En Honduras, las personas con discapacidad enfrentan una realidad compleja. La ley reconoce sus derechos y establece que deben tener igualdad de oportunidades en educación, trabajo, salud y participación social, pero en la práctica estos derechos muchas veces no se cumplen
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa.- Personas con discapacidad viven enfrentando obstáculos que van más allá de su condición física y sensorial. La falta de accesibilidad en escuelas, hospitales, transporte y espacios públicos limita su participación en la sociedad y reduce sus oportunidades de desarrollo. A diario, estas barreras estructurales reflejan un sistema que todavía no logra garantizar igualdad de oportunidades ni inclusión plena, dejando en evidencia la necesidad de cambios concretos que permitan a todos ejercer sus derechos sin depender de otros.
Tener una discapacidad no significa incapacidad. Con apoyos adecuados, acceso a la educación, la rehabilitación y espacios accesibles, estas personas pueden desarrollarse plenamente. Artículo 6 de La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad: establece principios claros como autodeterminación, normalización y accesibilidad universal, buscando que todos puedan participar en la sociedad en igualdad, con el fin de garantizar oportunidades de crecimiento igual que cualquier otra persona.
Las personas con discapacidad son aquellas que tienen limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que dificultan su participación plena en la sociedad. Eso no significa que sean incapaces, con apoyos adecuados, rehabilitación y espacios accesibles, pueden desarrollarse igual que cualquier otra persona, estudiando, trabajando y viviendo de manera autónoma.
Aunque la Ley señala que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad en todos los ámbitos: educación, salud, trabajo y participación social. También prohíbe cualquier forma de discriminación o trato desigual. Pero en la práctica, la realidad muestra que la aplicación de estos derechos es limitada y existe una gran brecha entre lo que establece la ley y lo que realmente viven las personas con discapacidad.
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La coordinadora de Incidencia de FENAPAPEDISH, Elma Olivia Perdomo, manifestó que las personas con discapacidad tienen muchas limitaciones y la principal es que “ni siquiera tenemos un hospital o un centro de atención psicosocial, basado en el enfoque de derechos humanos, y que no nos sigan viendo como personas enfermas, sino que tomen en cuenta la diversidad humana y la diversidad funcional”.
Lo primero es cumplir la ley de equidad vigente son las peticiones de Elma Perdomo. Porque las personas con discapacidad en Honduras llevan 10 años pujando para que la ley vigente, decreto 162-2005 sea armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incluya derechos como acceso a la justicia, capacidad jurídica, participación política. Perdomo Explicó que necesitan realmente que estas leyes sean aprobadas por el Congreso Nacional, y este año era crucial para lograrlo, y que desgraciadamente, por razones de intereses mezquinos de muchos diputados tradicionalistas del bipartidismo, no se permitió que esta ley fuera una realidad para las personas con discapacidad.
DERECHOS DE INCLUSIÓN SIGUEN SIN APLICARSE
La educación es uno de los campos donde la exclusión se hace más evidente. La Ley garantiza que los estudiantes con necesidades educativas especiales deben integrarse al sistema educativo regular y recibir los apoyos necesarios. En los Artículos 17-19: la intención es que todos los niños y jóvenes con discapacidad tengan acceso al conocimiento sin que su condición los límite.
Los niños y jóvenes con discapacidades puedan integrarse en escuelas regulares o, si es necesario, recibir atención en aulas o instituciones especializadas. Pero muchas escuelas o colegios no cuentan con rampas, baños adaptados ni materiales en braille. Además, los docentes suelen no recibir la formación necesaria para atender estas necesidades, lo que limita la integración y afecta la calidad de la educación. Y como resultado, muchos niños y jóvenes con discapacidad crecen con menos oportunidades de aprendizaje y desarrollo social.
La exclusión educativa es una de las barreras más visibles. La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para la Personas con Discapacidad establece que los estudiantes con necesidades especiales tienen derecho a integrarse en escuelas regulares con los apoyos necesarios.
La exclusión laboral también es un reto constante Artículos 31-32 y 35: La ley garantiza a las personas con discapacidad el derecho a un empleo digno, acorde a sus capacidades, y prohíbe cualquier discriminación en procesos de selección o contratación. La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, establece cuotas mínimas de contratación tanto en instituciones públicas como privadas para promover la inclusión laboral.
Sin embargo, muchas empresas no cumplen estas cuotas y aplican criterios de selección que excluyen a personas con discapacidad, incluso cuando están totalmente preparadas para realizar el trabajo. Esto refleja una discriminación estructural que limita su acceso al empleo formal.
Para fomentar la contratación, la ley incluye beneficios fiscales, como permitir deducciones por salarios pagados a personas con discapacidad o por donaciones a instituciones dedicadas a su atención. No obstante, la falta de supervisión hace que estos incentivos tengan poco efecto, y muchas empresas no los utilizan ni cumplen con la contratación obligatoria.
La exclusión social es otro problema que afecta profundamente a estas personas. La ley establece en los Artículos 14-16: que tanto los municipios como la familia deben garantizar un entorno inclusivo que permita la participación en actividades culturales, deportivas, recreativas y comunitarias. Esto implica accesibilidad en los espacios públicos y la integración en programas de participación ciudadana.
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Sin embargo, en la práctica, numerosos espacios carecen de accesibilidad básica. Centros comerciales, transporte público, hospitales, parques y oficinas gubernamentales a menudo no cuentan con rampas, ascensores adaptados, señalización en braille o transporte adecuado. Esta falta de accesibilidad limita la autonomía, restringe la movilidad y dificulta la participación social.
La falta de oportunidades se evidencia cuando las personas con discapacidad no pueden acceder a educación de calidad, formación profesional, servicios de salud o empleo, aun cuando son competentes y están capacitadas. La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad contempla programas específicos para garantizar igualdad de oportunidades y apoyar la superación personal.
Sin embargo, la discriminación puede presentarse de manera directa, como en el rechazo a la contratación para un empleado, a la inscripción en escuelas y colegios. También se presenta de forma indirecta, mediante barreras físicas, falta de información accesible o actitudes de exclusión social. La ley prohíbe cualquier trato desfavorable basado en la discapacidad y reconoce la igualdad de derechos en todas las personas.
A pesar de ello, la discriminación sigue presente. Estudiantes que no son admitidos, trabajadores rechazados a pesar de cumplir los requisitos y personas que reciben atención deficiente en hospitales demuestran que, la ley es clara, pero los mecanismos de supervisión y sanción son insuficientes.
La desigualdad se manifiesta cuando las personas con discapacidad no pueden acceder a los mismos servicios y oportunidades que el resto de la población. La ley contempla ayudas técnicas, servicios de rehabilitación y programas educativos adaptados para reducir estas brechas.
La atención en hospitales y centros de salud es especialmente crítica. Aunque la ley establece programas de prevención, rehabilitación y atención especializada, así como la obligación de contar con personal capacitado y equipos adecuados. La realidad es que la falta de recursos y formación impide una atención adecuada, retrasando procesos de rehabilitación esenciales.
En resumen, en Honduras los derechos de las personas con discapacidad están reconocidos sobre el papel, pero la realidad es que muchas veces no se respetan. Se necesita inversión en infraestructura, capacitación efectiva, supervisión del cumplimiento de la ley y políticas que realmente fomenten la inclusión. Solo así se podrá garantizar que estas personas puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad, sin depender de la buena voluntad de terceros.
