Por: Redacción AGENCIAS
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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declaró este lunes el “abandono del cargo” por parte del presidente Nicolás Maduro y exigió el llamado inmediato a elecciones. La decisión, que contó con 106 votos favorables de diputados de la oposición, se produce in extremis, pues, según la Constitución vigente en Venezuela, solo hasta este lunes la falta absoluta del primer mandatario implicaría una convocatoria a elecciones para reemplazarlo.
Este martes comienzan los dos últimos años del actual periodo constitucional, tramo durante el cual —según reza el artículo 233 de la Constitución— la falta del presidente debe ser suplida por “el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva (…) hasta completar el periodo constitucional” en enero de 2019. El actual vicepresidente, Tareck El Aissami, designado la semana pasada por Maduro, representa al ala más dura del chavismo.
No se espera que, de momento, la declaración tenga un efecto práctico, más allá de ahondar la grave crusis institucional que atraviesa Venezuela. Desde septiembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo, había declarado «en desacato» al Parlamento, dominado por la oposición. Ayer el TSJ aseguró que la destitución del presidente se encuentra “al margen de las atribuciones constitucionales” del Legislativo.
Haciendo caso omiso de la exhortación del Poder Judicial, pero conscientes del atasco institucional que impide llevar a la práctica sus decisiones, los representantes de la oposición que impulsaron el pronunciamiento parlamentario llamaron a sus seguidores a movilizarse en las calles. “Solamente con el pueblo en la calle exigiendo su derecho a elegir, de forma organizada, cívica, pacífica e irreverente, se logrará restituir la Constitución y hacer cumplir la declaratorio del abandono del cargo”, dijo el nuevo primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, quien advirtió a los militares “que no se presten a contener al pueblo”.
Aunque no sea por ahora más que un gesto, la declaración parlamentaria augura una reanudación caliente para el conflicto político venezolano, en pausa unos días por el asueto navideño. De hecho, la posición adoptada por el Parlamento generó tensiones dentro de la propia bancada opositora, que no votó por unanimidad la resolución. Aunque ya el Parlamento había acordado imputar a Maduro la “responsabilidad política” de la crisis en diciembre pasado, no disponía de la potestad legal de abrir un juicio al presidente. Cuando quedó claro que el Gobierno lograría, a través de su control del organismo electoral, burlar la convocatoria de un referendo revocatorio, y que usó la mesa de diálogo patrocinada por el Vaticano y Unasur para ganar tiempo, los sectores más radicales de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), representados por voces como la exdiputada María Corina Machado, empezaron a presionar para activar la declaración del “abandono del cargo” antes de que se agotara el plazo constitucional para convocar a unas elecciones donde se escogería por sufragio popular al eventual sucesor del mandatario.
El “abandono del cargo” es una figura contemplada en el artículo 232 de la Constitución, apadrinada por Hugo Chávez en 1999. Sin embargo, para que pudiera ser aplicada en este caso, la figura del “abandono” tuvo que ser objeto de una interpretación algo metafórica. “El Gobierno de Nicolás Maduro es totalmente fallido y forajido”, explicó Ramos Allup, anterior presidente de la Asamblea, asimilando así la pretendida falta del presidente a un incumplimiento de sus deberes constitucionales. “La declaración del abandono es la solución a la crisis”. El acuerdo aprobado ayer asegura que, con su actuación, Maduro estaría “abandonando el principio de la supremacía constitucional (…) el principio del Estado Democrático de Derecho y de Justicia (…) así como las funciones constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la República”.
“¿Todavía soy presidente?”, se preguntaba Maduro ayer al mediodía. El presidente pretende juramentar hoy un inédito Comité Antitraición y Antigolpe, que estará bajo la dirección del vicepresidente El Aissami.
En la misma sesión, la bancada opositora aprobó la desincorporación de tres diputados por el estado de Amazonas, cuya alta en septiembre pasado motivó al TSJ a declarar “en desacato” al Parlamento.
Voces en contra
Sin embargo, no todas las facciones de oposición estuvieron de acuerdo con la pertinencia jurídica y la oportunidad política de esta declaración. Los diputados del partido Avanzada Progresista (AP) se abstuvieron durante la votación, por considerla “una acusación ineficaz”. También una prestigiosa ONG, Provea (siglas del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), criticó esta maniobra: “Es una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país”.
