La lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras sigue siendo débil, ante interferencia de políticos en la persecución del delito
Tegucigalpa, Honduras.- El próximo 7 de abril se cumplirán 16 años desde que cuatro fiscales del Ministerio Público se apostaron debajo del Congreso Nacional y emprendieron una huelga de hambre que duró 38 días.
En la actualidad, todos ellos están desde diferentes trincheras. Luis Javier Santos, actual jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco); Jari Dixon Herrera, actual diputado de Libertad y Refundación (Libre); Soraya Morales, recientemente supervisora general de la Fiscalía; y Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ).
Dieciséis años atrás, el 7 de abril de 2008, Santos, Herrera, Morales y Fernández eran cuatro jóvenes fiscales adscritos a la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, que se oponían a rotaciones arbitrarias y denunciaban directamente al entonces fiscal general, Leónidas Rosa, por ordenar el engavetamiento de casos de corrupción de alto impacto.
Una fotografía de periódicos de la época donde se definía a los fiscales como “fiscales de la dignidad” Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
“Cuando nosotros iniciamos la huelga de hambre, había unos 40 o 50 casos de corrupción engavetados, lo que demostraba el comportamiento doloso de las autoridades del Ministerio Público, favoreciendo esos casos, y luego, para rematar, el Congreso Nacional los cerró”, rememoró este jueves Víctor Fernández durante el conversatorio Radiografía del sistema de justicia penal previo a la CICIH.
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Durante el conversatorio, organizado por instituciones como el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Abogados sin Fronteras y Cristosal, entre otras, estuvieron presentes tres de estos fiscales de entonces: Víctor Fernández, Jari Dixon Herrera y Soraya Morales.
POCO HA CAMBIADO
A dieciséis años de aquella huelga de hambre, poco ha cambiado en el combate institucional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, coincidieron los tres ponentes.
“No sé si los miles de folios que hay en la Uferco recibirán la continuidad debida, pero si solo las causas manejadas en la Uferco terminan con sentencia, habría un hito sin precedentes en nuestro país”, dijo Fernández.
“Hoy más que nunca es imperativo mantener a Luis Javier Santos en esa dependencia y darle herramientas, porque Luis Javier Santos se siente solo en su lucha contra la corrupción”, manifestó Herrera.
El exfiscal que protagonizó la huelga de hambre en 2008 agregó que, desde aquel momento, poco ha cambiado en un Ministerio Público que ha venido siendo dirigido por amigos y abogados privados de los políticos.
“El Ministerio Público comenzó a ser permeado por sectores corruptos cuando se dieron cuenta de que funcionaba, que había un fiscal general (Edmundo Orellana) con voluntad de hacer las cosas bien; le quitaron el brazo investigativo, después le quitaron presupuesto y después trajeron a sus abogados privados y los convirtieron en fiscales generales, políticos convirtiéndose en fiscales generales”, lamentó Jari Dixon Herrera.
“La corrupción está vista como algo en una nebulosa, porque como no deja sangre en el escenario, no deja heridos; entonces no todos los hondureños comprendemos el impacto de la corrupción. Factores como la falta de educación hacen que no se entienda. Es penoso que desde afuera se nos esté recordando que debemos luchar contra la corrupción”, expresó Morales.
CICIH Y CONGRESO NACIONAL
Durante el evento, se analizó cómo está actualmente el sistema de justicia penal previo a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y cómo el Congreso Nacional no ha cumplido con aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, derogar la inmunidad parlamentaria contenida en el decreto 117-2019 o aumentar las penas por delitos de corrupción dentro del Código Penal.
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Diputados del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, como Fátima Mena y Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), la diputada independiente Ligia Ramos, y el legislador de Libre, Yavhé Sabillón, ofrecieron comentarios y reconocieron cómo sectores políticos, incluso ajenos al Congreso Nacional, están boicoteando la aprobación y derogación de leyes necesarias para instalar la CICIH.
Desde el 15 de diciembre de 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno hondureño negocian el borrador que dará vida al convenio de la CICIH y que deberá pasar por la aprobación mínima de 65 diputados del Congreso Nacional.
