Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mantengan intervenidos barrios y colonias denominados como los más peligrosos, principalmente en Francisco Morazán y Cortés, estos continúan posicionándose como los más violentos del país.
Lo anterior se desprende de los datos recopilados hasta el 26 de junio de 2024, expuestos en el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), que colocan Cortés, en el extremo norte de Honduras, como el departamento más violento, seguido de Francisco Morazán, Olancho, Yoro y Comayagua.
De acuerdo con los datos, hasta el 26 de junio de 2024, en Cortés se asesinaron a 187 personas, en Francisco Morazán a 158, en Olancho a 120, en Yoro a 111 y en Comayagua a 100. Estos son seguidos por Copán, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Lempira, que en conjunto suman 354 asesinatos durante el mismo periodo analizado.
Es decir, de los 1,226 homicidios contabilizados por la Secretaría de Seguridad, registrados en todo el país hasta el 26 de junio de 2024, el 58% (676) fueron registrados en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Yoro y Comayagua, posicionándolos como los más violentos, a pesar de que en estos se concentran principalmente las estrategias de seguridad impulsadas por el gobierno.
Las estrategias de seguridad que se están implementando son las contempladas en la segunda fase del plan Solución Contra el Crimen, aprobado el pasado 15 de junio en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Entre estas medidas está la intervención en barrios y colonias.
La intervención policial y militar en barrios y colonias se supone que debería ser permanente, algo que no se ha logrado concretar debido, según argumentos policiales, a que no hay suficientes elementos policiales para mantener de manera permanente esta medida, que está focalizada en las zonas más peligrosas del país.
Para el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, estos resultados pueden tener varias connotaciones. Por ejemplo, se intervienen lugares para disminuir la violencia y la criminalidad, pero no hay positividad porque hay evidentes falencias en los procesos de investigación.
“Policías y militares intervienen los lugares que ellos denominan como ‘zonas calientes’ y capturan a los que posiblemente venden drogas y se encargan de recoger los cobros de extorsión, mismos que quedan en libertad porque no hay un proceso previo de investigación; no hay una investigación que sustente la captura del ciudadano”, mencionó Castañeda en pláticas con este medio de comunicación.”
Castañeda explicó que ese no es el error principal, ya que de alguna manera transmite tranquilidad a los habitantes de estas zonas, pero la falla está en no ir directamente en contra de los líderes de estas agrupaciones criminales; no tener efectividad en la persecución del delito, lo que en pocas palabras resume medidas sin estrategia que no tienen dirección.
“¿Por qué no hay capturas de líderes de estas agrupaciones criminales? Porque no hay una política de seguridad, es decir, las autoridades están actuando por reacción. Esta intervención es por hechos criminales que se han registrado, no porque las investigaciones apunten que ahí se están ocultando los líderes de agrupaciones criminales”, valoró.
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Aunque las intervenciones ejecutadas por policías y militares puedan tener una respuesta medianamente positiva, nunca han rendido cuentas oficialmente sobre los hallazgos, logros y obstáculos encontrados. Esta falta de transparencia dificulta evaluar la efectividad de estas acciones. A pesar de no demostrar ser eficaces, continúan siendo implementadas y reforzadas por el gobierno de la presidenta Castro.
A mediados de 2022, cuando fue implementada la primera fase del Plan Solución Contra el Crimen, hasta la actualidad, la Policía Militar no solo ha acompañado a la Policía Nacional, sino que también ha encabezado intervenciones en varios departamentos como Olancho, Colón, El Paraíso, Atlántida, Copán, Yoro, Francisco Morazán y Cortés. Sin embargo, no ha se hecho han rendido cuentas de sus acciones, y además de eso, resulta inconstitucional asignar esta tarea a las Fuerzas Armadas.
