Una de las banderas del gobierno de Xiomara Castro son los mártires de la resistencia. Con ese fin, creó premios a periodistas con sus nombres, rebautizó plazas y lanzó el «Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña», bajo la promesa de garantizar reparación integral.
Sin embargo, los familiares de las víctimas han sido claros: no buscan dinero, exigen justicia, porque ningún monto borrará la impunidad de los responsables.
David Murillo, padre del mártir Isy Obed Murillo, señaló que, aunque agradece la atención brindada por el Programa Social para las Familias de los Mártires, esta no representa una verdadera reparación sin justicia.
De momento, sólo por la muerte de Isy Obed Murillo hay un proceso judicial en contra del general en retiro y exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, prófiugo de la justicia, y de Venancio Cervantes Suazo, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, ambos privados de libertad. Los demás casos—, al menos 50, según organismos defensores de derechos humanos—se encuentran en impunidad.
Tegucigalpa. –«El golpe fue peor que el Mitch». Esa frase, pronunciada por Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), generó silencio y una reflexión inevitable.
El huracán Mitch golpeó con fuerza a Centroamérica a finales de octubre y principios de noviembre de 1998. Tegucigalpa fue una de las ciudades más afectadas: vientos de hasta 340 kilómetros por hora, más de 5,000 personas fallecidas, entre ellas el entonces alcalde de la capital, César Castellanos.
Hubo ayuda internacional, condonación de deuda externa, préstamos de emergencia.
El Mitch no dejó crímenes de lesa humanidad, en cambio el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 dejó asesinatos, torturas, represión, violencia sexual y desapariciones. Organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 50 víctimas mortales. Sin embargo, la cifra real podría ser mayor ante la inacción institucional.
Criterio.hn solicitó al Ministerio Público los datos sobre denuncias contra las fuerzas de seguridad, pero la respuesta del ente acusador del Estado es que del 25 de junio al 31 de diciembre de 2009 no hay registros, porque la base de datos «no contaba con la variable de ocupación del denunciado». No obstante, respondió que del 1 al 27 de enero de 2010 se registraron 38 denuncias contra agentes de la Policía Nacional y, de estos, 26 por abuso de autoridad, tres por homicidio. Contra militares, sólo se registró una denuncia, por el delito de abuso de autoridad.
En febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó el decreto 04-2022 que contempla la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan. Esta normativa se aprobó a iniciativa del Poder Ejecutivo que expuso en sus motivaciones reparar a las víctimas del golpe de Estado, promover la memoria histórica y fortalecer las instituciones para garantizar la justicia, la verdad y la no repetición de los hechos lamentables.
En el mismo decreto, que plantea la reparación de las víctimas, se incluyó la controvertida Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia. Aunque en su justificación busca enmendar la persecución política, ha sido severamente criticada por beneficiar a personajes vinculados a delitos de corrupción y abuso de poder.
Esta contradicción fue abordada por el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, quien destaca que la reparación integral no debe entenderse como un acto aislado o simbólico, sino como el cumplimiento cabal de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sobre la absolución de políticos acusados por delitos ligados a la corrupción considera que el problema no radica sólo en el decreto sino en quienes lo interpretan: «el problema es el Poder Judicial», asegura, al referirse a jueces que han permitido que esta normativa ampare a presuntos corruptos.
Programa de reparación no es suficiente
Con base al artículo 2 de la Ley de Amnistía, el gobierno de Xiomara Castro creó el Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña, mediante el decreto ejecutivo PCM-17-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de noviembre de 2022.
Este programa social se instauró con el propósito de brindar apoyo a los descendientes y/o ascendientes directos: hermanos, cónyuges, uniones libres o de hecho y/o dependientes de las víctimas de asesinato registradas por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los organismos de derechos humanos en Honduras en el marco de la ruptura constitucional de 2009.
