Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Un grupo de afiliados al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) elegirán el sábado en Tegucigalpa la junta directiva para otro periodo de dos años, que se prevé será integrada por los cuadros que representan la continuación de la política de antitransparencia que ha caracterizado la gestión financiera y administrativa del ente de pensiones de los comunicadores.
Los dos últimos presidentes del CPH, y a su vez de la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Dagoberto Rodríguez y Eduin Natividad Romero, se han opuesto a someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a entregar información del ente de pensiones, al igual que han rechazado una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El presidente y el fiscal del CPH y el más alto cargo del Tribunal de Honor, se incorporan junto a otros tres periodistas y un delegado de los propietarios de medios de prensa (ausente desde hace más de una década), a la junta directiva del Instituto de Previsión, que desde que inició operaciones en 1987 han operado sin ninguna fiscalización.
Los periodistas integrantes de las dos últimas juntas directivas del CPH, han mantenido una posición de silencio o complicidad con las posiciones de los presidentes que han asumido la dirección del IPP, pese a que debiesen actuar para proteger los intereses de los comunicadores que los eligieron.
Esta es la nueva planilla que se reeligirá mañana sábado para integrar el CPH y el IPP:
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El CPH, controlado por un viejo cacicazgo con fuertes vínculos políticos, que se nuclea en un autodenominado movimiento Alvaro Contreras, tiene su principal activo en el IPP, que ha operado más de 380 millones de lempiras sin la auditoría de lo que fue la Superintendencia de Bancos, que era una dependencia del Banco Central de Honduras, y a partir de 1995 de la CNBS.
El IPP es el ente de previsión en el que el gerente, Omar Calderón, ofreció al veterano periodista, Mario Valladares, una pensión de 1.000 lempiras, mientras el sistema otorga beneficios y privilegios a los ejecutivos y empleados a los que se ha destinado más de un 24 por ciento de los ingresos totales.
Dagoberto Rodríguez, que se asegura será lanzado para la reelección, culmina el sábado dos años en la presidencia del CPH y el IPP, periodo en el que su principal empeño fue malgastar recursos del ente para ocultar información y evitar someter las operaciones financieras y administrativas a la auditoría de la CNBS.
“Nosotros vamos apoyar la reelección de Dagoberto Rodríguez que encabeza la planilla” que presentará el Movimiento Álvaro Contreras en la asamblea, dijo a la emisora HRN el ex presidente del capítulo del CPH en San Pedro Sula, Santos Gálvez.
Rodríguez, que se desempeña como jefe de la corresponsalía del diario La Prensa en Tegucigalpa, en sus dos años en la presidencia del IPP emuló a sus antecesores, Eduin Natividad Romero y Juan Ramón Mairena, en la decisión de desistir de requerir las transferencias del estado, establecidas en la ley de creación del ente.
Con este desistimiento, los directivos ocasionaron a partir de 2014 una pérdida para el IPP de casi 5 millones de lempiras, tratando de evitar entregar información pública por ser el Instituto sujeto de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP), y para no someterse a la vigilancia y supervisión de la CNBS.
La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las instituciones que captan fondos públicos, como ocurre en el IPP, son sujetos de esa legislación, mientras que la ley de Protección Social manda que los entes de pensiones que captan directa o indirectamente fondos públicos, deben someterse a la supervisión de la CNBS, si pretenden mantener su membresía o captar nuevos afiliados.
Rodríguez se gastó, además, más de 300.000 lempiras del IPP para el pago de asesorías y contratación de abogados para presentar al menos 8 Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ordenó a los directivos del Instituto entregar información de sus operaciones financieras y administrativas.
A Rodríguez, que presume de recurrir a las peticiones de acceso a la información pública en el diario La Prensa para nutrir investigaciones periodísticas, el IAIP le impuso una multa de tres salarios mínimos, unos 26.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al no publicar la información del IPP, en el Portal Único de Transparencia de la institución.
El dirigente, aunque asegura que los fondos del IPP se han manejado con las “manos limpias”, se resiste tenazmente a entregar información de las operaciones financieras y administrativas y mucho menos a someter al ente a la auditoría de la CNBS.
Mientras, Romero, que presidió el IPP entre enero de 2015 y enero de 2017, fue sancionado por el IAIP con una multa de 8.000 lempiras por negarse a entregar información de las operaciones del ente de pensiones.
Romero y Rodríguez se encuentran en situación de desobediencia al no haber cumplido con la entrega de la información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, que gestiona con poco éxito la información del IPP desde el año 2015.
En las últimas asambleas del CPH para elegir junta directiva, ha participado menos del 10 por ciento de la membresía, porque sus dirigentes con sus ejecutorias dejaron de representar los genuinos intereses de los periodistas.
