La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), María José Araya, dijo a Criterio.hn que se está trabajando en conjunto con las autoridades hondureñas para el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso de los buzos miskitos, pero hay grandes retos para que estas cumplidas
La implementación efectiva de las medidas de reparación no solo es un deber legal, sino también una cuestión de justicia y humanidad para una comunidad que ha sido históricamente marginada y vulnerable
Tegucigalpa, Honduras. -A las 5:00 de la mañana los buzos llegan al muelle ubicado en Puerto Lempira en el departamento de Gracias a Dios, en sus redes traen langostas, pepinos de mar y algunos crustáceos que en restaurantes y supermercados de las ciudades más grandes son vendidos entre 300 400 ($16) lempiras la libra.
Para que estos productos lleguen a los estantes y cocinas los buzos miskitos arriesgan sus vidas adentrándose a las profundidades del Mar Caribe. En su mayoría los pescadores no obtienen grandes ganancias por estas actividades y son explotados por las empresas pesqueras que son las más beneficiadas.
En La Moskitia hondureña las fuentes de empleo son escazas, por ello, gran parte de la población se dedica a la pesca por medio del buceo, una labor riesgosa que han ejercido sin acceso a condiciones laborales adecuadas. Estos buzos no cuentan con seguridad social u otros beneficios.
El 5 de noviembre de 2004, la Asociación de Miskitos Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI), la Asociación de Mujeres Miskitas Miskitu Indian Mairin Asla Takanka (MIMAT) y el Consejo de Ancianos Almuk Nani Asla Takanka, en representación del pueblo indígena Miskitu del departamento de Gracias a Dios, interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado de Honduras.
La demanda acusaba al Estado de Honduras de ser responsable internacionalmente por los daños causados a los buzos miskitos, especialmente a 48 buzos identificados.
El 31 de agosto de 2021, la Corte IDH falló a favor de los buzos miskitos y le ordenó al Estado hondureño cumplir una serie de reparaciones económicas y sostuvo que los Estados deben garantizar que las empresas, incluidas las transnacionales, respondan por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su territorio.
A casi tres años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor del caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) vs. Honduras y sentenció al Estado hondureño a cumplir las medidas de reparación, pero estás avanzan a medio vapor.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, señaló que diversas organizaciones señalaron que “no se estaría avanzado en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso de los Buzos Miskitos Vs. Honduras del 2021”.
Por su parte la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), María José Araya, dijo a Criterio.hn que en coordinación con las autoridades hondureñas se ha iniciado un trabajo para impulsar el cumplimiento de las medidas de reparación del caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) vs. Honduras.
Sin embargo, mencionó que las medidas de reparación ordenadas en ese caso y que se tienen que implementar tienen grandes retos, “tanto para nosotros como corepresentantes, pero también para el Estado hondureño”.
La integrante de Cejil brindó una entrevista brindada a este medio digital semanas atras en las que expresó que estas medidas establecen “básicamente que el Estado de Honduras revierta toda una situación de exclusión, vulnerabilidad y de discriminación que ha existido hacia la población de La Moskitia”.
Añadió que “nos hemos topado situaciones realmente complejas para poder materializar esas medidas de reparación”.
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Estos retos van desde la falta de un registro de personas (nacimientos y defunciones), es decir, son personas que no tienen documentos que prácticamente no existen para el Estado y es un elemento que ha propiciado que se puedan seguir dando este tipo de violaciones a derechos humanos.
“Las empresas y los empresarios prácticamente actúan al margen de la ley y de cualquier control estatal. La Moskitia es un territorio donde no hay control estatal y las personas básicamente hacen lo que pueden por sobrevivir en condiciones realmente inhumanas”, lamentó la jurista.
Araya precisó que se ha avanzando en el tema de las indemnizaciones, que es una medida “muy relevante” para las víctimas directas del caso, ya que las condiciones en las que subsisten estas personas son complicadas y casi de abandono gubernamental.
Otro avance, fue el reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades hondureñas. “Esto fue muy importante para los buzos y para sus familias, esa fue la primera vez en la que altas autoridades del Estado hondureño, pusieron un pie en La Moskitia”, señaló.
El 30 de marzo de 2023, el Gobierno de Honduras por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció su responsabilidad en el caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) vs. Honduras.
Precisó que las autoridades hondureñas se comprometieron a propiciar condiciones para la inclusión y para el mejoramiento de las condiciones de vida de los buzos, sin embargo, “hay muchas otras medidas específicamente las que son más estructurales que impactan a la población en general y no solamente las víctimas del caso”.