Para Karla Lara, defensora de derechos humanos, hay un valor simbólico en nombrar espacios, hacer decretos o crear leyes que busquen preservar la memoria histórica de las víctimas del golpe de Estado. Sin embargo, señala una profunda contrariedad cuando esos actos simbólicos no corresponden a acciones reales de justicia. “No es justo”, dice, al recordar cómo en actos conmemorativos, incluso, participan las mismas estructuras responsables de los crímenes.
Karla Lara recuerda el homenaje a Pedro Magdiel Núñez, en julio de 2024, cuando la presidenta Castro llegó acompañada de la cúpula militar. Es difícil hablar de reparación cuando quienes participaron de los crímenes están sentados en primera fila, reflexiona la reconocida cantautora de música contestataria.
Tal vez el olvido es continuo. Magdiel fue detenido por elementos del ejército y la policía la tarde del 24 de julio de 2009 en Alauca, El Paraíso, zona oriental de Honduras, mientras fumaba un cigarro a la sombra de un árbol. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció con signos de tortura, con al menos 42 heridas de arma blanca. Fue hallado a cien metros del punto donde fue visto con vida por última vez, justo detrás de la valla militar donde fue detenido.
Karla insiste al manifestar que los marcos legales, como el decreto conmemorativo o la ley de amnistía, son parches. Mecanismos cosméticos que intentan lavar la cara del Estado sin tocar las estructuras que sostienen la impunidad. “No contrasta con la realidad”, subraya. Mientras personajes como Romeo Vásquez Velásquez —prófugo de la justicia por el asesinato de Isy Obed, continúan libres— las familias siguen esperando.
Joaquín Mejía sostiene que los actos simbólicos deben ir acompañados de medidas reales, concretas, como la justicia transicional. Explica que esta justicia debe contener dos ramas: la retributiva, que implica investigar y sancionar a los responsables; y la restaurativa, enfocada en reparar a las víctimas de manera integral. “Reparación no es sólo dar dinero o nombrar plazas —aclara—, es cumplir con lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad: sancionar, reformar, reconocer y no repetir”.
Isy Obed aparece como el segundo nombre en la lista de mártires reconocidos por el Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña. Este programa, cuya ejecución está delegada en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) promete: becas, pensiones, vivienda, atención médica y psicológica, acceso a la justicia y oportunidades laborales para los familiares de quienes dieron la vida durante la resistencia.
David Murillo, padre de Isy Obed Murillo, dijo a Criterio.hn que agradece la atención brindada por el programa, aunque aclaró que no puede considerarse una verdadera reparación si no existe acceso a la justicia.
Recordó que el alto mando militar acusado por el asesinato de su hijo —entre ellos, el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, acusado el 5 de enero de 2025 por homicidio y lesiones graves— continúa prófugo. También fueron acusados Venancio Cervantes Suazo, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, ambos privados de libertad.
Murillo denunció que, tras la audiencia inicial del caso, ha vivido una situación de persecución que lo obligó a abandonar su residencia. Mientras tanto, Romeo Vásquez Velásquez se mantiene prófugo y la Policía Nacional ofrece una recompensa de cinco millones de lempiras por quien informe sobre su paradero, pero insólitamente casi todas las semanas aparece enviando mensajes por las redes sociales.
Detalló, además, que una de las personas clave al frente del programa fue, en su momento, el titular de la Sedesol, José Carlos Cardona, quién, según don David se refirió de manera despectiva a los mártires de la resistencia, durante una reunión con familiares, lo que lo condujo a romper toda relación con esa institución.
Finalmente, expresó que mientras no se haga justicia por la muerte de su hijo, difícilmente el Estado podrá hablar de reparación. “Aunque cada persona se movilizó por convicción —dijo—, eso no borra la responsabilidad del Estado por las vidas que se perdieron.”
Criterio.hn solicitó información oficial a la Sedesol sobre la ejecución del programa, estableciendo que, hasta el 22 de mayo de 2025, se había beneficiado económicamente a 112 personas, pertenecientes a las familias de 34 mártires identificados por el golpe de Estado de 2009.
El programa se instituyó en octubre de 2022, pero sus fondos comenzaron a ejecutarse hasta el 2024, cuando se desembolsaron L6,672,000.00. De esa cantidad, fueron utilizados L5,810,000.00, lo que representa un 87% de ejecución presupuestaria.
