Desde el Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad impulsan proyectos para identificación de privados de libertad por medio de una base genética, además de la creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Tegucigalpa. –La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, se refirió a la creación de una base de datos para el proceso de identificación en los centros penitenciarios, señalando que el proyecto de ley fue turnado al Congreso Nacional, al igual que la iniciativa para la constitución del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Villanueva explicó que ambos proyectos fueron diseñados por ella y su equipo de trabajo, para la creación de una base de datos con un proceso de identificación de privados de libertad.
Durante la presentación de las medidas que se implementarán en el plan de intervención de las cárceles en el país centroamericano.
Villanueva hizo un desglose de diez medidas de las tantas que se implementarán en los centros penitenciarios del país. Enfatizó que no pueden dar a conocer el plan completo por cuestiones de seguridad.
Como último punto anunció la creación de un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad.
“El proceso de identificación humana, hace algunos días el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del Congreso Nacional Rasel Tomé presentó una iniciativa y hablaba de la identificación humana, ese es un proyecto creado por la subsecretaría de Seguridad para que sea análogo al ordenamiento carcelario”, precisó.
La funcionaria detalló que con dicho proyecto tiene dos objetivos, uno de ellos es que va a permitir el derecho a ser identificados, “la identificación humana es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? con dactiloscopia, con indiciario, con los dientes y la base genética de todos los privados de libertad”.
Villanueva recordó lo difícil que fue identificar a las víctimas mortales del terrible incendio en la granja penal de Comayagua, ubicada a unos 80 kilómetros de la capital de Honduras, el 15 de febrero de 2012 el cual dejo un total de 360 muertes.
En ese sentido señaló que, de haber contado con una base de datos para el proceso de identificación en los centros penitenciarios, el proceso de identificación hubiese sido más ágil.
“Ahora con el ADN y los bancos de identificación vamos a poder identificar a todos los privados de libertad (…) es para que estén adecuadamente identificados para que sepamos quienes son y se faciliten los procesos legales”, enfatizó.
El miércoles 12 de abril el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, presentó ante el pleno dos iniciativas de ley encaminadas al fortalecimiento del Plan de Seguridad: Solución Contra el Crimen (SCC).
El legislador explicó que es importante generar las condiciones para una ley especial que pueda identificar y crear toda la base genética de todos los privados de libertad, niños, personas que están sentenciadas y altos funcionarios.
A juicio de Tomé estos proyectos de decreto llegan en un momento oportuno para el fortalecimiento de las competencias para seguir desarrollando este plan integral sobre la seguridad.
De igual manera, aseguró que es importante que la Policía Nacional tenga mecanismos para el fortalecimiento de la investigación criminal, técnico científico y la prevención y combate a la violencia, el delito y la reducción de la impunidad la creación de un sistema nacional de identificación humana.
Enfatizó que, está base de datos genética abarcará desde los niños en situación de riesgo social, perfiles genéticos obtenidos en la escena del crimen, reclusos, personas desaparecidas, familiares perfiles de parentesco biológico, muestras de referencias obtenidas con fines de investigación o de investigación civil o criminal.
En esa misma sesión legislativa presentó la iniciativa de ley para la constitución del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como una entidad descentralizada y capacidad de personería jurídica, con patrimonio propio, con independencia funcional, técnica y financiera y administrativa para el ejercicio de las facultades públicas otorgadas por el Estado.
Detalló que este instituto también vendrá a ayudar a la lucha del fortalecimiento de la seguridad para el pueblo hondureño.
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- CREACIÓN DE INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE
El 16 de marzo la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, entregó al Congreso Nacional un anteproyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La iniciativa de ley fue entregada al vicepresidente del Poder Legislativo y diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Rasel Tomé, quien prometió llevarlo ante el pleno para ser turnado a la comisión de dictamen y finalmente ser sometido a discusión y su posible aprobación.
El vicepresidente de ese poder del Estado planteó que uno de los temas sensibles que busca este anteproyecto de ley es fortalecer el trabajo de investigación. La iniciativa toma a consideración las diferentes experiencias de varios países de la región centroamericana.
Según Tomé, con este proyecto se pretende que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sea descentralizado y que cuente con los recursos que eran asignados al Ministerio Público, más los que asigne el Congreso Nacional y donaciones.
De igual manera, el instituto tendrá personería jurídica, patrimonio, independencia funcional y financiera, independencia administrativa y potestades publicas otorgadas por el Estado para realizar las investigaciones.
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NUEVA INSTITUCIÓN ESTARÁ SUJETA AL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL
El vicepresidente del Legislativo, explicó además, que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estaría conformado por un director, subdirector y un Consejo Directivo que se encargará de un concurso público para elegir al director, al igual que el subdirector.
Asimismo, explicó que el Consejo Directivo estaría conformado por los titulares de las Secretarías de Seguridad y Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general de la República, la directora de la Defensa Pública, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los presidentes del Colegio de Médico y del Colegio de Abogados.
Entre tanto, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, detalló que las prioridades del anteproyecto son la generación de pruebas que sean infalibles y objetivas para que el pueblo no esté sediento de justicia.
Durante una conferencia de prensa, en el Congreso Nacional, Villanueva lamentó que el Ministerio Público haya dejado como «patio trasero» al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando debería ser la «columna vertebral» del ente acusador del Estado.
La funcionaria especificó que las personas que trabajarían en este instituto serían nuevas y deberán contar con ciertas capacidades, pero aseguró que se respetarán los derechos laborales de los colaboradores forenses actuales.
