Organizaciones que lideraron la movilización de las iglesias, en agosto de 2025, recibieron las credenciales de los partidos PINU-SD y Democracia Cristiana, en el marco de un convenio suscrito con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y en línea con los intereses de los partidos Nacional y Liberal.
Tegucigalpa, Honduras. –A mes y medio de celebradas las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, una práctica silenciosa pero estructural volvió a emerger en el proceso electoral: el tráfico de credenciales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con base a un análisis de datos de solicitudes de información pública, información compartida públicamnete por el CNE y entrevistas con actores clave, Criterio.hn puede establecer, mediante esta publicación, que gracias a un convenio suscrito entre el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las instituciones partidarias: Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) y el Partido Democracia Cristiana (DC), se entregaron, a discreción, credenciales a terceros.
El Partido Democracia Cristiana entregó las credenciales a la organización Cristianos por Honduras y el PINU-SD a la Fundación Mujeres por Honduras, dos plataformas conservadoras que fueron claves en la organización de las movilizaciones que se desarrollaron a nivel nacional, el sábado 16 de agosto de 2025, jornada que fue planificada por los partidos Nacional y Liberal, en denuncia de un supuesto boicot electoral por parte del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y que públicamente fue presentada como una actividad “apolítica”, denominada “la caminata por la paz”, en defensa de la democracia.
El convenio, firmado en agosto de 2025, fue presentado públicamente como un esfuerzo para frenar la compra o tráfico de credenciales y fortalecer la vigilancia ciudadana del proceso electoral. No obstante, el acuerdo permitió que credenciales otorgadas a partidos políticos fueran utilizadas por personas pertenecientes a iglesias y organizaciones de sociedad civil, ligadas a sectores conservadores vinculados a los partidos Nacional y Liberal.
Con lo anterior se abre un debate si la entrega de credenciales, a terceros, utilizando la plataforma de los partidos políticos, es procedente o no en un país, donde las denuncias de fraude se repiten una y otra vez y cuando la misma Ley Electoral concibe a las credenciales como instrumentos para garantizar representación partidaria y fiscalización cruzada en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
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Democracia Cristiana, Evelio Reyes y las credenciales
Criterio.hn solicitó a la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) los estatutos de la personería jurídica de Cristianos por Honduras y Mujeres por Honduras. En el caso de Cristianos por Honduras respondió que no encontró en sus archivos ningún registro sobre esta organización. Asimismo, al revisar las publicaciones del CNE se encontró que tampoco forma parte del listado de las organizaciones de sociedad civil acreditadas para observar el proceso electoral, celebrado el pasado 30 de noviembre de 2025.
En el caso de la Democracia Cristiana, su presidente y diputado electo Godofredo Fajardo indicó que el partido no retiró credenciales para Juntas Receptoras de Votos, de manera directa, aunque reconoció que personas vinculadas a la organización Cristianos por Honduras ocuparon esos espacios.
Cristianos por Honduras fue presentada públicamente, en julio de 2024, por un grupo de líderes religiosos encabezado por el pastor Evelio Reyes, figura cercana al Partido Nacional y al expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados a la narcoactividad y recientemente indultado por Donald Trump.
Durante su lanzamiento, Reyes aseguró que la misión de las iglesias era promover “política cívica” sin responder a colores partidarios. Sin embargo, el discurso público contrastó con sus posturas previo, durante y posterior al proceso electoral.
Feligreses de distintas congregaciones relataron a este medio digital que, desde los púlpitos, pastores y líderes religiosos aconsejaban, indirectamente, votar contra el Partido Libertad y Refundación (Libre), asociándolo con el socialismo y comunismo y presentando al bipartidismo como la única opción viable para gobernar el país.
En redes sociales, Cristianos por Honduras difundió videos y mensajes sobre su rol como observadores electorales el 30 de noviembre, mientras compartía fotografías de sus líderes con figuras políticas, organizaciones críticas del actual gobierno e incluso con la consejera del CNE, Cossette López Aguilar.
Mujeres por Honduras y su cercanía con Gabriela Castellanos
En el caso de la Fundación Mujeres por Honduras, la DIRRSAC facilitó a Criterio.hn copia de los estatutos de la personería jurídica donde se señala que esta organización fue registrada el 14 de julio de 2021, bajo resolución 1327-2021 e identificada con las siglas MXH.
La documentación establece, como parte de la finalidad de la Fundación Mujeres por Honduras, la participación de la mujer como ciudadana en la vida pública para el mejoramiento de la gobernabilidad y el empoderamiento para que se constituya en un agente transformador. Además, para “promover experiencias en educación para la democracia, que enriquezcan los conocimientos sobre las libertades del ciudadano, a fin de promover una cultura democrática de pensar sentir, y actuar e Impulsar el Estado de Derecho y la democracia para el imperio de la justicia y de la vigencia de los derechos fundamentales, para lograr la paz y el desarrollo del país”.
La dinámica de la Fundación Mujeres por Honduras es similar a la de Cristianos por Honduras. En una búsqueda en sus redes sociales se encontró la difusión de imágenes de la directora del CNA, Gabriela Castellanos y la diputada electa por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, durante la movilización promovida por sectores religiosos en agosto de 2025.
