Las personas con discapacidad, exigen respuestas concretas y un compromiso real para la implementación de políticas inclusivas
Tegucigalpa, Honduras. – En el quinto día de su instalación, el campamento de la inclusión en El Progreso, Yoro, continúa su lucha por la aprobación de una política pública municipal que beneficie a las personas con discapacidad. A pesar de haber presentado su propuesta en octubre de 2022, aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades municipales.
Jorge Andino, coordinador de la Red Institucional de Personas con Discapacidad por la Inclusión y Acceso a Derechos, expresó que la población con discapacidad ha tomado la determinación de permanecer en el campamento debido a la invisibilización que han tenido. “Hemos estado invisibilizados de manera permanente”, recriminó Andino.
A criterio del coordinador de Caprodi, la indiferencia de las autoridades municipales y centrales hacia las personas con discapacidad es porque “sienten que no les suman ni les restan en votos, esa es la verdad, si sintieran que somos una población determinante en votos entonces nos pondrían atención”.
La propuesta de política pública destinada a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en El Progreso fue elaborada en octubre de 2022 y presentada a la corporación municipal. Este documento es el resultado de un esfuerzo colaborativo que incluye aportes de diversas organizaciones sociales, instituciones públicas y representantes del sector privado, quienes trabajaron conjuntamente para crear un marco que promueva la inclusión y el respeto por los derechos fundamentales de este grupo vulnerable.
La iniciativa busca no solo visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad, sino también establecer mecanismos concretos para su integración plena en la sociedad.
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UN SILENCIO INJUSTIFICABLE
Las personas con discapacidad en El Progreso han sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades municipales, quienes han mantenido un silencio prolongado ante las solicitudes y demandas de este sector. A pesar de los esfuerzos realizados para presentar una propuesta de política pública que garantice sus derechos, las autoridades no han ofrecido respuestas ni han mostrado disposición para entablar un diálogo constructivo.
Jorge Andino, manifestó su frustración ante la falta de respuesta de la corporación municipal. «Las personas con discapacidad hemos hecho solicitudes y hemos venido pidiendo espacios en la corporación municipal, pero no sólo hemos tenido un silencio sino un desdén. Ni siquiera hay respuestas para decirnos qué está pasando», recriminó Andino.
Este silencio ha llevado a los manifestantes a exigir a las autoridades municipales que aprueben la política pública en su totalidad. «Estamos dispuestos a no movernos hasta que esa política pública municipal pueda ser aprobada», afirmó Andino, enfatizando la urgencia y relevancia del tema.
Andino también destacó que el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad no depende únicamente de la voluntad política, sino también del compromiso de la ciudadanía. «Debemos trabajar juntos para lograr espacios inclusivos y seguros que permitan a las personas con discapacidad y a la sociedad en general vivir en la primera ciudad inclusiva», declaró.
Sin embargo, advirtió que este objetivo no se alcanzará si persisten las estrategias asistencialistas que solo ofrecen soluciones temporales. «Esta política es diferente porque propone el camino, la ruta, la forma y los mecanismos necesarios para lograr una verdadera inclusión», subrayó.
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NECESIDAD DE INVERSIÓN REAL
La implementación de una política pública municipal de inclusión para las personas con discapacidad en El Progreso requiere de un financiamiento adecuado y sostenido, ya que sin recursos económicos es imposible llevar a cabo las iniciativas necesarias para garantizar su efectividad.
Cristian Murillo, coordinador del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Caprodi), agregó que el campamento se instaló «desde la esperanza, desde la necesidad». Murillo enfatizó que es crucial destinar al menos el 6% del presupuesto municipal para generar inversión social e infraestructura que reforme la ciudad en la próxima década.
«Si generamos únicamente un presupuesto para pagar salarios o comprar canastas, no estamos hablando de una política transformadora. Necesitamos una inversión real, medible y constante para poder evaluar el avance en 10 años», concluyó Murillo.
El campamento sigue siendo un símbolo de resistencia y esperanza para las personas con discapacidad en El Progreso, quienes continúan exigiendo ser escuchados y reconocidos en sus derechos fundamentales.
El campamento de inclusión se mantiene firme frente a la municipalidad de El Progreso, simbolizando la determinación de las personas con discapacidad en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. A lo largo de su instalación, esta manifestación se ha caracterizado por su carácter pacífico, evidenciando el compromiso de los participantes por buscar un diálogo constructivo con las autoridades.