Una de las cifras más altas otorgadas hasta la fecha ha sido de L174,000.00, a favor del grupo familiar de Matías Valle Cárdenas, fundador del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), asesinado en enero de 2012, en el municipio de Tocoa, Colón.
Un año antes de su muerte, Valle Cárdenas había denunciado públicamente el resurgimiento de los escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán, zona atlántica de Honduras.
Cuando se habla de escuadrones de la muerte, en Honduras, no se trata de una metáfora. Durante la década de los 80, informes nacionales e internacionales documentaron que más de 180 personas desaparecieron por operaciones dirigidas por grupos paramilitares, integrados por militares y agentes de la Policía Nacional.
El más infame fue el Batallón 3-16, responsable de secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante la llamada guerra fría implementada por Estados Unidos en Centroamérica, para impedir la influencia comunista de Rusia.
Y aunque se pensó que este capítulo oscuro estaba enterrado, no es así, los conflictos continúan latentes en algunas zonas de Honduras, como en el Bajo Aguán, donde el crimen organizado mantiene el control territorial. Quizás los conflictos dejaron de ser ideológicos para mutar al narcotráfico.
El caso de Tomás Enrique García Castillo
En Criterio.hn nos preguntamos si un programa que involucra ayuda monetaria puede realmente cumplir con su propósito de reparación integral y preservación de la memoria histórica, como afirma la Secretaría de Derechos Humanos. Para responder, tomamos un caso: el de Tomás Enrique García Castillo, reconocido por el Gobierno como mártir de la resistencia.
Tomás Enrique García Castillo, nació el 7 de abril de 1980. Tomás era abogado de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de la Universidad Tecnológica Hondureña (UTH). Su madre, Silvia Castillo, profesora jubilada de 78 años, lo recuerda como un hombre noble, sensible, amante de los animales. “Disfrutaba pasar tiempo con los perros”, nos dijo, con una sonrisa, mientras su mente, seguramente, procesaba los recuerdos de su hijo.
Silvia fue su ejemplo. Desde los 12 años, ella protestaba en su escuela contra los malos tratos, en el departamento de La Paz. En ese entonces, el director del centro era Rafael Pineda Ponce, quien décadas después llegaría a ser presidente del Congreso Nacional (1998-2002) durante el gobierno liberal de Carlos Flores Facussé y luego ministro de Educación durante el también gobierno liberal de Manuel Zelaya (2006-2007).
La docente jubilada fue parte de la Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR), durante sus años de estudiante en la UNAH. Luego, como profesora, lideró movilizaciones para exigir el cumplimiento del Estatuto del Docente.
Su activismo no nació con el golpe de Estado de 2009, surgió antes, porque es más profundo, más estructural.
El 28 de junio de 2009, Silvia se enteró del golpe por llamadas de amigos. Cuando llegó a Casa Presidencial, su hijo ya estaba allí. Madre e hijo participaron en las movilizaciones.
Tomás se integró al cuerpo de seguridad de la resistencia, protegiendo a las personas de las represiones policiales. Estaba al frente, atrás, en medio. Bajo el sol, la lluvia, la amenaza: su cuerpo fue escudo.
Pero Tomás no murió el día del golpe, ni en los días siguientes. Su nombre no aparece en las listas inmediatas. Su asesinato ocurrió siete años después, el 1 de mayo de 2016, en el marco del Día Internacional del Trabajador mientras exigía empleo digno al gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy privado de su libertad en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas.
“Sabía que, si no volvía, era porque lo habían matado”
La mañana de ese día, Silvia preparaba el desayuno. “Tomás me preguntó si iba a ir a la protesta”, recuerda. “Me arrepiento de no haber ido”, comenta.
Las movilizaciones del Día Internacional del Trabajador habían comenzado en el barrio La Granja, en Comayagüela.
