Trece años después del madrugón legislativo que removió a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por oponerse a las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o Ciudades Modelo, la PGR lleva a los tribunales a 97 exdiputados y actuales legisladores que avalaron la destitución
Los magistrados destituidos denunciaron persecución política, amenazas y represalias por oponerse a leyes consideradas inconstitucionales y contrarias a la independencia judicial
Tegucigalpa, Honduras. – La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una demanda civil ante los Juzgados de lo Civil contra 97 exdiputados del Congreso Nacional que participaron en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.
La demanda surge más de una década después que los magistrados fueron removidos por haberse opuesto a las entonces llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), hoy conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
De acuerdo con el oficio, la PGR interpuso una acción de repetición por aproximadamente 54 millones de lempiras contra excongresistas del período 2010-2014 y contra actuales diputados que participaron en la votación.
La demanda busca que estos legisladores reintegren al Estado los recursos que ahora deben pagarse por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en abril de 2024, que condenó al país por la destitución arbitraria de los magistrados.
Entre los nombres señalados en una imagen filtrada figuran José Celín Discua Elvir, Mario Alonso Pérez, este último buscando la reelección en las elecciones generales de 2025. También aparece Yaudet Burbara Canahuati, actual diputado y candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional, la diputada Gladis Aurora López, candidata al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Nacional.
A ella se suma Lena Karyn Gutiérrez Arévalo, señalada en el caso Astropharma, Marvin Ponce Sauceda y el expresidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva Herrera. En la lista también aparece Armando Calidonio Alvarado, exalcalde de San Pedro Sula entre 2014 y 2022, además de Sergio Arturo Castellanos, diputado de Libre y en aquel momento legislador por la Unificación Democrática (UD).
UN MADRUGÓN QUE MARCÓ LA HISTORIA RECIENTE DEL PAÍS
La destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional ocurrió en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, en una sesión que posteriormente sería catalogada por analistas y juristas como un “golpe técnico” al Poder Judicial.
Los cuatro habían votado contra iniciativas impulsadas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa [2010-2014], entre ellas la Ley de Depuración Policial y las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas en ese entonces como “ciudades modelo”.
No paso mucho tiempo para que las RED o Ciudades Modelos, fuesen aprobadas en el Congreso Nacional que en ese entonces era presidido por Juan Orlando Hernández, pero esta vez con el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Su oposición les valió presiones, hostigamientos y una campaña política que culminó en su expulsión.
Para ese momento, el Congreso Nacional era presidido por Juan Orlando Hernández, dos años después se lanzaría como candidato a la Presidencia de la República, quien promovió un procedimiento exprés para evaluar la “conducta administrativa” de los magistrados.
Dos días antes de la destitución, el 10 de diciembre, se conformó una comisión legislativa que presentó un informe sin sustento suficiente, según determinaría después el sistema interamericano de derechos humanos. En cuestión de horas, 93 de los 128 diputados votaron a favor de destituir a los magistrados sin un procedimiento disciplinario definido en la legislación hondureña.
Tras su destitución, los altos jueces denunciaron amenazas de muerte, persecución y hostigamiento, señalando que la decisión legislativa fue un acto de represalia política.
CORTE-IDH CONDENA AL ESTADO HONDUREÑO
El caso llegó primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió que Honduras no contaba con un procedimiento legal para sancionar o remover magistrados de la Corte Suprema.
Además, la CIDH observó que el artículo 205 numeral 20 de la Constitución, en el cual los diputados se basaron para justificar la destitución, carecía de precisión sobre las conductas reprochables y las sanciones aplicables.
La resolución legislativa tampoco expuso los motivos específicos de la supuesta “conducta administrativa improbada”, lo que configuró una violación al debido proceso.
El caso, conocido como Gutiérrez Navas y otros vs. Estado de Honduras, fue presentado ante la Corte-IDH el 25 de noviembre de 2021.
Tres años después, en abril de 2024, la Corte-IDH condenó al Estado de Honduras por la destitución por la arbitraria de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, en lo que fue denominado en 2012 como un golpe técnico al Poder Judicial.
En abril de 2024, la Corte-IDH concluyó que la destitución fue arbitraria y violó derechos fundamentales, responsabilizando al Estado por un ataque directo a la independencia judicial.
La sentencia ordenó indemnizar a las cuatro víctimas por un total de USD 2,060,000, equivalente a más de 51 millones de lempiras. Cada magistrado debe recibir USD 80 mil por la pérdida de su cargo y USD 400 mil en compensación por daños materiales.
A ello se suman USD 25 mil por daño inmaterial y USD 10 mil por gastos procesales para cada víctima. La Corte también instruyó al Estado regularizar las aportaciones al régimen de jubilaciones desde la fecha de la destitución hasta el final del período para el que habían sido electos.
Además, ordenó el pago de USD 30 mil en costas para los representantes legales del caso.
Con la sentencia firme, la PGR activó la acción de repetición contra quienes ejecutaron la destitución ilegal, apuntando principalmente a los diputados que votaron a favor.
La demanda ahora abre un nuevo capítulo político y judicial en Honduras, al enfrentarse por primera vez un grupo de legisladores a la posibilidad de responder económicamente por una decisión que, según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vulneró de manera grave la independencia judicial del país.
Un comentario
Mejor tarde que nunca. Hasta poco es lo que se les esta exigiendo a estos traidores.