Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. Un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras (IAIP), revela que los partidos políticos son las entidades que más violan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los nueve institutos políticos existentes en el país fueron analizados y sólo la Alianza Patriótica Hondureña acató la norma, aunque ese partido ya fue disuelto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta información está en el Informe Ejecutivo de Verificación de Información de Oficio en Portales de Transparencia de Instituciones Obligadas para el período julio-diciembre de 2014, según se dio a conocer a los medios de comunicación. En el estudio se evaluó si las dependencias públicas durante el segundo semestre de 2014 dieron a conocer en sus portales situados en sus páginas web la información sobre la ejecución de sus operaciones y en el caso de los partidos políticos, se evaluaron los dos últimos años.
En 2013, los partidos políticos no estaban difundiendo la información de oficio en sus respectivos portales albergados en el Portal Único de Transparencia, a pesar de que el IAIP ha realizado un acompañamiento de los mismos antes y después de las elecciones generales 2013”, da a conocer el informe.
Los partidos Nacional, Liberal, Innovación y Unidad (Pinu), Libertad y Refundación (Libre), Democracia Cristiana, Partido Anticorrupción (Pac) y Unificación Democrática (UD) son transgresores de la Ley de Transparencia reza el informe presentado por el IAIP.
El Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER) que lideraba Andrés Pavón, también resultó aplazado, que al igual que la Alianza Patriótica Hondureña fue eliminado por el TSE por no alcanzar los votos ue manda la ley electoral y de las Organizaciones Políticas
Las autoridades del IAIP, apuntaron que los partidos políticos son instituciones obligadas a presentar sus informes públicos porque reciben financiamiento del gobierno mediante pago de recursos por votos en elecciones nacionales y que se conoce como la deuda política.
Según el organismo, la Presidencia tiene retos en información sobre programas y proyectos, licitaciones públicas y privadas, liquidaciones presupuestarias, informe anual de gastos y la cantidad de transferencias monetarias mensuales.
Otras dependencias con baja calificación son el Ferrocarril Nacional con un cero por ciento; la Universidad Nacional Agrícola (nueve por ciento) el Instituto Nacional Penitenciario (13 por ciento); el Fondo Social para la Vivienda (32 por ciento) y el Comité Técnico para el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional (32 por ciento). La Oficina Administradora de Bienes Incautados se le consignó una nota de 40 por ciento.
Siga esta noticia en Twitter: @criteriohn.