Tomás se movilizaba con una amiga de Silvia. Iban camino al Parque Central (centro histórico de Tegucigalpa) cuando, según testimonios, fue interceptado cerca del edificio Midence Soto. Lo subieron a un vehículo desconocido.Más tarde, fue visto en una patrulla de la Policía Nacional.De ahí, su rastro terminó en la conflictiva colonia Altos de San Francisco, donde fue asesinado.
Silvia Castillo recuerda ese día, con una claridad que quiebra, como sólo una madre puede relatar la muerte de un hijo, de un joven que luchaba por un país distinto, más allá de los intereses mezquinos de los cacicazgos políticos que se mueven por la ambición de poder.
Mientras platicaba con nosotros, las manos de Silvia se dirigieron a sus ojos. Los disparos contra Tomás se transformaron en lágrimas.
“Hasta el quinto día me lo dieron en la morgue”, nos dijo. “Yo sabía dónde buscarlo… porque sabía que el día que Tomás no llegara a casa era porque lo habían asesinado”, siguió relatando.
“¿Hasta ahora se acuerdan de los mártires?”
Fue hasta febrero de 2025, más de dos años después de la publicación, en el diario oficial La Gaceta, del Decreto Ejecutivo que dio vida al Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires, que las instituciones gubernamentales responsables de la ejecución, contactaron a Silvia Castillo.
Le solicitaron la documentación necesaria para integrarla como beneficiaria. En esa llamada telefónica, doña Silvia —con firmeza y dignidad— les hizo un reclamo que debería quedar grabado en los anales de esta historia: “¿Hasta ahora se acuerdan de los mártires? ¿En el último año de gobierno, cuando ya están por irse?”, recuerde que les dijo ante la impotencia.
Ella decidió continuar el proceso. Se presentó a las oficinas correspondientes, entregó los documentos solicitados y, el 7 de abril de 2025 —el día que su hijo Tomás Enrique habría cumplido 45 años— le entregaron su carnet como madre de un mártir.
En la parte inferior del carnet, se lee una frase que pretende consolar lo inconsolable:“Sangre de mártires, semilla de libertad”.
Después de esa fecha, le prometieron que le llamarían para activar sus derechos como beneficiaria del programa. Le hablaron de los siete compromisos que el Estado asumió públicamente con los familiares.
Hasta el momento, Silvia Castillo no ha recibido ninguno de los siete beneficios del programa que se traducen en becas de estudio, pensiones, vivienda, empleo, atención a su salud, atención psicológica y acceso a la justicia.
Aseguró que, según los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de momento, no puede acceder a su derecho, porque, aún «están en proceso de liquidar a los demás beneficiarios».
No es justicia, porque los asesinos siguen libres
Erick Alexander Martínez Ávila fue muchas cosas al mismo tiempo: periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), activista por los derechos humanos, defensor de las personas LGBTIQ+, y militante político. Fue uno de los primeros en dirigir un programa de radio abiertamente LGBTIQ+ y en presentarse como precandidato al Congreso Nacional, siendo abiertamente gay, bajo el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Militó en la resistencia tras el golpe de Estado de 2009 y formó parte del Comité de Diversidad Sexual del partido Libre. Trabajó por seis años en la Asociación Kukulcán, donde, según su coordinador Dany Montecinos, Erick fue el rostro público de la organización por su claridad, pasión comunicativa y compromiso social.
“Siempre llegaba tarde”, recuerda entre risas su exjefe, Dany Montecinos, “pero era solidario, revolucionario”.
El último día que su mejor amigo en la asociación, Randy Palma lo vio fue la tarde del 4 de mayo de 2012, un viernes para ser precisos, y le expresó entre bromas y risas: “
ya nos dieron el cheque tené cuidado”, fue la última conversación que Randy tuvo con su mejor amigo, refiriéndose al pago por su empleo.
El domingo ya era una alerta: Erick estaba desaparecido.
Luis Fernando Martínez Ávila, su hermano menor, recuerda ese día con una precisión dolorosa. Recibió la llamada de los compañeros de Kukulcán: Erick no había llegado al trabajo el lunes. Intentó comunicarse con él, sin éxito. Llamó a sus dos números telefónicos, ambos apagados. Fue a su apartamento en la colonia Prados Universitarios. Todo estaba en orden, salvo un vacío inquietante.
