| Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – A 2 años y medio del asesinato de la defensora de derechos humanos y lideresa indígena lenca Berta Cáceres Flores, hoy da inicio el primer juicio oral y público contra ocho imputados por el crimen. Los autores intelectuales no están siendo juzgados en este proceso.
El perfil de las personas hasta ahora acusadas demuestra que existe una estructura criminal que involucró a las altas jerarquías de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), miembros de la Policía Nacional, ex miembros del ejército y sicarios, con el fin de acabar con la oposición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto Agua Zarca y cometer el asesinato de la lideresa.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) esperamos que las autoridades judiciales cumplan con sus obligaciones internacionales y lleven a cabo un proceso imparcial e independiente que garantice los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
Hasta ahora, subsisten irregularidades que ponen en riesgo la integridad del proceso. Así, por ejemplo, al día de hoy, el Ministerio Público continúa negando el acceso a parte del expediente. Adicionalmente, éste órgano aceptó que alguna de la prueba incautada en los allanamientos no ha sido analizada. Pese a este flagrante incumplimiento, el Tribunal a cargo del proceso no ha obligado al Ministerio Público a rectificar sus actuaciones.
Por otra parte, en abierta contradicción con el principio de publicidad y transparencia, el tribunal negó la autorización para que las audiencias fueran transmitidas públicamente. Cabe recordar que el propósito del principio de publicidad no se limita a proteger los derechos de los acusados, sino también a proteger los intereses de las víctimas y promocionar el interés general de la sociedad y el estado del derecho. Aumentar el entendimiento público y la confianza en el proceso penal, conlleva no solo asegurar que haya un justo proceso legal sino mostrarle al público que el proceso es justo.
Adicionalmente, el citado Tribunal no aceptó la condición de víctima del COPINH, limitando la participación de este movimiento en el proceso penal, pese a la afectación que les ha generado el asesinato de su lideresa, así como obviando los ataques sistemáticos que ha enfrentado por parte de la empresa DESA.
Sumado a esto, el tribunal competente no aceptó prueba relevante que comprueba el funcionamiento de la estructura de poder que concretó tanto el asesinato de Berta, como la serie de ataques, actos de hostigamiento y amenazas que lo precedieron. En este sentido, insistimos en que Berta fue asesinada el 2 de marzo del 2016, pero su crimen forma parte de una estrategia sistemática de persecución en contra del COPINH, por su rol en la defensa del territorio y del medio ambiente.
Lo anterior demuestra que las actuaciones judiciales no se están apegando a los estándares del debido proceso, razón por la cual, hacemos un llamado para que se rectifiquen estas acciones y se encauce el proceso de manera que se conozca la verdad y se haga justicia. Esta es una oportunidad histórica para que Honduras demuestre que la institucionalidad puede funcionar de manera independiente e imparcial.
Desde CEJIL nos mantendremos vigilantes y analizaremos el proceso a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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