Persisten ataques a libertad de expresión y prensa en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. El informe  “Sobre el Estado de la Libertad de Expresión 2014” del Comité por la Libertad de Expresión  (C-Libre) registró 94 agresiones caracterizándolo como uno de los períodos oscuros y de silencio forzado que costó la vida a 10 periodistas y trabajadores de medios de comunicación

El Estado sigue siendo el mayor violador de la libertad de expresión, citando los casos particulares de las amenazas de muerte contra el periodista David Romero Ellner, director de Radio Globo y de Globo TV; el Canal Cholusat Sur, que recibió una advertencia de cierre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por transmitir denuncias de presuntos actos de corrupción cometidos por el gobierno y funcionarios públicos y el juicio del periodista Julio Ernesto Alvarado, querellado por la Decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

La actividad fue presidida por Ana Ortega, presidenta de la Junta Directiva de C Libre; Gladys Lanza, que recibió el Premio Libertad de Expresión 2015; Gilberto Gálvez, que recibió igual distinción y Héctor Longino Becerra, Director Ejecutivo de C-Libre.

El compendio cita los casos particulares de Albertina Manueles Pérez, indígena corresponsal de Radio Progreso que fue demandada por el delito de sedición; Alex Sabillón López, sobre quien el C-Libre ha emitido tres alertas para proteger su vida; Gilberto Gálvez, periodista del municipio de La Paz, que enfrenta una querella de la alcalde local.

En ese sentido, el C-Libre organizó redes de periodistas rurales y llama a periodistas de las ciudades a la unidad y organizarse para no actuar de manera aislada. El año pasado se emitieron 15 alertas, se han quintuplicado las agresiones contra la libertad de expresión.

En 2014 Radio Globo recibió 15 agresiones, siendo el más agredido en ese y en actual período, lo que indica un aumento de las agresiones, crímenes y amenazas contra la vida y el libre ejercicio de la comunicación.

Al respecto, la periodista Sandra Maribel Sánchez, miembro del equipo de prensa de Radio Progreso, subrayó que el mayor esfuerzo debe enfocarse a terminar de una vez por todas con la impunidad.

Todas las agresiones contra la prensa vienen del poder, de la corrupción y aparte de eso el no considerar el riesgo al que miembros del entorno familiar se ven expuestos, como el caso de las dos hijas de la periodista Luz Marina Paz, asesinado hace un par de años a pesar que ejercía un tipo de comunicación que el gobierno acepta.

Sánchez abogó por la organización en bien de la vida y en definir con claridad el expediente de cada periodista asesinado con lo que se busca cerrar filas a las excusas de las autoridades que colocan un manto de impunidad al justificar de manera solas que la víctima andaba en malos pasos por no investigar las causas del hecho.

El informe de C-Libre establece que en la Honduras pos golpe de Estado predomina la política de la intimidación que recurre a la vía judicial para evitar las denuncias de corrupción formuladas por organizaciones de derechos humanos y ciertos medios de comunicación.

Es así como el 14 de julio, fecha en la que se conmemora la proclamación de los principios universales de Libertad, Igualdad y Fraternidad, el gobierno declaró una orden de reserva de acceso a información en 18 entidades del Estado.

AGRESIONES

Gran parte de las agresiones a la libertad de expresión vienen de entes públicos, en forma particular, Del titular del Poder Ejecutivo mantiene una actitud intimidatoria constante hacia los medios de comunicación, con “algunos casos que han terminado en homicidios”.

La escalada de violencia, ratifica C-Libre en su informe anual 2014, es una constante desde el año 2009, algo que ha sido paralelo a la militarización de la sociedad; en este período C – Libre registró 94 agresiones a la libertad de expresión, unos 87 entes públicos son responsabilizan de las mismas y 81 los ofendidos, entre entidades y particulares.

Se registra un descenso respecto al año 2013, no así aumenta la cantidad de asesinatos, hechos en los que por su omisión el Estado emerge como cómplice de los mismos y que resulta en una restricción indirecta a la libertad de expresión.

Los tres últimos meses del año anterior registraron el mayor número de agresiones a la libertad de expresión, con 10, 14 y 13 hechos violentos en ese lapso. La mayor parte de las ataques tuvieron lugar en los departamentos de Francisco Morazán, con 46; Cortés, con 10 y Valle, con 7.

Las agresiones a la libre expresión corresponden a obstrucción informativa, censura, querellas o acusaciones judiciales, represión judicial, negación de información y  las víctimas de homicidios afectan en su mayoría a periodistas del interior del país.

Del año 2013 a la fecha 49 periodistas han sido asesinados en el país, siendo los años 2010, 2011, 2012 y 2014, los de mayor incidencia mortal para los comunicadores  sociales.

Ante esa realidad C-Libre propone que junto a otras organizaciones de la sociedad formulen un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisar la actuación del Estado y su estrategia de criminalización; y generar un amplio debate sobre el tema para crear consciencia social e investigar las causas.

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