Tegucigalpa.- En medio del racismo institucional y el abuso de autoridad demostrado por el Ministerio Público en la audiencia inicial contra las y los defensores garífunas de Punta Gorda, un hecho quedó evidenciado: la necesidad que el Poder Ejecutivo instruya a las Fuerzas Armadas no participar en desalojos.
El experto en derechos humanos y derecho constitucional, Joaquín Mejía calificó como “despreciable” la utilización de los militares en desalojos por parte del Ministerio Público. Por lo que considera “fundamental que desde el Ejecutivo se de los lineamientos necesarios para que los militares no tengan en consideración estas solicitudes”, aun cuando sean giradas por el Ministerio Público.
Mejía señaló a Criterio.hn que la promesa de campaña del gobierno de la presidenta Xiomara Castro es la desmilitarización de la seguridad ciudadana, por lo que la participación de estos en un desalojo contra la comunidad garífuna de Punta Gorda fue bastante criticable.
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Aunque reconoció que desde el Ejecutivo también se ordenó el retiro de militares presentes en el desalojo luego que se conoció su participación y además se relevó a los responsables de permitir que participaran.
“Esas dos cuestiones, son muy importantes y algo positivo que destacar de lo que hizo el Poder Ejecutivo”, afirmó. No obstante, agregó, “para que eso no vuelva a pasar es necesario que el Poder Ejecutivo deje bien claras las líneas en el sentido de que ningún militar puede participar en ese tipo de eventos, porque eso corresponde a la Policía Nacional”.
CERCANÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON PODERES FÁCTICOS
El experto en derechos humanos y derecho constitucional señaló que en cuanto al papel que jugó el Ministerio Público, este no compete ni al Ejecutivo ni Judicial y tampoco al Congreso Nacional. “Eso es un asunto que le corresponde únicamente al Ministerio Público y ya sabemos perfectamente que el Fiscal General [Óscar Chinchilla] es alguien que ha estado muy cercano con los poderes fácticos de este país”, apuntó.
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Mejía reiteró que el Ministerio Público se ha convertido en una herramienta de represión, como lo demostró una vez más la fiscal Yescenia Canizales, en primer lugar, al ordenar la participación de militares en el desalojo y, en segundo lugar, al asumir una actitud inquisitoria contra el pueblo garífuna, ignorando los estándares internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas.
“En términos generales, es sumamente importante que desde el ejecutivo se tomen las medidas necesarias para de una vez por toda resolver la conflictividad vinculada con los territorios ancestrales de los pueblos indígenas”, teniendo en cuenta que Honduras ya fue condenado mediante las sentencias del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este mismo tema. De igual forma, Honduras ratificó el Convenio 169, por lo que tiene un deber de garantizar los derechos de los pueblos originarios.
En la misma línea, el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, quien representa a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), señaló que la Fiscalía de Roatán mostró un marcado interés personal que incluyó expresiones racistas, conducta y desconocimiento durante el juicio.
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“Pero, principalmente porque la fiscal organizó prácticamente, junto con el acusador privado, el desalojo. Es decir, que la jueza ejecutora simplemente era una funcionaria para cumplir el aspecto formal del desalojo”, señaló el abogado defensor en la audiencia de Punta Gorda.
De esta forma, sobrepasando la decisión del juez, quien ordenó un desalojo con la asistencia única de la Policía Nacional. Esto fue sumamente grave y delicado para efectos de legalidad del proceso, declaró Tábora.
