Tegucigalpa.- El Parlamento Europeo hizo este martes un llamado urgente para que se haga justicia en el caso de la lideresa indígena Berta Cáceres y manifestó su preocupación por el estado actual del juicio que se ventila en los tribunales hondureños contra uno de los supuestos coautores intelectuales de su asesinato.
La carta, firmada por más de 60 miembros de esa institución está dirigida al gobernante Juan Hernández, a la secretaria de DD HH Jackeline Anchecta, a la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) Blanca Izaguirre, al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta y al Fiscal General Oscar Chinchilla.
El caso de Berta Cáceres “es de suma importancia para la Unión Europea y es primordial para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras y en toda la región de América Latina”, se lee en la misiva fechada el 29 de junio.
Por lo que el Parlamento Europeo hace un llamado al Estado de Honduras para que se garantice el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y una reparación adecuada, efectiva y pronta para la familia de Cáceres y para la sociedad hondureña “que fue impactada por el atroz crimen” de la defensora.
“Hemos seguido de cerca el juicio en curso de Roberto David Castillo Mejía, gerente general de la empresa DESA”, afirma la comunicación, y menciona que los datos presentados durante las audiencias muestran que el acusado utilizó su experiencia en inteligencia militar para establecer una relación con Cáceres cuyo objetivo era monitorear y rastrear sus acciones.
Además, que meses y semanas antes del asesinato, después de un intento abortado, Castillo se coordinó con el gerente de Relaciones y Medio Ambiente de DESA, Sergio Rodríguez, y el exjefe de seguridad de esa empresa Douglas Bustillo, ambos condenados en 2018 por este caso, para proveer la logística necesaria para cometer el crimen el 2 de marzo de 2016.
“La evidencia muestra que estas acciones fueron en comunicación con otros empleados y directores de DESA” señala la carta del Parlamento Europeo a la vez que insta a que el proceso penal contra Castillo “se lleve a cabo en pleno respeto de los principios legales de imparcialidad y justicia abierta”.
Recuerda también que, cinco años después se han logrado “importantes avances” en el caso, los cuales celebran; no obstante, “se han dado pocos pasos hacia una justicia reparadora”.
En ese sentido, “observamos con preocupación que no se ha procesado a los autores intelectuales” del asesinato y tampoco se ha cancelado el proyecto hidroeléctrico, pese a las graves denuncias de corrupción como lo demuestra el caso judicial Fraude al Gualcarque.
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Además, menciona que de acuerdo a juristas y expertos internacionales en derechos humanos, en el juicio de Castillo “han surgido indicios de complicidad criminal de otros actores” que hostigaron a Berta Cáceres, al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y a la comunidad de Río Blanco, y que también habrían participado en la planificación del asesinato.
Las pruebas “también apuntan a acciones de cuestionable legalidad” por parte de funcionarios públicos y “la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con los dueños de la empresa DESA”, sostienen.
En ese sentido, hacen un llamado al Ministerio Público para que adopte medidas prontas y concretas para investigar, capturar y judicializar a todos los sospechosos del asesinato.
También se refieren a la acusación que la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentaron en marzo de 2019 contra 16 funcionarios públicos en el caso denominado Fraude en el Gualcarque.
Esta investigación confirmó las denuncias de Cáceres y del Copinh sobre la existencia de una red de corrupción “dentro de los procesos de otorgamiento de licencias y la negociación de contratos de generación eléctrica”.
No obstante, en diciembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de diez de los 16 imputados; pero a la fecha la justicia sigue sin resolver un recurso de amparo que el Copinh presentó en noviembre de 2019 para garantizar su derecho como víctimas en ese caso.
En consecuencia, el Europarlamento instó al Estado hondureño a reconocer el derecho de las comunidades lencas de Río Blanco y del Copinh “a participar como acusadores particulares como víctimas en el proceso penal”.
Señala también que “es fundamental buscar la coherencia con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas”, incluidos el de protección y garantías judiciales.
La falta de justicia para Cáceres y muchas más personas “asesinadas y atacadas” por defender los derechos ancestrales en el territorio y el ambiente “sigue siendo sistémica”, pero el caso de Berta es un faro de esperanza para que Honduras derribe el muro de la impunidad” que con “demasiada frecuencia” rodea a las personas defensoras de derechos humanos, finaliza la carta.
