Por: José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo, CEPAL
En el reciente Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, que la CEPAL acaba de publicar, constatamos que la pobreza se redujo muy significativamente de 51,2% a 27,7% entre 1990 y 2014. Sin embargo, su reducción se detuvo a partir de entonces coincidiendo con el inicio de la segunda década perdida, y aumentó con la pandemia a 32,8% en 2020. En 2022 se redujo a 28,8% y en 2023 a 27,3%, que es el nivel más bajo desde que hay registro comparable. No obstante, se trata aún de 172 millones de personas en la región que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales.
En tanto, la pobreza extrema, que se había reducido de 15,5% en 1990 a 7,7% en el 2014, también detuvo su tendencia a partir de ese año y aumentó a 13,2% con la pandemia. Disminuyó a 11,1% en 2022 y a 10,6% en 2023, lo que corresponde a 66 millones de personas que no pueden adquirir una canasta básica de alimentos.
Además, en el informe se documenta cómo la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y cómo el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios.
Por otro lado, la alta desigualdad de ingresos persiste. En 2023 no presentó cambios significativos respecto al 2022. Y, como hemos señalado en informes anteriores, la distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso: el 10% de las personas de mayores ingresos concentra el 66% de la riqueza total y el 1% más rico concentra el 33%.
El foco del Panorama Social de este año está en la protección social no contributiva, área en la que se registran importantes avances, pero también la persistencia de altos niveles de desprotección. En 2022, 1 de cada 4 hogares (23,5%) carecía de accesoa la protección social, tanto contributiva como no contributiva, en 14 países de América Latina. Esta proporción se eleva a 1 de cada 3 hogares (36,5%) en el quintil de menores ingresos y en áreas rurales (29%).
La protección social no contributiva es fundamental en los hogares del primer quintil de menores ingresos. Esto quiere decir que las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) y los programas de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.
La expansión de los sistemas de pensiones no contributivas (SPNC) ha sido uno de los principales hitos del desarrollo de los sistemas de protección social en América Latina en este siglo. La cobertura de los SPNC entre las personas de 65 años y más aumentó de 3,4% a 31%, es decir, cerca de 28 puntos porcentuales, y la pobreza de esta misma población se redujo en 14,3 puntos porcentuales. Los SPNC son una política clave para la reducción de la pobreza en la vejez, por lo que es prioritario seguir ampliándolos y financiándolos.
El Panorama Social 2024 argumenta la necesidad de establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB, o entre 5% y 10% del gasto público total, como condición necesaria para erradicar la pobreza. En contraste, en promedio, los Ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe gastaban en la protección social no contributiva solo 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022.
En los próximos 25 años, la población de personas de 65 años y más se duplicará, alcanzando en 2050 a 138 millones de personas. Esto provocará una elevada demanda de cuidados que no puede ser atendida de manera informal en el seno de la familia y mayoritariamente por las mujeres, como sucede hoy en día. Es imperativo institucionalizar más las actividades de cuidado con esquemas tanto públicos como privados y mixtos.
En conclusión, una de las 11 transformaciones indispensables en los modelos de desarrollo de la región que hemos planteado desde la CEPAL es avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Para ello, urge robustecer la institucionalidad social con capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP). Los preparativos de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 2025 son una importante oportunidad para acelerar el paso en esta transformación y para visibilizar los avances y retos de la región en esta materia en el ámbito mundial.
