Piden investigar red de corrupción, daños ambientales en Tocoa y asesinato de Juan López

Exigen que procesos judiciales relacionados al megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras y el asesinato de Juan López sean investigados de manera vinculada, no aislada. Aseguran que una red criminal conecta los casos

En esta estructura, se señala la participación de funcionarios gubernamentales y empresas mineras, de diversos niveles, sin embargo, únicamente se ha actuado judicialmente contra empleados y funcionarios de menor rango

Tegucigalpa, Honduras. – Los procesos judiciales que involucran a la estructura criminal que operó para la instalación del megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras y el asesinato del defensor ambiental Juan López deben ser investigados de forma vinculante y no aislada, indicó este jueves Rita Romero, representante legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).

Romero apuntó que es momento que el Ministerio Público y el Poder Judicial reconozcan que están frente a una estructura criminal y que los casos que se están ventilando en los Juzgados de San Pedro Sula y Tegucigalpa están conectados.

La abogada Rita Romero recalcó que los procesos judiciales por la falsificación de un acta de cabildo abierto, daños ambientales y explotación ilegal, así como el asesinato de Juan López, deben dejar de tramitarse de forma aislada y realizar una verdadera investigación vinculante sobre la estructura criminal detrás de estos crímenes.

La representante legal del CMDBCPT agregó, que esta estructura, en la que hay actores locales y nacionales, se evidenció desde diciembre de 2013, cuando las y los diputados aprobaron reducir el área núcleo de la zona protegida, en el mismo mes que la empresa minera solicitó la licencia ambiental para operar en la zona y que posteriormente el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), otorgó la concesión minera.

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“Tenemos funcionarios de diversos niveles y entidades, aliados con empresas extractivas y [sus] socios. La estructura criminal que ordenó la falsificación del acta y autorizó la intervención de la zona protegida, es la misma estructura criminal de donde salieron los fondos para el crimen de Juan López», ahondó la abogada Romero.

Defensores, abogados e integrantes de organizaciones de sociedad civil reclamaron frente al Ministerio Público, en la capital hondureña, se investigue y procese la estructura criminal detrás del asesinato de Juan López y la instalación del megaproyecto minero Pinares-Ecotek en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Foto: Marcia Perdomo/Criterio.hn

Junior Zúniga, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, señaló que existen más de cuatro expedientes, los cuales no pueden trabajarse de forma individual, debido a que uno depende del otro, y a través de los cuales se prueba que el asesinato de Juan López está vinculado a la trama de corrupción que llevó a los delitos ambientales.

Lucía Vijil, analista socioambiental, al ser consultada sobre el porqué estos casos están siendo llevados de forma aislada, declaró a Criterio.hn que es parte de la estrategia. Mientras en el caso por daños ambientales se han judicializado a operadores institucionales y funcionarios municipales, las jerarquías de Grupo EMCO siguen sin ser capturadas.

Lucía Vijil, analista socioambiental, indicó que no habrá justicia para Juan López hasta que se identifique quién autorizó, dio el dinero y pagó para que fuera asesinado.

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“Es parte de la gran corrupción extractiva que ha denunciado históricamente el Comité, en relación con la confabulación de los grandes poderes. Toda esta estrategia, claramente, deriva de la necesidad de alejar a cada uno de los sectores, de su responsabilidad y de su papel dentro del conflicto […] para desvirtuar por completo las denuncias de estructuras criminales detrás del megaproyecto minero”, explicó Vijil.

La abogada Rita Romero remarcó que Juan López presentó, el 19 de abril de 2023, ante el fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), una denuncia que involucraba a los actores que tejieron la red criminal que provocó daños irreversibles al Parque Nacional Carlos Escaleras, el desplazamiento de más de 40 familias y asesinatos en Tocoa.

Sin embargo, contó Romero, en junio del mismo año, el entonces subdirector general de Fiscalía, Roger Ludovico Matus Zelaya sacó el expediente de la UFERCO y lo trasladó a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), cuando esta última ha expresado no contar con el expertis para el desmantelamiento de redes criminales.

A través de afiches y consignas, pobladores de Tocoa –afectados por el proyecto minero– exigieron justicia y alto a la impunidad al fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya. Foto: Marcia Perdomo/Criterio.hn

Los tres procesos judiciales que están siendo conocidos de forma aislada en los Juzgados de San Pedro Sula y Tegucigalpa, son contra: los supuestos autores materiales del asesinato de Juan López, la falsificación del documento publicó que fue usado para los tres procesos de licenciamiento ambiental, y los daños causados al Parque Nacional Carlos Escaleras, los ríos Guapinol y San Pedro, así como la red hídrica que nace en la reserva natural.

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  • Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. Ver todas las entradas

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