por ejemplo, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto total en salarios de los gobernadores departamentales ascendió a más de 6.5 millones de lempiras, distribuidos entre 15 departamentos activos.
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¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE UN GOBERNADOR DEPARTAMENTAL?
Según la Ley de Municipalidades, el gobernador departamental es el enlace directo entre el gobierno central y las autoridades locales –sean alcaldes o secretarios de Estado–.
Su función, establecida en el artículo 6, exige que la persona designada haya residido de forma continua en el departamento durante al menos cinco años y que cumpla los mismos requisitos que un alcalde.
Asimismo, se establece que sus atribuciones incluyen supervisar las dependencias estatales, promover la gobernabilidad, mediar conflictos municipales y representar al Poder Ejecutivo en actos oficiales dentro del territorio.
Mientras que el artículo 7, de la referida normativa, detalla nueve funciones específicas, entre ellas supervisar los centros penitenciarios, resolver recursos de apelación contra municipalidades y asistir a las sesiones de las corporaciones locales al menos una vez al año con voz, pero sin voto.
Lester Ramírez, analista político y abogado, explicó que las funciones de los gobernadores son limitadas y, en algunos casos, responden a la agenda del partido de gobierno.
Durante una entrevista brindada a este medio digital mencionó que los gobernadores departamentales han sido un canal para distribuir ayudas sociales –como las otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)– “ esta ayuda en aquellos municipios que no eran afines a Libertad y Refundación (Libre)”.
Lo anterior no es algo alejado de la realidad. En Cane, La Paz el gobernador de ese departamento, Robinson Banegas, ha sido un enlace activo del Poder Ejecutivo, ya que se la ha visto en actividades como la entrega del Bono Tecnológico [que es distribuido por la SAG].
Francisco Bustillo, alcalde de Cane, fue elegido en dos períodos consecutivos en las filas del Partido Liberal, sin embargo, en febrero de 2024 pasó a formar parte del oficialista Partido Libre.
Bustillo busca ser reelecto en su cargo, pero esta vez bajo la bandera de Libertad y Refundación.
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SUELDOS VARÍAN POR DEPARTAMENTO
Sin embargo, la práctica dista del marco legal. Entre 2022 y 2025, los salarios de los gobernadores departamentales de Honduras han mostrado que en al
En 2022, los gobernadores percibieron un total conjunto de L. 4,953,600.00. Un año después, la cifra aumentó a L. 8,629,272.00, y para 2024 el gasto total alcanzó 8,517,683.70 lempiras.
Los salarios son diferenciados y reciben incrementos al pasar de los meses, por ejemplo el gobernador departamental de Atlántida en marzo de 2022 erogó 40,800.00 lempiras, en mayo de 2023 se observó un aumento de 1,200 lempiras –quedando en 42,000.00 lempiras– y para septiembre de 2025 su remuneración mensual fue de 51,276.89 lempiras.
Mientras que el gobernador de Comayagua percibió un sueldo de 39,800.00 lempiras hasta mayo de 2023, cuando su ingreso mensual fue de L41,000.00 para septiembre de 2025 fue de 46,116.00 lempiras.
En contraste, en Atlántida, Cortés, Choluteca y Lempira, los salarios alcanzaron el máximo anual de L. 566,088.78, sin interrupciones ni meses vacantes.
Esta diferencia de más de 427,000 lempiras entre el salario más bajo y el más alto sugiere no sólo desigualdad administrativa, sino una ejecución presupuestaria carente de criterios uniformes.
En departamentos como Yoro, Gracias a Dios y Santa Bárbara, los registros muestran montos anuales muy por debajo del promedio nacional, incluso inferiores a los 280,000 lempiras anuales.
En varios departamentos —entre ellos Comayagua, El Paraíso, Olancho y Francisco Morazán— se registraron períodos sin pago o con vacancias, lo que puede atribuirse a retrasos en los nombramientos o a transiciones políticas locales.
