El Partido Nacional, Liberal y FAPER fueron los partidos políticos señalados por la MACCIH de participar en actos de corrupción en las elecciones de 2013, sin embargo, las personas involucradas fueron sobreseídas en 2022
Tegucigalpa, Honduras. – Durante la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el Caso Pandora destacó debido a su implicación de integrantes de tres partidos políticos en actos de corrupción. Hasta la fecha, no se ha conocido de alguna sanción que hayan recibido.
Entre los 12 casos emblemáticos investigados durante la instalación de la MACCIH, resalta el Caso Pandora, que involucró directamente al Partido Liberal, al Partido Nacional y al Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), en el desvío de aproximadamente 282 millones de lempiras provenientes de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG).
Este dinero se utilizó para financiar campañas políticas de los miembros de los partidos mencionados en los comicios electorales de 2013. La falta de sanciones hasta la fecha para estos partidos políticos por su participación en actos de corrupción plantea interrogantes.
Por ello, analistas consultados por este medio de comunicación digital subrayan la importancia de tomar medidas contundentes para evitar la repetición de tales hechos.
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LA ACUSACIÓN
La acusación fue presentada por la MACCIH en 2018 a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic), involucrando a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios y particulares.
Al respecto la vocera interina de la MACCIH, Ana María Calderón, refirió en su momento ante los medios de comunicación que se había conocido que montos de dicha secretaría fueron desviados a las cuentas de candidatos a alcaldes y diputados del Partido Nacional, Liberal y FAPER.
Parte de los fondos desviados se emplearon en financiar la denominada «tarjeta cachureca», y también se asignaron recursos a los coordinadores de campaña del Partido Nacional. Además, se efectuaron compras de dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se destinaron pagos para saldar préstamos al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), sumando un total de 99 millones de lempiras.
Los delitos que se les imputaron fueron abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración pública.
Es preciso mencionar que, pese a que el caso se presentó en 2018, finalmente los involucrados fueron sobreseídos en 2022, luego de cinco acciones de amparo por parte del Ministerio Público, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó un sobreseimiento definitivo.
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FALENCIAS DE LOS ENTES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN
En una entrevista con Criterio.hn, Luis León, analista y exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, señaló que un factor determinante en el retorno de los partidos políticos en las contiendas electorales sin enfrentar sanciones, a pesar de las investigaciones de la MACCIH esa es la deficiencia en los mecanismos de fiscalización.
León apuntó que entidades como la Unidad de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público no han logrado resultados efectivos en la investigación de candidatos, lo que resulta en menciones, pero, finalmente, en sobreseimientos por falta de pruebas.
Esta situación, según León, refleja una debilidad institucional significativa,” la mayoría de los casos promovidos por la MACCIH terminan en sobreseimientos provisionales o definitivos, lo que no garantiza justicia, ya que esta implica la reparación del daño”.
Ante este panorama, León destacó el desafío que enfrentan las nuevas autoridades del Ministerio Público en impulsar una agenda investigativa con evidencia sólida que no sea desvirtuada por el sistema judicial, como ha ocurrido en el pasado.
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GRACIAS A NEGOCIACIONES POLÍTICAS, MUCHOS SIGUEN EN IMPUNIDAD
El analista político, Aníbal Calix, es del criterio que los partidos políticos que ya se han mencionado en actos de corrupción deben establecer procesos internos y de esta manera verificar que los integrantes de los partidos políticos no estén utilizando estos institutos para realizar actos vinculados a la corrupción y el narcotráfico.
Asimismo, menciona que ya los códigos penales del mundo refieren que la responsabilidad también recaiga en las empresas e instituciones y que estas sean sometidos a regulaciones y sanciones en caso de encontrarse culpables de actos irregulares.
En cuanto a las sanciones menciona que existen, pero son tibias o drásticas, por ejemplo, la que refiere a quitar personería jurídica.
“En estos momentos no prevé mayor sanción y eso pasa con muchas leyes en el país que no tienen dientes y ejecutar las sanciones es prácticamente imposible sumando a que mucho de lo que se negocia en el Congreso Nacional es la impunidad por eso es que no se logra castigar a responsables”.
Es importante mencionar que el Partido FAPER, uno de los señalados en la investigación de la MACCIH, estuvo al borde de la desaparición, según lo informó el pasado mes de enero el actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro.
Esto se debió a que no lograron obtener los votos ni los cargos de elección popular suficientes en las elecciones generales de 2021 para mantenerse activos, tal como lo exige la Ley Electoral vigente.No obstante, el coordinador del FAPER, Ángel Leodán Hernández, refirió que hasta el momento no han recibido notificación alguna por parte del CNE, por lo que esperan participar en los comicios electorales de 2025.