Esa noche, Luis, Randy y otros compañeros fueron a la morgue. El cuerpo de Erick estaba tendido con signos evidentes de tortura. Lo reconocieron por un tatuaje de ave fénix en la espalda. Según la autopsia, murió la noche del 6 de mayo de 2012. Su cadáver fue encontrado el 7, en una zanja de drenaje en la comunidad de Guasculile, carretera hacia el departamento de Olancho.
Erick no sólo fue secuestrado. Fue torturado. Y su asesinato ha quedado impune.
Según el relato de Luis, testigo protegido, Erick fue visto cambiando de vehículo mientras estaba amarrado de pies y manos. En medio del traslado, un tiroteo terminó con la vida de uno de sus agresores. El único imputado fue un primo del fallecido. Aunque el Ministerio Público demostró que un video presentado como coartada había sido manipulado, el acusado fue absuelto “por falta de pruebas”. Años después, hubo un segundo intento de juicio, pero la familia ya no fue notificada con claridad del desenlace.
Luis detalló que se alejaron de los asuntos legales, luego que su familia se redujo a él y su madre; su padre y su otro hermano fallecieron.
“No es justicia, porque los asesinos siguen libres. Pero sí sentimos un acto de solidaridad”, dice Luis al hacer referencia al programa social.
Desde entonces, la familia ha recibido atención médica básica y apoyo económico limitado. Aunque la ayuda psicológica fue ofrecida, nunca la tomaron. “Llegó demasiado tarde”, confiesa Luis.
A diferencia de otras tragedias convertidas en vitrinas políticas, el nombre de Erick no ha sido usado para propaganda. Luis lo valora profundamente. “Eso se agradece. Que lo mantengan con respeto”, agrega.
Hoy existe un premio nacional de periodismo que lleva su nombre, una sala de reuniones en el Centro Cívico Gubernamental, y espacios dentro de Libre dedicados a su memoria. Pero, más allá del símbolo, el caso de Erick sigue recordando que sin justicia no hay reparación posible.
“El decreto se quedó corto”, apuntó, Bertha Oliva, al referirse a las medidas adoptadas por el Estado de Honduras en favor de las víctimas del golpe de 2009. “Hubo muchos jóvenes que perdieron sus ojos, mujeres que fueron violentadas sexualmente, pero están vivas”, recalcó la fundadora del Cofadeh.
Criterio.hn solicitó al Ministerio Público los datos sobre denuncias por delitos sexuales ocurridos en el contexto del golpe de Estado, comprendido entre el 25 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010 y la respuesta fue que en ese periodo se registraron 2,088 denuncias por delitos sexuales, de las cuales un 30% corresponden al delito de violación.
Consultamos, además, si en esas denuncias figuraban miembros de cuerpos de seguridad del Estado como presuntos agresores. La respuesta fue limitada. Según el propio Ministerio Público, no existen registros que vinculen a fuerzas de seguridad pública en los hechos denunciados antes del 1 de enero de 2010, fecha en que se incorporó la casilla “ocupación del denunciado” en el sistema de gestión.
Un estudiante de medicina, quebrado por la represión
Era octubre de 2009, y Honduras ardía. El golpe de Estado había fracturado no sólo el orden democrático, sino también a varios cuerpos y vidas. Uno de esos cuerpos fue el de Leonel, estudiante de medicina, militante de la resistencia y hermano de la defensora de derechos humanos, Jessica Sánchez.
Durante una tarde de octubre, Leonel marchaba junto a sus compañeros por el centro de Tegucigalpa. Llevaba puesta una camiseta del Che Guevara. La policía había hecho un cerco represivo en la zona y él, junto a otros dos jóvenes, tomó la ruta hacia el legendario barrio La Leona.