En una larga lista de miembros fundadoras se encuentran Guadalupe Jerezano Mejía, figura visible del golpe de Estado de 2009 y exdesignada presidencial (1994-1998), Cecilia Callejas Romero y Emelisa Callejas Romero, ambas hermanas del fallecido expresidente nacionalista, Rafael Leonardo Callejas Romero (1990-1994).
Criterio.hn solicitó al PINU-SD y a la Democracia Cristiana copia del convenio suscrito con el Consejo Nacional Anticorrupción, pero ninguno de los dos partidos la facilitó.
Partidos minoritarios no contaban con estructura
Tanto el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) como la Democracia Cristiana (DC), ambos con escasa capacidad para cubrir las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a nivel nacional, reconocieron que no contaban con la cantidad de militantes ni simpatizantes necesarios para ejercer plenamente su derecho de representación.
Ante esa debilidad, ambos partidos optaron por celebrar acuerdos para “ciudadanizar” las mesas con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), permitiendo que personas ajenas a esa institución política ocuparan espacios de representación formal mediante credenciales partidarias.
A pesar de que el PINU-SD y la Democracia Cristiana admitieron no tener la estructura necesaria para cubrir las JRV, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a estos partidos el mismo número de credenciales (39,538) que a las fuerzas mayoritarias [Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre] amparado en una normativa que no distingue entre caudal electoral y capacidad organizativa.
Para las pasadas elecciones se acreditó a más de 197,690 personas para integrar las JRV, de acuerdo con el pliego de Términos de Referencia del proceso de licitación para la impresión de las credenciales, y representar a los cinco partidos políticos en contienda.
El 20 de noviembre de 2025, el consejero Marlon Ochoa, del Partido Libre, manifestó que el órgano electoral continuaba con la entrega de credenciales a los partidos políticos, destacando que algunos ya habían retirado su lote, mientras que otros, como la Democracia Cristiana, había expresado que no lo harían.
Sin embargo, esa decisión no fue unánime dentro del partido. Candidatos a alcaldes y diputados denunciaron que la directiva nacional tomó la determinación sin consultarles, dejando al partido sin representación efectiva en las mesas y abriendo un conflicto interno.
Días antes de las elecciones del 30 de noviembre, el CNE informó que las credenciales de los integrantes de las JRV se entregarían en blanco, situación que se produjo de igual manera en el proceso primario del 9 de marzo y en las elecciones generales de 2021. La consejera Cossette López justificó que la situación obedecía a que se había detectado la impresión errónea de 200 mil credenciales y que esto retrasó su entrega.
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Germán Leitzelar, dirigente y excandidato a diputado por el PINU, dijo a Criterio.hn que ese partido entregó aproximadamente 850 credenciales al CNA para este propósito, mientras que el resto fue administrado internamente con rigurosos controles.
Detalló que inicialmente se contemplaba la participación de alrededor de 4,000 ciudadanos, pero modificaciones en la estructura administrativa del CNA, retrasos administrativos y limitaciones presupuestarias, redujeron significativamente el proyecto y sólo se entregaron 850 credenciales.
En una entrevista brindada a este medio, a inicios de diciembre de 2025, Leitzelar explicó que el convenio con el CNA obedece a la ciudadanización de las mesas electorales, una propuesta que ha sido impulsada en dos ocasiones en el Congreso Nacional, pero que no ha avanzado.
Añadió que el planteamiento original de la iniciativa de ciudadanización contemplaba la participación de diversas organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Mujeres por Honduras y otros colectivos ciudadanos, que se fueron sumando progresivamente a la propuesta.
Es decir, que la intención era conformar un esquema que permitiera reducir la intermediación partidaria en el manejo de credenciales y trasladar esa función a ciudadanos sin afiliación política directa. Sin embargo, lo encontrado al revisar los perfiles de las organizaciones que portaron las credenciales, en el marco del convenio con el CNE, ha dejado develado que las personas si tienen militancia partidaria y que esta se inclinaba, a favor de los partidos de derecha, Liberal y Nacional, especialmente de este último si se toma en consideración el rol del CNA en el marco del proceso electoral.
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CNA, la plataforma que se alineó al Partido Nacional
Durante la jornada electoral, el CNA no sólo desplegó observadores, sino que puso en marcha el Sistema Independiente de Procesamiento Electoral, una plataforma paralela de conteo de actas, similar al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El organismo aseguró haber procesado el 99.92% de las actas gracias a copias obtenidas, mediante el convenio con el PINU-SD y la Democracia Cristiana. Los resultados del CNA se aparejan a la declaratoria del CNE, que dejando al margen 306 actas del nivel presidencial, es decir, el 1.6% de los votos y una carga electoral de 132,008 ciudadanos, dieron por ganador de la contienda al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura.
El rol del CNA en el marco de las elecciones pasadas ha generado un debate jurídico, ya que la Constitución de la República y la Ley Electoral determinan que la dirección, supervisión y control absoluto, incluyendo la emisión de los resultados oficiales en materia electoral, corresponden exclusivamente al CNE.
