Abogados afirman que, en el contexto del Golpe de Estado de 2009, el fiscal general de la República, los miembros de la cúpula militar y exfuncionarios, incluido Roberto Micheletti, quien asumió estrategias de seguridad, así como otros que aprovecharon la crisis para cometer actos de corrupción, también deben ser requeridos
Tegucigalpa, Honduras.- Abogados especialistas en derechos humanos han señalado que el asesinato de Isy Obed Murillo, ocurrido en 2009 durante las protestas contra el Golpe de Estado, no puede tratarse como un hecho aislado que busque únicamente responsabilizar al autor material de su muerte.
Este caso debe abordarse como parte de un contexto más amplio, que incluye graves violaciones a los derechos humanos y delitos clasificados como de lesa humanidad según el derecho internacional.
Por esta razón, no solo se debería requerir a tres exgenerales, sino también a otros miembros de la cúpula militar y al fiscal del Ministerio Público de ese periodo, debido a sus omisiones en los hechos.
Noticia relacionada: Asesinatos del golpe de 2009, deben clasificarse como crímenes de lesa humanidad
RESPONSABILIDAD DE FISCAL Y CÚPULA DE ESE MOMENTO
La abogada especialista en derechos humanos Reina Rivera, lamentó que el Ministerio Público tardará 15 años en actuar para reconstruir el contexto histórico y procesar por violaciones a los derechos humanos.
Recordó que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2011 recomendó investigar al fiscal general de ese periodo, así como a otras autoridades, por omisiones que afectaron la independencia y objetividad necesarias para investigar estos crímenes. Según Rivera, estas omisiones impidieron que los casos fueran debidamente investigados y juzgados.
Reyna Rivera destacó que el actual Ministerio Público ha quedado rezagado, pese a tener la oportunidad de procesar crímenes de derechos humanos de manera similar a lo hecho por otras fiscalías en América Latina. (Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn)
Según Rivera, el enjuiciamiento de los hechos no debe limitarse a un análisis balístico, ya que durante una reunión extraordinaria de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 9 de julio de 2009, se declaró que Honduras había violado la Carta Democrática Interamericana, lo que resultó en su expulsión de la organización.
En esa resolución se indicó que las autoridades que permanecían en el país eran responsables de prevenir, sancionar, investigar y evitar cualquier violación a los derechos humanos.
Además, en 2011, un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó, que en Honduras se cometieron crímenes durante las manifestaciones, entre ellos el asesinato de Isy Obed Murillo.
“La Comisión de la Verdad señala que son responsables quienes estaban en el poder en ese momento. Esto incluye no solo a la Junta de Comandantes, sino también al poder civil, por las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto”, afirmó Rivera.
Lea: Isy Obed Murillo: indicios de justicia tras 15 años de impunidad
EJUICIAR OTROS ACTORES
De su lado, el exsecretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, afirmó que la justicia también debe incluir los actos de corrupción cometidos durante el Golpe de Estado de 2009.
En una publicación en su cuenta de X, señaló como ejemplo a exfuncionarios que ejecutaron presupuestos sin rendir cuentas sobre el uso de los fondos, lo que evidenció una falta de transparencia en la administración pública de ese periodo.
En tanto, abogado experto en derechos humanos Joaquín Mejía afirmó que el asesinato de Isy Obed, según el Estatuto de Roma al que Honduras está suscrito, se clasifica como un crimen de lesa humanidad. En estos casos, no solo se debe buscar castigar al autor material, sino también responsabilizar a los altos mandos involucrados.
Mejía explicó que tratarlo como un crimen de lesa humanidad permite aplicar responsabilidad penal a los superiores jerárquicos. Para que Romeo Vásquez Velázquez y la Junta de Comandantes sean responsabilizados por este y otros 11 crímenes documentados por la Comisión de la Verdad, deben cumplirse tres condiciones: una relación de control efectivo entre altos mandos y subordinados, el conocimiento de los crímenes por parte de los altos mandos, y la omisión de estos en detener los crímenes o sancionar a los responsables. Actos se cumplieron.
Es preciso mencionar que el fiscal general de la República, Johel Zelaya, recordó a través de su cuenta de X, el 31 de diciembre de 2024, el compromiso del Ministerio Público de llevar a cabo actos de justicia.
En su mensaje, aseguró: “A los corruptos y criminales, la justicia los alcanzará este Nuevo Año”, mensaje que tuvo críticas pidiendo también requerir a los exfuncionarios que se han vinculado con narcotraficantes, como Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional (CN), y cuñado de la presidenta de Honduras
El exgeneral Romeo Vásquez Velásquez permanecería en prisión, ya que la jueza que lleva el caso rechazó una garantía hipotecaria,de 35 millones de lempiras, ofrecida por la defensa que buscaba permitir que el exgeneral se defendiera en libertad, según informó Fernando González, abogado de Vásquez Velásquez.