Un ejemplo de ello es Carlos Eduardo Reina, hoy candidato a diputado por el Partido Libre, quien fue nombrado gobernador de Francisco Morazán en abril de 2024. Pero renunció en diciembre de 2024, debido a sus intenciones de optar a un cargo de elección popular.
Esta falta de consistencia contable impide conocer con exactitud cuánto se ha gastado realmente y en qué meses los gobernadores estuvieron activos o cesantes.
Los salarios más altos, registrados en quince de los dieciocho departamentos, reflejan una política aparentemente homogénea, aunque no se dispone de evidencia clara sobre evaluaciones de desempeño o metas cumplidas por los gobernadores.
Por ejemplo, en el informe mensual de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización sólo existen tres menciones a la gestión del gobernador de La Paz, Robeinsson Banegas.
Otro punto son las asistencias técnicas administrativas solicitadas por los gobernadores. Según el documento del 1 de enero al 31 de marzo se solicitaron nueve asistencias en los departamentos de Francisco Morazán, Atlántida, Puerto Cortés, Islas de la Bahía, Choluteca, Comayagua y Santa Bárbara.
La Secretaría de Gobernación y Justicia ha mantenido la estructura salarial congelada, pese a que otros empleados públicos, especialmente los auxiliares de las gobernaciones, sí recibieron incrementos entre 1,000 y 3,000 lempiras en los últimos dos años.
De acuerdo con los registros revisados, solo entre enero y octubre de 2025, los gobernadores departamentales han percibido L6,405,967.65. Los montos varían entre 46,000 y 51,000 lempiras mensuales, lo que indica que algunas gobernaciones aplicaron incrementos parciales o ajustes temporales.
El problema no radica únicamente en la remuneración, sino en la opacidad de la información pública. Los datos disponibles carecen de profundidad a la hora de explicar las actividades de los gobernadores y no siempre incluyen nombres, períodos exactos o fechas de nombramiento.
El análisis de las planillas también evidencia que los departamentos con gobernadores más estables suelen coincidir con los de mayor presencia política o económica, como Cortés, Atlántida y Choluteca.
En cambio, las zonas más aisladas o con conflictos territoriales —como Gracias a Dios o Yoro— presentan los registros más incompletos, lo que sugiere desigualdad institucional en la gestión pública.
¿ES NECESARIA LA FIGURA DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL?
Aunque la figura del gobernador sigue siendo un cargo de confianza política, su función esencial debería orientarse a la articulación de políticas locales y la supervisión del funcionamiento estatal en los territorios de mayor abandono gubernamental.
En la práctica, la posición se ha mantenido como un puesto administrativo de baja visibilidad, con recursos limitados y una influencia política reducida fuera de los períodos electorales.
A juicio del abogado y analista político, Lester Ramírez, es difícil que la figura de gobernador departamental sea eliminada de la Ley de Municipalidades porque “tiene una función política muy importante para los gobiernos”.
No obstante, mencionó que pese a su importancia para el Poder Ejecutivo en la práctica están relegados por la falta de recursos, institucionalidad débil y generalmente son activistas políticos del departamento.
En ese sentido, sugirió fortalecer sus funciones y darles un rol más técnicos, especialmente en temas de infraestructura y obras menores que beneficien a los municipios
Además, señaló que las gobernaciones departamentales operan con poca supervisión y sin indicadores de gestión, lo que las convierte en estructuras burocráticas costosas y de impacto incierto.
Los 8.5 millones anuales invertidos en sueldos, sin incluir personal auxiliar, representan un gasto considerable para un sistema que carece de mecanismos de evaluación de resultados o transparencia efectiva.
La ausencia de auditorías públicas sobre el funcionamiento de las gobernaciones y la falta de rendición de cuentas refuerzan la percepción de que se trata de una institución más simbólica que operativas.
Al cierre de 2025, la figura del gobernador departamental sigue siendo una estructura heredada, con funciones ampliadas en papel, pero con un desempeño limitado en la práctica, salarios congelados y una gestión marcada por la desigualdad y la falta de transparencia.
