Acusan directamente al alcalde y a la corporación municipal de estar confabulados con las compañías mineras para desarrollar los proyectos, sabiendo que son dañinos para las comunidades
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La población del municipio de Tocoa en el departamento de Colón aglutinada en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, están en pie de lucha para no permitir que seis proyectos mineros se desarrollen en su municipio.
Según la información de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, rio Tocoa y Taujica.
Los pobladores denuncian que estos proyectos destruirán los ríos que dan vida a ese municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno municipal.
Comunicado
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
Ante la opinión pública local, nacional e internacional expresamos lo siguiente: El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colon, somos una expresión de unidad de organizaciones comunitarias, sectoriales, sociales, campesinas, instituciones no gubernamentales, iglesia y población no organizada que está bajo riesgo por el extractivismo minero y energético en el Municipio.
La corporación Municipal hizo declaración oficial respecto al Comité en conferencia de prensa el día jueves 7 de junio. El Alcalde Adán Fúnez y seis regidores que firmaron la declaración intentan limpiar una situación muy delicada en relación a derechos fundamentales del pueblo en el Municipio producto del concesionamiento territorial para minería. Entendemos que los proyectos mineros los otorga INHGEOMIN como autoridad minera estatal.
El 20 de enero de 2014, el ex Alcalde Héctor Hernández junto a 5 regidores aprobaron la entrada de empresas mineras al Municipio y la siguiente administración que entró 5 días después encabezada por el Alcalde Adán Fúnez no dijo nada sobre todo esto, su silencio la hace cómplice y los permisos de operación la hace responsable de los desastres sociales, ecológicos, ambientales y humanos que se avecinan.
La toma del edificio Municipal desde el lunes 04 de junio es una expresión de alerta ante los impactos que se ciernen sobre la vida en el Municipio. Se va levantando un muro entre las comunidades y dirigentes consientes de la amenaza y las comunidades amenazadas, pero bajo control de la empresa y el gobierno Municipal. Muchos dirigentes de Patronatos de las comunidades de influencia de la empresa están a favor de la minería y responde a una relación muy personal entre los dirigentes y el Alcalde, por eso la Corporación quiere reunión con tales dirigentes. Lo expresado en la declaración en relación al pueblo en resistencia ante la amenaza minera es un desprecio de parte del Alcalde y la Corporación.
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Según la información que viene de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, río Tocoa y Taujica. Estos proyectos destruirán los ríos que dan vida en el Municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que se merecen nuestro respeto, pero que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno Municipal.
La Corporación Municipal dice que el comité no es legal y, por tanto, no puede representar al pueblo. La legalidad es asunto de formalidad, lo primero es la legitimidad y esa, las asambleas comunitarias, sectoriales y de organizaciones se la han dado a la gente delegada para tal misión. No respetar esa decisión es una violación al derecho de participación, pues el gobierno no tiene más responsabilidad que ejecutar las decisiones del soberano. La manipulación de los liderazgos comunitarios y llevada cual oveja al matadero por el gobierno y las empresas, ha sido una forma constante de mantener control de los territorios y las decisiones que golpean a la población.
El Alcalde personalmente no quiere en la comisión al representante de la Iglesia Católica, de la Coordinadora de organizaciones Populares del Aguan y de la Fundación San Alonso Rodríguez. Ha acusado de “grupos oscuros” que utilizamos el tema minero para posicionar otros temas, estas declaraciones solo dejan en evidencia publica un vacío moral y ético que llenan con insultos nada más alejados de la verdad. La Corporación ha solicitado la investigación y deducción de responsabilidades penales para quienes estamos en lucha, nos alegra, la verdad debe respirar y demostrar públicamente quien tiene responsabilidades penales y administrativas. En este sentido se entiende la actitud de ayer viernes, cuando a través del Delegado departamental del CONADEH pidió que fuéramos a reunión con la corporación como se acordó el miércoles 06, en el último minuto cambió de opinión porque en la comisión no iban las personas que puede manipular, yendo 6 personas de patronatos y junta de agua que representan a 28 comunidades de los sectores abisinia, San Pedro y Guapinol.
Desmentimos la declaración del Alcalde en relación a que los manifestantes tenemos amenazados a los empleados municipales, son personas como nosotros y nadie puede ser objeto de amenaza de nuestra parte. En relación al ingreso de la Unidad de Fiscales Contra la Impunidad y la Corrupción UFECIC, desde el día martes que lo solicitaron accedimos e ingresaron al edificio con personal Municipal el viernes 08. Dejamos constancia que el jueves 07 la responsable de Desarrollo Comunitario ingreso a las oficinas y llevo documentación. La campaña de criminalización mediática, asumida legalmente en la declaración de la Corporación pone en riesgo la seguridad y la vida de los manifestantes.
Expresamos públicamente que el municipio está bajo riesgo por los proyectos mineros otorgados y por la actitud prepotente, autoritaria del gobierno Municipal. Lógicamente, esta actitud se deriva del peso que la mano peligrosa del diputado Oscar Nájera impone sobre la administración Municipal. El pueblo no claudicará en la lucha, para nosotros la defensa del agua, la dignidad humana y la soberanía territorial es asunto de vida o muerte. Puede la Corporación Municipal estar segura que no guardamos odio ni rencor alguno, no denigramos, no insultamos, y no negociamos lo sagrado que brota del costado de Jesucristo presente en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía. La sangre de Carlos Escaleras está de pie junto al agua de nuestros ríos y quebradas y nos llama a declarar el Municipio libre de minería.
Tocoa, Colon, 09 de junio 2018
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Un comentario
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