El hacinamiento, la falta de acceso a servicios de salud, y las deficiencias en el suministro de agua y energía son problemas persistentes en los centros penitenciarios de Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – Defensores de derechos humanos han manifestado la urgente necesidad de abordar las deficiencias existentes en los 24 centros penales de Honduras antes de considerar la creación de dos nuevos recintos carcelarios aislados en Honduras.
La presidenta Xiomara Castro mediante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), ha ordenado la construcción de dos nuevas cárceles: una en la reserva marina Islas del Cisne, A 273 kilómetros de Trujillo, en el Caribe hondureño, y en el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, en territorio de la Mosquitia hondureña.
El gobierno ha justificado las construcciones argumentando que servirán para aislar a los privados de alta peligrosidad y evitar sus nexos con el crimen organizado, que han proliferado en los últimos años, según lo expresó Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del sistema penitenciario en Honduras.
Sin embargo, estas construcciones han generado una fuerte oposición de diversos sectores, incluidos gremios profesionales, académicos, defensores ambientales, defensores de derechos humanos, sociedad civil e incluso integrantes del poder legislativo y la población en general, quienes, además, critican que no se haya consultado a los pueblos originarios sobre estas acciones.
La controversia ha suscitado preocupaciones sobre posibles daños ambientales, violaciones de derechos humanos y consecuencias económicas para el país, incluso profesionales del derecho no descartan que en el futuro estas acciones puedan derivar en demandas contra el Estado de Honduras por violación de convenios internacionales.
En vista de ello, los defensores de derechos humanos instan a las autoridades a resolver primero los problemas históricos que aquejan a los 24 centros penales existentes en Honduras, solo después de solucionar estos problemas, se debería considerar la construcción de nuevos centros penales de alta envergadura que puedan ser adecuadamente mantenidos.
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FALENCIAS EN SISTEMA PENITENCIARIO HONDUREÑO
Rihanna Ferrera, defensora de los derechos de los privados de libertad y directora de la organización Cozumel Trans, consideró incongruente que las autoridades hondureñas insistan en la construcción de cárceles aisladas sin antes resolver las numerosas falencias del sistema penitenciario del país.
Ferrera ejemplificó a Criterio.hn que, estas carencias con problemas fundamentales como el suministro de energía, cuya deficiencia abonó a que se suscitará la muerte de dos internos en mayo de 2024. Asimismo, señaló que la falta de agua es una falla estructural persistente, especialmente durante la temporada de verano.
Como defensora de derechos humanos que ha seguido de cerca la situación en los centros penales de Honduras, Ferrera destacó que problemas como el hacinamiento y falta de acceso a servicios de salud continúan sin resolverse, lo que puede desencadenar la propagación de violencia y enfermedades, entre otras consecuencias.
Asimismo, un informe del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), publicado en junio pasado, revela que los tratos crueles e inhumanos continúan en los centros penitenciarios de Honduras.
En tanto, el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, en una entrevista con Criterio.hn, subrayó la violación de varios principios constitucionales con la construcción de la nueva prisión de máxima seguridad, afectando los derechos de rehabilitación de los privados de libertad y el derecho a visitas familiares y defensa.
Mejía explicó que al dificultar o impedir las visitas familiares, se está imponiendo una pena adicional a los familiares de los internos, lo cual contrario a los derechos humanos.
Además, destacó que el derecho a la defensa se vería gravemente afectado. “El aislamiento permanente de los privados en una isla limitará el acceso a un abogado y a una defensa efectiva, violando así un derecho esencial”, afirmó.
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FALTA DE CAPACIDADES
Un análisis de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), sobre la cárcel en Isla del Cisne indicó no solo se debe tener en cuenta el daño ambiental, sino que se deben considerar, la forma de construcción, que no represente actos de corrupción.
De igual forma, el costo y capacidad de mantenimiento debido que al estar aislado los costos y logística es mayor, por lo que se debe tener en cuenta aspectos de movilización, comida, y acciones de mantenimiento de infraestructura del lugar y saneamiento.
Honduras a través de la implementación del “Plan Solución contra el Crimen”, réplica del modelo de seguridad implementado por Nayib Buleke, las autoridades han justificado la construcción de las dos nuevas cárceles, no se descarta que las mismas funcionen igual que la megacarcel CECOT en el Salvador.
Misma que, aunque ha sido objeto de aplausos por encerrar a líderes de maras y pandillas, entre otros, también recientemente ha generado cuestionamiento por el daño ambiental que han causado dicha estructura.
En abril de este año, la organización de derechos humanos Cristosal tomó muestras de agua de varios afluentes y los resultados, entregados recientemente revelaron que el agua contenía altos niveles de coliformes fecales, un patógeno que hace que el agua no sea apta para el consumo humano.