Además de lo jurídico, el rol del CNA es cuestionable porque hizo públicos resultados en una elección, que con base a los mismos datos del órgano electoral, estaban muy cerrados, especialmente en el nivel presidencial entre los candidatos del Partido Nacional, Nasry Asfura y del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Asimismo, entre los candidatos a la Alcaldía del Municipio del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional y Jorge Aldana, del Partido Libre. Dando como ganadores a los candidatos del Partido Nacional.
Otro cuestionamiento que pesa contra el CNA, es que su directora, Gabriela Castellanos, tiene una relación muy cercana con la consejera del CNE, Cosette López, representante del Partido Nacional, quien junto a la consejera Ana Paola Hall, del Partido Liberal, emitieron una declaratoria sin concluir el escrutinio especial y sin resolver las impugnaciones presentadas por los candidatos que se sintieron afectados en un proceso electoral que fue intervenido directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que manifestó su apoyo por el retorno al poder del Partido Nacional, posterior a haber indultado al expresidente Juan Orlando Hernández, quien purgaba una pena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.
Criterio.hn pidió al CNA una copia del contrato suscrito con la empresa chilena, EVoting, encargada del montaje del Sistema Independiente de Procesamiento Electoral, sin embargo, la petición fue denegada bajo el argumento que actualmente esta organización no ha recibido fondos públicos, con base a la asignación presupuestaria que por ley le corresponde.
Un audio divulgado por el Ministerio Público, previo a que el CNE emitiera la declaratoria en el nivel presidencial, supuestamente la consejera Cosette López, habría manifestado que el sistema del Partido Nacional y el del CNA, compartían las mismas credenciales de acceso.
En aras de ampliar el rol del CNA en las recién pasadas elecciones, Criterio.hn solicitó, en reiteradas ocasiones, una entrevista a la directora del CNA, Gabriela Castellanos. Sin embargo, al cierre de esta publicación no había sido posible.
La débil legislación da paso al tráfico de credenciales
Los impasses registrados en las elecciones del 30 de noviembre de 2025, han puesto en el tapete de la discusión, entre otras cosas, los límites de la observación electoral y el uso de credenciales por parte de terceros, establecidos en la Constitución y la Ley Electoral.
En ese sentido, analistas y exfuncionarios electorales señalan que la observación permite supervisar, documentar y denunciar irregularidades, pero no sustituir ni replicar las funciones del órgano electoral o de los integrantes de las JRV.
Carlos Cálix, analista político, conversó con este medio digital y explicó que el caso evidencia la necesidad de una auditoría integral sobre la entrega y uso de credenciales, así como una investigación penal si se comprueba la comisión de delitos electorales.
Cálix advierte que las penas actuales por tráfico de credenciales y otros delitos electorales son irrisorias, con condenas de entre dos y seis años que incluso pueden ser conmutables, lo que fomenta la repetición de estas prácticas que aumentan el descontento de la población y las dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
El analista electoral considera que el problema radica en que los partidos políticos están integrados por gente incompetente y fácil de corromper y a la vez vaticina que esta situación es muy difícil cambiar.
Entre tanto, el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, coincide en que el problema es estructural y se origina en la entrega de credenciales en blanco a los partidos políticos.
Aguilar sostiene que la ley no permite que organizaciones de sociedad civil integren Juntas Receptoras de Votos (JRV) como miembros, sino únicamente como observadores acreditados por el órgano electoral.
En ese sentido, los convenios firmados con el CNA o cualquier organización de corte civil se movieron en una zona gris “no están expresamente prohibidos, pero tampoco están contemplados por la normativa electoral”.
Nelson Avila, miembro fundador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y excandidato presidencial por el PINU-SD, dijo a Criterio.hn que todo trasiego de credenciales constituye un tráfico y un crimen electoral que debe ser investigado sin excepciones.
De igual manera, planteó la posibilidad que el problema no se limita a partidos pequeños, sino que incluye la emisión irregular de credenciales desde el propio órgano electoral.
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso revela un sistema vulnerable, donde partidos sin respaldo ciudadano pueden convertirse en intermediarios clave para actores externos. En el proceso de elecciones generales de 2025, ese rol fue ocupado por personas vinculadas a iglesias y organizaciones que, lejos de mantener neutralidad, terminaron inclinando la balanza política.
Aunque no existen pruebas documentales de una instrucción directa a favor del Partido Nacional, la coincidencia de discursos, alianzas y posicionamientos públicos resulta significativa. El CNA, lejos de ser el único responsable, actuó como un canal que facilitó el ingreso de estos actores a las mesas electorales, amparado en convenios y en una interpretación amplia de la participación ciudadana.
Por otro lado, la ausencia de controles efectivos por parte del CNE permitió que este esquema se desarrollara sin fiscalización previa ni seguimiento posterior. Hasta la fecha, no se conoce un informe oficial que detalle cuántas credenciales fueron retiradas, cuántas utilizadas, cuántas devueltas y quiénes las portaron el día de la elección.