Un carro militar se detuvo. Bajaron varios policías, lo reconocieron, y sin decir nada comenzaron a golpearlo brutalmente. Los bastones de las fuerzas especiales se rompieron de tantos golpes. Cuando Leonel, en un acto de humanidad, le dijo a uno de sus agresores: “ya compa”, el oficial le gritó: “¡Vos quien sos, hijo de puta, arrodilláte!” y lo pateó en la cabeza provocándole lesiones con sus rudas botas. Para protegerse, Leonel se cubrió con las manos que, en ese episodio, sufrieron siete fracturas.
Fue llevado a una posta en el barrio Belén de Comayagüela. La suerte –o quizás la mea culpa– hizo que un policía abriera la celda y le dijera en voz baja: “piérdase”.
Jessica recuerda ese día. Era toque de queda a las 5:00 de la tarde, y al enterarse por teléfono de lo ocurrido, corrió al Hospital Escuela. Un trabajador la tomó del brazo y le advirtió:“Saque a su gente, la policía está entrando a llevarse pacientes con paradero desconocido.”
Jessica, defensora de derechos humanos, se plantó en medio del pasillo y encaró al escuadrón policial: “Estoy registrando todo lo que pasa aquí, si ustedes se meten a esta sala, los voy a denunciar”. Vio cómo algunos oficiales se llevaban la mano al arma. Pero se dieron media vuelta.
Leonel estaba con yeso mal hecho y fracturas múltiples, siguió contando Jessica.
Ningún hospital público lo trató adecuadamente. Fue en una clínica privada de San Pedro Sula donde al fin le hicieron un yeso correcto, desde el hombro hasta los dedos. Leonel, no podía bañarse, comer, ni moverse por sí solo.
La represión no terminó. Semanas después, un camión militar llegó buscando a varios jóvenes, entre ellos Leonel. “Me puse a vomitar del miedo”, dijo Jessica. Fue entonces que decidieron sacarlo del país. Venezuela les otorgó la visa. Allí recibió fisioterapia intensiva. Intentaron mantenerlo lejos de la política.
Pero él regresó. “¿Qué hacés aquí? ¡Te van a matar!”, le dijo Jessica al verlo. Leonel contestó: “Es que no me hallo”.
De regreso en Honduras, Leonel intentó reiniciar su carrera. Nunca fue reconocido oficialmente como víctima por el Estado.
Jessica Sánchez es tajante al sostener que ningún programa social, ninguna compensación económica puede reparar lo ocurrido.
“Una violación, una tortura, una desaparición no se paga con trabajo ni dinero. Se repara con justicia. Y en Honduras, la justicia sigue siendo una promesa incumplida”.
A través de la historia de su hermano, y la suya, Jessica recuerda que las víctimas del golpe no son sólo quienes murieron, sino también quienes sobrevivieron cargando el cuerpo roto, el alma fracturada, y una memoria que no olvida.
A dieciséis años del golpe de Estado de 2009, Honduras aún se debate entre los gestos simbólicos y las verdaderas acciones de justicia. El Estado ha nombrado plazas, creado premios y brindado ayudas económicas, pero los testimonios recogidos en este reportaje demuestran que ninguna ley, decreto o transferencia monetaria podrá reparar por completo la herida que sigue abierta en las familias hondureñas que lo vivieron en carne propia.
Y si volvemos a la historia del Mitch —aquel monstruo natural que arrasó con vidas e infraestructuras—, entendemos por qué, con el tiempo, sus víctimas fueron lloradas, enterradas y, en muchos casos, resignadas. Porque fue la naturaleza la que arrebató sus cuerpos que hoy reposan. Pero las víctimas del golpe no murieron por tormentas: murieron por manos humanas, por balas ordenadas, por botas y toletes.
A la naturaleza no se le puede castigar, pero a los crímenes del poder, sí.
La reparación integral, como lo han sostenido juristas y defensores de derechos humanos, va más allá de los actos públicos. Implica verdad, justicia y garantías de no repetición. Implica reconocer, pero también castigar. Implica restaurar el tejido social, no sólo saldar las cifras presupuestarias. La memoria no puede escribirse desde el poder si no escucha a quienes han cargado con el dolor.
