Los diputados y diputadas estaban convocadas a sesión para el 17 de octubre para someter a discusión la derogación de la inmunidad de la que gozan los congresistas, sin embargo, la reunión del pleno no se realizó por la falta de consensos para elegir a las autoridades de la fiscalía
Tegucigalpa, Honduras. -A casi dos meses de la fallida elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, que derivó en la paralización de las sesiones en el Congreso Nacional, ha generado un ambiente de incertidumbre y que, a criterio de analistas, puede afectar la lucha contra la corrupción.
La falta de consensos para elegir a las nuevas autoridades de la fiscalía y la falta de sesiones ha rezagado la aprobación y derogación de proyectos de ley que abonan a la lucha contra la corrupción como eliminar el decreto 117-2019 que otorga inmunidad a los diputados. De igual manera, temas de interés nacional, por ejemplo, la aprobación de la ley de casas refugio y del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2024.
Para algunos analistas esta parálisis en la agenda legislativa puede ser contraproducente, especialmente en la última semana, ya que la misión de expertos de Naciones Unidas, realiza su tercera visita a Honduras, misma que continúa con su trabajo de acuerdo al memorándum de entendimiento, evaluando el sistema de justicia hondureño y la lucha contra la corrupción.
Al respecto el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, cuestionó que las y los diputados del Congreso Nacional no sean capaces de llegar a un consenso y elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, situación que puede dejar una mala imagen de este poder del Estado, ante la misión de expertos de la ONU.
El jurista expuso que esta paralización en la agenda legislativa ahí es parte de la debilidad de la institucionalidad democrática en el país, “porque si reconocemos que el Ministerio Público está en una crisis y el Congreso Nacional, que es el órgano encargado de elegir a las nuevas autoridades del ente acusador, no se hace nada para terminar esta crisis obviamente tiene un impacto en Ministerio Público”.
En una conversación con Criterio.hn precisó que este tipo de actitudes y tiene un impacto simbólico en la ciudadanía porque aumenta la desconfianza en la clase política. Además, recordó que estas acciones le valieron al actual Congreso Nacional una mala calificación en el sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ).
“Los partidos políticos son las instituciones en las que menos confía la población y con este tipo de actitudes, acciones y omisiones lo único que hacen es aumentar esa desconfianza y obviamente esto tiene un impacto en la democracia”, analizó.
Lea: Congreso ha entregado más de L100 millones en subvenciones a diputados entre 2022 y 2023
De acuerdo con el abogado y exintegrante de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, esta parálisis legislativa puede ser tomado como una estrategia de ganar tiempo para implosionar el tema del convenio de la misión.
A juicio del jurista si no se eligen fiscal general y al fiscal general adjunto del Ministerio Público, la misión internacional anticorrupción, que se planea instalar en el país, podría trabajar sin el apoyo del ente acusador, ya este es el encargado de la persecución penal.
“Ninguna misión -internacional anticorrupción- que venga con este mandato va a venir si no se tiene electo al fiscal general y fiscal general adjunto, porque es el aliado natural. Por lo tanto, sería un camino casi imposible de traspasar”, aseveró.
Navas dijo a Criterio.hn que el Congreso Nacional debe retomar las sesiones y apresurar la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz -uno de los requisitos establecidos en la primera fase del memorándum de entendimiento- y derogar los pactos de impunidad, que siguen pendientes.
De interés: En ocho meses el Congreso sólo sesionó 146 horas, pero erogó casi L52 millones mensuales
“ES INJUSTO QUE DIPUTADOS COBREN SUS SALARIOS SIN SESIONAR”
Pese a que las y los diputados no han sesionado por 47 días, siguen cobrando sus salarios y viáticos, aunque el Congreso Nacional no ha publicado el informe de gastos de septiembre, varios congresistas han expresado en medios de comunicación que han cobrado sus salarios.
Para el abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, es inaceptable que los congresistas que estén recibiendo el pago de su salario sin sesionar.
Según el portal de Transparencia del Congreso Nacional legisladores hondureños tienen salarios diferenciados, según su rango, por ejemplo, el presidente del Congreso Luis Redondo, es remunerado con 151,911.00 lempiras; los jefes de bancada con 110,862.00 lempiras; los diputados propietarios con 98,892.42 lempiras y los suplentes perciben 54,535.45 lempiras.
“La gente puede preguntarse, ¿qué pasa si yo no voy a trabajar? Pues me quitan el salario del día o simplemente me despiden cosa que no sucede en el Congreso, y me parece a mí que esta es una de las grandes debilidades de la democracia o de esta de este remedio de democracia que tenemos en el país”, cuestionó.
