Por: Redacción Diario de Nueva York
redaccion@criterio.hn
El gobierno de los Estados Unidos concedió asilo a un periodista hondureño que llegó a ese país escapando de las amenazas y de ataques violentos en su contra, debido a que realizaba cobertura sobre narcotraficantes y crimen organizado, publicó el Diario de Nueva York.
Según la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), el periodista pudo comprobar no sólo que sufrió persecución por realizar su trabajo sino que la policía hondureña no hizo nada por protegerlo “porque los supuestos perpetradores eran menores de edad”.
La decisión también acepta que las organizaciones de narcotráfico que amenazaron al periodista son tan poderosas en todo Honduras, que no le hubiera servido de nada mudarse a otra parte del país, el argumento que seguía el gobierno de Estados Unidos para evitar darle asilo.
Este caso no sólo abre la puerta para que otros periodistas hondureños y posiblemente guatemaltecos puedan recibir asilo en Estados Unidos si comprueban persecución por hacer su trabajo, sino que aclara aún más la situación en esos países, dijeron expertos.
Bradley Jenkins, abogado voluntario del proyecto BIA de la Red Católica Legal de Inmigración (CLINIC), que representó al periodista, dijo que no podía dar información del caso más allá de lo explicado en la decisión escrita del BIA ni dar el nombre del afectado.
Sin embargo indicó que el caso habla de la situación de extrema violencia y peligrosidad que se vive en ese país, desde donde también están llegando miles de refugiados, particularmente mujeres con niños pequeños y menores solos.
“Casos como este reafirman que muchas de las personas que están llegando a nuestra frontera son provenientes de ese país, son refugiados legítimos y así deberían de ser tratados por nuestro gobierno”, dijo Jenkins en una entrevista telefónica desde Maryland.
El caso fue primero rechazado en abril por un juez de inmigración que llevaba el proceso de deportación del periodista, cuyo nombre aparece borrado en documentos del Departamento de Justicia obtenidos por este diario. El caso fue apelado por los abogados voluntarios de CLINIC que representaron al periodista a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que falló recientemente.
El gobierno de Estados Unidos insistía en que el hondureño debía de ser deportado.
Según la decisión publicada por el BIA, el periodista fue despedido de su trabajo como periodista ya que dejó de ir a trabajar tras recibir amenazas y ser atacado violentamente, incluyendo ser víctimas de hostigamiento, disparos y una paliza, relacionadas a sus reportajes sobre narcotraficantes locales.
Este caso no es único, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) ha reportado que la situación de los medios en Honduras y su vecina Guatemala, han experimentado un alarmante aumento en la cantidad de asesinatos y ataques contra los periodistas, añadiendo que hay una “impunidad casi total” ya que los casos casi nunca se resuelven.
La CPJ ha identificado 17 asesinatos de periodistas solo en Honduras desde 2009, confirmando que en tres de esos casos se trató de represalias directas contra su trabajo y en los otros 14 es posible que ese haya sido el motivo pero no está comprobado que así sea
